Brasil contra Bolsonaro: claves de un juicio histórico por intento de golpe de Estado
El Tribunal Supremo condena, en un fallo inédito, al expresidente a 27 años por organizar una asonada junto a varios militares
El expresidente de Brasil Jair Messias Bolsonaro, de 70 años, ha sido condenado este jueves a 27 años (incluidos 24 años de cárcel) por intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El Tribunal Supremo resuelto por cuatro votos a uno este caso de trascendencia histórica. Cuatro jueces, incluido el instructor, Alexandre de Moares, han votado a favor de condenarlo y uno ha pedido la absolución con duras críticas a todo el proceso. El veredicto requería una mayoría de tres de los cinco jueces de la sala. Queda pobado que el ultraderechista encabezó una trama golpista para subvertir el resultado electoral y permanecer en el poder tras ser derrotado en los comicios de 2022. Nunca un expresidente brasileño o unos militares habían rendido cuentas ante la justicia por una asonada. Hasta ahora.
Los cargos imputados a Bolsonaro por cinco crímenes superan los 40 años de cárcel. Las deliberaciones son retransmitidas en directo por televisión, radio y YouTube.
Bolsonaro no ha acudido al Supremo. La semana pasada alegó problemas de salud para ausentarse. Su defensa había reclamado la absolución de su cliente por falta de pruebas. Salvo el miliar que confesó la trama, el resto de los juzgados se ha declarado inocente.
Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el juicio es “una caza de brujas” y en un intento explícito de presión, antes del juicio, castigó a Brasil con aranceles del 50% y a los jueces, con sanciones.
Estas son las claves del proceso:
Resultado
Bolsonaro ha sido condenado por 4 a 1. El voto decisivo ha sido el de la juez Carmen Lúcia Rocha. El instructor, Moraes, votó a favor de condenar a Bolsonaro y a los otros acusados por todos los delitos que se les imputan a cada uno. Cuatro de sus colegas se sumaron al grueso de su tesis. En cambio, un quinto togado, Luiz Fux, votó a favor de la absolución total de Bolsonaro y otros seis acusados, en una argumentación que duró 13 horas.
El principal acusado
Jair Bolsonaro, líder de la derecha brasileña, fue presidente (2019-2022), capitán del Ejército y diputado. No está obligado a comparecer. Sigue las vistas desde su chalet de Brasilia, donde está preso desde el 4 de agosto, cuando el juez decretó su prisión domiciliaria por saltarse medidas cautelares.
Ante el riesgo de fuga, el juez le retiró el pasaporte en febrero de 2024 y el pasado julio le colocó una tobillera electrónica. Patrullas de policía vigilan su casa después de que los investigadores descubrieran una carta para pedir asilo en Argentina. Tiene prohibido el contacto con autoridades extranjeras, acercarse a embajadas, hablar por teléfono y usar redes sociales.
El ultraderechista sufre problemas de salud, crisis gastrointestinales y de hipo. Ha pedido permiso para someterse a una intervención quirúrgica cutánea el domingo 14.
La acusación
Bolsonaro ha sido juzgado por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio del Gobierno y deterioro de patrimonio protegido. Suman una pena máxima de 43 años de cárcel.
La denuncia presentada en febrero pasado por la Fiscalía General sostiene que el expresidente dirigía “una organización criminal estructurada para impedir que el resultado de la voluntad popular expresado en las elecciones de 2022 fuese cumplido, implicando su continuidad en el poder sin el aval del sufragio universal”. Aquellos comicios los ganó Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente.
El complot culminó en el asalto de miles de bolsonaristas a las sedes del poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el 8 de enero de 2023. Ese día Bolsonaro estaba en EE UU.
Los golpistas, según la denuncia, contemplaron envenenar al presidente Lula, matar a su vicepresidente, Geraldo Alckmin y al juez instructor, Alexandre de Moraes.
Bolsonaro se ha declarado inocente de todos los cargos e insiste en que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”. En su declaración ante el tribunal, en junio, enfatizó que “sin líder, sin Fuerzas Armadas y sin apoyo financiero, no hay golpe”. Si admitió que mantuvo reuniones para analizar opciones de dar la vuelta al resultado electoral.
Otros imputados
Junto a Bolsonaro, han sido juzgados varios antiguos altos cargos de su Gobierno: el teniente coronel Mauro Cid (el que confesó la trama, era secretario personal del presidente), el general Walter Braga Netto (ministro de la Casa Civil y candidato a vicepresidente en 2022), el general Gustavo Heleno (ministro de Seguridad Institucional), el general Paulo Sérgio Nogueira (ministro de Defensa), el almirante Almir Garnier (comandante de la Marina), el comisario de policía Anderson Torres (ministro de Justicia) y el comisario Alexandre Ramagem (director del ABIN, la agencia de espionaje interno).
Braga Netto, el primer general de cuatro estrellas encarcelado en Brasil, está en prisión provisional desde hace meses en una cárcel castrense por obstruir las investigaciones.
Las pruebas
El pilar original de la denuncia el testimonio de su secretario, que aceptó colaborar a cambio de una pena menor. El teniente coronel intermedió en muchos contactos entre los imputados. Gracias a eso, la policía recopiló cientos de mensajes que detallan los preparativos de la trama. Y, según la Fiscalía, recabó pruebas propias que corroboraron la confesión, que los acusados han intentado anular.
