Guerra total entre antiguos aliados: los cortes de carretera liderados por Evo Morales en Bolivia asfixian al Gobierno de Luis Arce

Hace 11 días que la principal carretera de Bolivia, que comunica la capital administrativa, La Paz, con la próspera Santa Cruz de la Sierra, está cortada por campesinos seguidores del expresidente Evo Morales. También hay cortes, menos significativos, en otras vías del país. La protesta ha causado escasez de combustibles, alza de precios y pérdidas económicas calculadas en 600 millones de dólares. Ha puesto contra las cuerdas al presidente Luis Arce, antes considerado “hermano Lucho” y hoy un “traidor” para el movimiento que conduce Morales. El Gobierno no ha querido reprimir los cortes de caminos, que considera “parte de la cultura” política del país. Confía en que se disolverán por sí mismos cuando se acerque el carnaval, que es una festividad muy importante para los bolivianos. Las demandas están relacionadas con la inhabilitación del expresidente para la candidatura en 2025 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la institución contra la que los manifestantes se estrellan.

En los últimos días, los campesinos “evistas” han querido “radicalizar”, es decir, incrementar la cantidad de cortes para subir la presión sobre las autoridades, que, por su parte, han denunciado que la mayoría de los puntos de bloqueo fueron establecidos por cultivadores cocaleros “acarreados” por sus dirigentes desde el Chapare, la zona cocalera de Cochabamba y bastión de Morales. Según el Gobierno, la fuerza de este ha quedado reducida a la misma que tenía en los años noventa, cuando era el líder de la coca y aún no había formado el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Estamos cansados de la justicia boliviana, que solo hace trampas”, declaró a la televisión uno de los manifestantes. El camino que se veía junto a él estaba lleno de pedruscos lanzados los días anteriores para impedir el tránsito de vehículos. En otros lugares, acciones como esta, de taponear las vías con rocas, son consideradas delitos, pero en Bolivia no. Por lo menos, hasta ahora. En medio del actual conflicto, el gremio empresarial presentó un proyecto de ley para sancionar con cárcel los cortes de ruta, pues impiden el traslado de mercancías y causan graves pérdidas a los productores y comerciantes. Simultáneamente, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, declaró que “los bloqueos de caminos son, casi, una parte de la cultura de Bolivia. El problema es por qué se bloquea. Si es contra una dictadura, por ejemplo, el pueblo tiene todo el derecho de bloquear, pero si se trata de un asunto personal, como la inhabilitación [de Evo Morales], está mal”.

Los manifestantes exigen la renuncia de todos los tribunales judiciales del país, comenzado por el TCP. Para el Gobierno, lo que en verdad buscan es un modo de anular la sentencia constitucional 1010/2023, aprobada en diciembre del año pasado, que prohíbe que un presidente gobierne más de dos veces, sea de forma continua o discontinua. Esta cláusula sacó del juego electoral a Morales, quien ya ha ocupado tres veces el poder.

El pedido de renuncia general de los altos tribunales se basa en que los mandatos de sus miembros terminaron constitucionalmente el 31 de diciembre de 2023. Poco antes de esta fecha, el TCP aprobó la sentencia que inhabilita a Morales y sacó otros veredictos que benefician al Gobierno; por último, ordenó su propia prórroga y la de las demás cortes, hasta que el Parlamento consiga organizar las elecciones judiciales.

Estas debían realizarse en 2023, pero la Asamblea Legislativa fue incapaz de convocarlas. Los “evistas” creen que la continuidad de los magistrados es ilegal y ha sido el precio que estos han cobrado a cambio de inhabilitar a Morales.

Al calor de los cortes de ruta, una comisión legislativa multipartidaria, en la que el oficialismo entró a regañadientes, comenzó a debatir una ley de consenso para realizar las elecciones cuanto antes. En ese punto, el TCP obstaculizó el esfuerzo multipartidario con un fallo que ordena a los legisladores que no consideren esta ley sin aceptar primero la prórroga de los mandatos judiciales. Como la cuestión de aceptar o no esta prórroga separa irreconciliablemente a los partidos que estaban buscando una solución al conflicto, la misma ha quedado comprometida. La oposición considera esta acción una maniobra prorroguista del TCP. No sería la primera. Desoyendo el precepto de que un juez no debe fallar en asuntos que puedan afectarlo, el TCP boliviano ha detenido con una seguidilla de dictámenes de inconstitucionalidad las diferentes medidas adoptadas por el Legislativo para concretar las elecciones judiciales. La oposición cree que, en realidad, ha actuado para impedirlas. Y que lo ha ayudado el Gobierno, interesado en conservar la influencia de Arce sobre la justicia.

Tras la última medida del TCP, estallaron fuertes recriminaciones contra “la dictadura del Tribunal Constitucional” y su intento de someter al Parlamento a su voluntad. “Han sobrepasado todo límite de legalidad, ética y racionalidad” escribió el expresidente y líder opositor Carlos Mesa en X. “Empeñados en mantener sus cargos de facto y violando la Constitución y las leyes, pretenden anular la facultad legislativa de la Asamblea. No podemos permitir esta aberración, inédita en la historia, que pone en serio riesgo al sistema democrático”, posteó.

Bolivia ha tenido elecciones judiciales cada seis años desde la aprobación de su nueva Constitución en 2009. Es el único país de la región que elige a sus altos magistrados de esta manera. Los comicios que estaban programados para el año pasado quedaron cancelados porque la Asamblea Legislativa no contó con la mayoría que necesitaba, dos tercios de los votos, para aprobar la convocatoria. Esta mayoría se hizo inalcanzable por la división del MAS, otrora hegemónico, en dos alas, una bajo Morales y otra detrás de Arce. La oposición, incluyendo el “evismo”, se ha aliado en diversas iniciativas para, pese a esto, lograr convocar a las elecciones, pero no ha podido superar la resistencia del oficialismo en el Parlamento y la de los propios magistrados, que tienen el control de constitucionalidad del país.

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