Las niñas de América Latina lograron que la ONU reconozca su derecho a ser niñas y no madres

Casi seis años de espera valieron la pena. Recientemente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió condenas históricas en contra de Ecuador y Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a ser madres. Esta es una victoria global para la lucha feminista por la autonomía reproductiva, especialmente para las niñas que han sobrevivido a la violencia sexual y es un poderoso ejemplo de cómo los movimientos progresistas en América Latina y el Sur Global están enfrentando las estructuras de misoginia arraigadas y alertando a todos los países de que el derecho internacional protege los derechos reproductivos como derechos humanos.

No es un tema menor. En América Latina, cinco de cada 100 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en 2021, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Esa edad está por debajo del límite de consentimiento legal en nuestros países. El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció la valentía de Norma, de Ecuador y Lucía y Susana, de Nicaragua. Ellas tenían entre 10 y 13 años cuando vivieron en carne propia el horror de la violencia sexual y se enfrentaron a embarazos no deseados producto de esas violaciones. Los agresores de las tres niñas eran hombres mayores, en posiciones de poder y autoridad —el padre, el abuelo materno y un sacerdote, respectivamente— que abusaron de la confianza de ellas y de sus familias.

Al enterarse de los embarazos, las tres niñas expresaron con voz propia que no querían ser madres y, a pesar de que las leyes en Ecuador permitían el aborto porque su vida y salud estaban en riesgo, el Estado se lo negó a Norma. Igual suerte corrieron Susana y Lucía en Nicaragua, un país cuya legislación prohíbe totalmente el aborto. Todas ellas fueron forzadas a llevar a término embarazos producto de la violación y obligadas a asumir una maternidad para la que no estaban preparadas. El Movimiento Son Niñas No Madres presentó sus casos ante la ONU en 2019.

Norma, Susana y Lucía sufrieron múltiples formas de violencia por parte de las instituciones que les fallaron y el personal médico que las atendió. Norma, por ejemplo, no pudo terminar su bachillerato y aunque quiso entregar al bebé en adopción, no le dieron información sobre cómo lograrlo. A Fátima la culparon de su violación y, como consecuencia, tuvo ideas suicidas. A Lucía la estigmatizaron en su comunidad por haber denunciado a su agresor, al que consideraban “un hombre de Dios”. Y Susana fue víctima de violencia obstétrica.

En contraste, frente al peso de tantas acusaciones y omisiones que la sociedad, funcionarios y personal de salud propinaron a estas valientes sobrevivientes, ninguno de los agresores ha sido condenado por estos hechos, uno de ellos incluso ya murió, y los casos siguen en completa impunidad. No es casualidad: el sistema falla, la impunidad reina y las niñas pagan el precio más alto. Todo eso, como lo reconoció el Comité, no se trató solo de negarles el derecho a decidir y a garantizarles el derecho a su vida privada. Fue también una violación de sus derechos a la vida y a la vida digna, a la información y a la igualdad. Acciones equivalentes a la tortura.

Para evitar que otras niñas tengan que renunciar a sus sueños para asumir maternidades forzadas, el Comité les ordenó a los Estados a reformar sus leyes para garantizar el acceso seguro, legal y efectivo al aborto, especialmente en casos en los que niñas y mujeres enfrenten sufrimiento, como aquellos derivados de una violación sexual o que representen un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. Y fue más allá al exigir acciones reales para eliminar todas las barreras que dificulten el acceso a servicios de salud integrales, incluido el aborto; y para prevenir y combatir la violencia sexual. Además, deben garantizar una reparación integral para las sobrevivientes, capacitar a profesionales de la salud y operadores de justicia en atención integral frente a casos de violencia sexual, y asegurar respuestas efectivas en situaciones en las que haya antecedentes de agresiones similares.

Para transformar esa alarmante realidad que vivimos en la región es urgente que no sólo los tres Estados condenados implementen lo ordenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sino que estas decisiones sean rodeadas por esfuerzos articulados en el nivel regional. Urge que todos los Estados entiendan que —como lo reconoció el Comité por primera vez—, la falta de acceso a un aborto constituye maternidades forzadas que vulneran el derecho a la vida digna, ya que afecta de forma particular los proyectos de vida personales, familiares, educativos y laborales de las niñas y mujeres. Estas decisiones no solo se convierten en una obligación para Ecuador y Nicaragua, sino para la mayoría de países de la región, pues son vinculantes para los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos alrededor del mundo, incluido Estados Unidos.

Este es un avance grandísimo, que fue posible gracias a la valentía de Norma, Susana y Lucía, y puede transformar la vida de las niñas en todo el mundo. Además son un contundente rechazo a la peligrosa agenda anti derechos promovida por políticos y gobernantes como Donald Trump, de Estados Unidos; Javier Milei, de Argentina, entre otros. Por eso, y como un primer paso para evitar que más niñas tengan que seguir sacrificando sus sueños, el Movimiento Son Niñas No Madres —del que hacen parte el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global y organizaciones nacionales como Surkuna, MTM y Promsex— celebra hoy este reconocimiento histórico de los derechos de las niñas.

Que quede claro: la lucha por los derechos reproductivos y la educación sexual integral no es un asunto ideológico, es una cuestión de humanidad y dignidad, y los Estados tienen la obligación de garantizarles protección especial a las niñas. Esto va más allá de números o estadísticas, estamos hablando de vidas, de sueños y de futuros que merecen ser vividos en libertad. La maternidad debe ser una elección y no una condena. Es momento de que como sociedad cumplamos con nuestro deber de proteger a las niñas y permitirles ser lo que son: niñas, no madres.