La fiscalía acusa a Bolsonaro de sembrar dudas, a partir de 2021, sobre la seguridad del sistema de votación para contestar el resultado. Los investigadores hallaron un borrador de decreto para dar supuesto barniz legal a la anulación de los comicios. El documento con los planes de magnicidio fue impreso en un despacho de la Presidencia.
Y están las reuniones en las que Bolsonaro, según la fiscalía, presentó a los jefes de las Fuerzas Armadas un borrador de decreto con medidas de excepción y buscó su apoyo para subvertir el resultado electoral. Los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea se negaron. El primer le advirtió de que aquello era ilegal. Sostiene la fiscalía que el golpe fracasó porque la cúpula militar no se sumó.
Los jueces
Dictarán sentencia los cinco miembros de la primera sala del Supremo El otro gran protagonista es el instructor del caso, Moraes, que cerró temporalmente X en 2024 y encabeza una cruzada contra el populismo digital extremista. Él ha marcado el paso al tribunal durante todo el proceso judicial y, en general, sus colegas han secundado sus decisiones. La denuncia contra los ocho fue aceptada por unanimidad. Solo uno de los jueces, Luiz Fux, ha expuesto discrepancias con la dureza de las penas. Ha sido en casos relacionados con el asalto a Brasilia.
Moraes, abogado, fue ministro de Justicia; sus compañeros de tribunal son: Carmen Lúcia Rocha, la única mujer de la corte, también abogada; Fux, un veterano jurista; Cristiano Zanin, que fue el abogado personal de Lula (lo premió con el Supremo por sacarlo de prisión) y Flávio Dino, ministro de Justicia el día del asalto a Brasilia. Los dos últimos fueron designados por el presidente Lula. Bolsonaro intentó apartarlos del caso, pero el recurso fue rechazado.
El calendario
El Tribunal Supremo, primera y última instancia en este caso, ha ampliado las sesiones de esta semana de tres días a cuatro para deliberar y dictar sentencia. Serán 9, 10, 11 y 12 de septiembre, cuando esperan pactar las sentencias.
Las deliberaciones
El voto de los jueces empezó el martes 9 de septiembre. Moraes fue el primero en anunciar su voto particular. La decisión se toma por mayoría, esto es, tres votos de cinco. Establecida la inocencia o culpabilidad, los magistrados deliberarán sobre la pena. Algún juez podría pedir un aplazamiento de hasta 90 días para estudiar el caso más a fondo, aunque se considera muy improbable en este caso.
El Tribunal Supremo de Brasil es uno de los más transparentes del mundo. Como explica Rubens Glezer, profesor de derecho constitucional de la Fundación Getúlio Vargas, “las deliberaciones son televisadas en directo. El acceso del público a la sala está garantizado. Y, como los magistrados deliberan en público, los desacuerdos quedan todos expuestos en directo y tienen un altísimo grado de publicidad”. Las sesiones se retransmiten por el canal de YouTube de la corte además de Televisión y Radio Justicia.
Este proceso judicial ha sido mucho más rápido que la mayoría de los casos de la máxima corte. Los togados quieren dictar sentencia antes del año próximo. En octubre de 2026, los brasileños eligen presidente, gobernadores y el Congreso.
Apelación
La jurisprudencia del Supremo indica que, en caso de que dos de los magistrados discrepen de la mayoría, cabe recurso. Pero los especialistas advierten de que se da en casos muy excepcionales, atañe a detalles, y no suele cambiar el veredicto.
La relevancia
Además de la gravedad de los delitos y la importancia de los acusados, hay otros factores que contribuyen a la trascendencia del juicio, explica Glezer, profesor de derecho constitucional: “Este es un test de fuerza sobre la capacidad de los tribunales para conseguir castigar a esos líderes autoritarios que intentan dar golpes de Estado. En ese sentido, la relevancia trasciende Brasil. Es profundamente importante para América Latina, pero también para el mundo. Por eso, Trump ha intervenido tan explícitamente”.
La presión de Trump
El presidente Trump ha impuesto un arancel del 50% a todas las exportaciones de Brasil y sanciones económicas al juez Moraes y a varios de sus colegas de la máxima corte en intento explícito de presionar al tribunal que juzga a su aliado. “Este juicio no debería estar en marcha. ¡Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE!”, proclamó en un tuit en julio.
Los efectos
Aunque en 2023 fue inhabilitado en un caso distinto y no puede presentarse a las elecciones hasta 2030, Bolsonaro atesora un gran capital político. Lidera la oposición al presidente Lula. Pero la cuenta atrás para el veredicto ha acelerado la batalla por la sucesión dentro del clan familiar y la derecha. Tres gobernadores que suenan para 2026 ya le han prometido el indulto si ganaran. Mientras, el bolsonarismo maniobra para que el Congreso apruebe una amnistía para los condenados por el intento de golpe y el asalto a Brasilia. Más de 1.200 personas —autores materiales de la invasión— han sido juzgadas y castigadas a penas hasta de 17 años.
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