Dos semanas de bloqueos propiciados por Evo Morales logran la convocatoria de elecciones judiciales en Bolivia

Los cortes de ruta que durante 15 días realizaron los campesinos que siguen al expresidente Evo Morales lograron que la Asamblea Legislativa de Bolivia, tras arribar a un acuerdo interpartidario, convocara, para junio, a las elecciones judiciales que estaban trabadas desde el año pasado. No consiguieron, en cambio, que los magistrados de todos los altos tribunales, cuyo mandato feneció en diciembre, pero fue prorrogado indefinidamente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sean sustituidos por otros jueces. Los bloqueos de caminos, que aislaron Cochabamba, el baluarte de Morales en el corazón del país, y que según el presidente Luis Arce le costaron 1.000 millones de dólares a la economía nacional, han sido suspendidos este miércoles.

La llegada del carnaval, que es una fiesta muy importante en el país, apresuró la resolución del conflicto, que puede volver a presentarse después de los feriados porque Morales insiste en que los actuales magistrados ejercen la prórroga de su mandato de manera inconstitucional. “Gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales… se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos [falsos] e ilegales se vayan a sus casas”, escribió el expresidente en X.

De por medio está la decisión del TCP de inhabilitar a Morales como candidato presidencial. La sentencia 1010/2023 de este Tribunal, el pasado 29 de diciembre, estableció que ningún boliviano puede aspirar a la primera magistratura más de dos veces, ya sea de manera continua o discontinua. Este fallo rompió la tradición del país, que permitía un número indefinido de elecciones discontinuas. Está hecha a la medida de Morales, que ocupó tres veces la presidencia del país (entre 2006 y 2019) y ya había anunciado su deseo de postular en 2025. Y es completamente contradictoria con otra sentencia del TCP de noviembre de 2017, cuando Morales era presidente y quería volver a serlo, que declaró la reelección un “derecho humano” y, por tanto, autorizó que se presente a una cuarta elección consecutiva. En ambos casos, los jueces no se basaron en la Constitución boliviana, sino en diversas interpretaciones del Pacto de San José sobre Derechos Humanos.

La sentencia que limita la reelección fue aprobada por dos magistrados del TCP que también son los autores de otros fallos que favorecieron al Gobierno en diferentes áreas y fueron emitidos en diciembre de 2023, poco antes de que el mandato original y constitucional de los magistrados acabara. Uno de estos fallos fue la prórroga indefinida de los magistrados, luego de que la Asamblea Legislativa fracasara en su deber de convocar a las elecciones judiciales en 2023. Este fracaso se debió, en parte, a la fragmentación que causó la división del Movimiento al Socialismo (MAS) en dos bloques parlamentarios, uno a favor del presidente Arce y otro de Morales, y en parte a la actuación del TCP, que declaró inconstitucionales varias iniciativas del Legislativo para realizar las elecciones judiciales. La oposición, incluyendo el “evismo”, acusa al Gobierno de haber actuado en conjunto con el TCP para impedir el llamado a las urnas. Opinan que Arce quiere mantener el Poder Judicial en estatus quo el mayor tiempo posible, porque supuestamente este responde a las órdenes del oficialismo.

“Nosotros hemos demostrado que queremos que las cosas se hagan bien, se respete la Constitución y todos hemos aprobado esta nueva ley. Los bloqueos de caminos fueron innecesarios”, discursó el presidente en el acto de promulgación de la ley de convocatoria. Afirmó que detrás del conflicto había “intereses particulares”. Su Gobierno cree que Morales busca desestabilizar el sistema judicial actual, así como renovarlo lo más pronto posible, para encontrar la forma de que se desestime la sentencia constitucional que le afecta.

Bolivia es la única nación latinoamericana en la que el pueblo elige directamente a las altas cortes judiciales. Antes de la votación popular, la Asamblea Legislativa debe elaborar la lista de candidatos con dos tercios de los votos. Como actualmente se encuentra dividida en tres bloques relativamente equivalentes, el “arcista”, el “evista” y la oposición tradicional, cualquiera de ellos podría impedir que se alcance la suma de votos necesaria para los comicios de junio. Así que la selección de los candidatos requerirá de negociaciones y acuerdos a los que el Parlamento no está acostumbrado desde 2006, cuando irrumpieron en él, con la fuerza de un turbión, los diputados y senadores indígenas y populares del MAS. La realización efectiva de las elecciones todavía depende de que se cumpla este difícil trámite.

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