El Parlamento boliviano suspende a los magistrados de las altas cortes en una sesión declarada ilegal por el Constitucional

La mayoría de la Asamblea Legislativa boliviana aprobó una ley que suspende a los magistrados de todas las altas cortes judiciales de Bolivia. El pleno, en el que participaron 106 de los 130 parlamentarios que conforman la Asamblea, fue considerada ilegal por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por no haber sido convocada por el presidente nato del Parlamento, el vicepresidente David Choquehuanca, sino por el opositor presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Este mutuo desconocimiento entre los órganos Legislativo y Judicial ha llevado a su punto más alto el conflicto de poderes que ya tenía paralizada la aprobación de leyes desde febrero y que había impedido la realización de las elecciones judiciales programadas para 2023.

En esta batalla, el Gobierno de Luis Arce está alineado con el Poder Judicial, al que recurrió para intentar detener la sesión del 6 de junio. A ella no asistieron sus 24 parlamentarios. Además, los oficialistas cortaron la luz, ordenaron la fumigación del hemiciclo parlamentario el mismo día de la reunión, deshabilitaron los pases electrónicos de los parlamentarios opositores y amenazaron a Rodríguez con hacerlo detener. Este, por su parte, fundamentó su derecho a convocar a la plenaria en la ausencia de David Choquehuanca, que estaba supliendo a Luis Arce en la presidencia del país mientras este se encontraba en una visita oficial en Rusia. Las sustituciones de este tipo están establecidas en el reglamento de debates parlamentarios. El TCP falló que la convocatoria de Rodríguez implicaba “usurpación de funciones”. Al final, la sesión se realizó con la escasa luz del día que se colaba en el hemiciclo y con megáfonos para poder escuchar a los oradores.

Se espera que Arce no promulgue la ley de suspensión de los magistrados y otras dos normas aprobadas en esta sesión, pese a que estas son de interés para el Gobierno. En ese caso, se produciría un completo divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo y un conflicto institucional generalizado.

Lo sucedido ha sacado a la luz la existencia de un frente opositor ampliamente mayoritario entre los representantes que siguen al expresidente Evo Morales y los miembros de los partidos de centroderecha. El “arcismo” ha denunciado esta “alianza espuria” entre antiguos rivales. Para la oposición tradicional, solo se trata de un movimiento táctico. Un partido de esta corriente felicitó “la rebelión de la mayoría parlamentaria contra la dictadura judicial instrumentada por el Gobierno de Luis Arce”.

Andrónico Rodríguez había estado presionando sin éxito a Choquehuanca para que reuniera al pleno de la Asamblea. El asunto que pretendía debatir era particularmente sensible: la suspensión de los magistrados de los altos tribunales del país. Estos debieron haber sido sustituidos a fin del año pasado, pero se quedaron en sus puestos por orden del TCP. Por eso la oposición los llama “auto-prorrogados”.

El Constitucional resolvió de este modo la situación emergente de la suspensión de las elecciones judiciales previstas para 2023, que no se pudieron realizar por la falta de una clara mayoría parlamentaria y por las acciones del propio TCP, que declaró inconstitucionales dos intentos de la Asamblea Legislativa de convocarlas. Según el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que también fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia en los años 90, con estos fallos y con el de prórroga de sus propios miembros, el TCP “incumplió la norma ética y legal de no pronunciarse sobre temas que le signifiquen un conflicto de intereses”.

La ley que aprueba la suspensión de los magistrados también ilegaliza todos los actos que estos realizaron desde el 1 de enero hasta ahora. Una fuente de la oficina de Choquehuanca que quiso guardar el anonimato declaró a este periódico que “la anulación de las decenas de sentencias que ya se han aprobado durante la prórroga de los magistrados traería el caos. Eso es lo que quieren: causar caos para justificar un adelantamiento de las elecciones”.

El 26 de mayo, el presidente Arce pidió a las Fuerzas Armadas defenderlo del “golpe blando” que, según él, los opositores “de la vieja y nueva derecha” pretenden dar en contra de su Gobierno. Por otra parte, los defensores de la ley, como el constitucionalista Israel Quino, consideran que, aunque haya un costo por la anulación de los actos jurídicos de los magistrados después del cumplimiento de su periodo constitucional, vale la pena, “porque así el país vuelve al Estado de Derecho, que estaba conculcado”.

Elecciones paralizadas

Bolivia es el único país latinoamericano que forma sus altas cortes judiciales por medio del voto popular. Hasta ahora ha habido dos elecciones, en 2011 y 2017. En ambas ocasiones una fuerte mayoría parlamentaria oficialista viabilizó las convocatorias electorales, pese a la resistencia y crítica de diversos grupos políticos. Esto cambió en 2023 por la división del MAS. Con el desplazamiento de la facción del expresidente Evo Morales a la oposición contra Arce, este perdió el control del Parlamento y las elecciones judiciales se convirtieron en una oportunidad para que sus rivales postularan jueces cercanos a ellos a los tribunales Constitucional, Agro-ambiental, de Justicia, y en el Consejo de la Judicatura.

En ese momento comenzó una batalla legal con gran número de demandas judiciales en contra de las cámaras y de las comisiones parlamentarias para obstaculizar el transcurso del proceso de selección de candidatos y de convocatoria a la población a las urnas. Estas demandas continúan hasta ahora. En 2023, el hostigamiento judicial y las peleas parlamentarias impidieron las elecciones y sobrevino lallamada “auto-prórroga” de los magistrados.

La permanencia de las autoridades judiciales hasta que se encuentre finalmente la forma de convocar a las elecciones judiciales, lo que es poco probable que ocurra en esta legislatura, tiene implicaciones políticas muy importantes. Sin una pronta renovación del TCP, es imposible que se revea a tiempo una sentencia de este Tribunal que inhabilitó a Evo Morales para participar en las elecciones de 2025. Según el funcionario que consultamos, este es el móvil del “evismo” para lo que ha hecho, pese a que la sentencia de inhabilitación de Morales es previa a la prórroga. “Estamos sufriendo las consecuencias de la lucha del expresidente para volver al poder”, afirmó. Por otra parte, la permanencia de los magistrados también impide que se reconsidere la situación penal de Luis Fernando Camacho, líder de uno de los grupos de la mayoría parlamentaria, que está detenido desde fines de 2022 por su participación en el derrocamiento de Evo Morales en 2019.

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