El Tribunal Constitucional de Bolivia anula la reelección indefinida e inhabilita a Evo Morales para 2025

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), acogiendo una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre la materia, suspendió este viernes la reelección indefinida en el país con un fallo que inhabilita la candidatura del expresidente Evo Morales en las elecciones de 2025.

La Sentencia Constitucional 1010/2023, aprobada por el TCP este 29 de diciembre, establece que la reelección “no es un derecho humano” y, por tanto, puede ser restringido legalmente. Así anula una sentencia previa, aprobada por este mismo tribunal en 2017, que decía lo contrario. Este último fallo permitió que Morales se presentara a su tercera reelección y generó un movimiento de repulsa ciudadana que terminó en el derrocamiento del presidente boliviano en 2019, tras las elecciones que este ganó ese año y que posteriormente se anularon por acusaciones de fraude.

El TCP también ha señalado que “el presidente y el vicepresidente en Bolivia solo pueden ejercer su mandato por dos periodos continuos o discontinuos”. Esta cláusula significa la inhabilitación de Morales para cualquier elección futura, porque el político ya ha gobernado en tres periodos: 2006-2009; 2009-2014 y 2014-2019. Además, implica un cambio en la Constitución, que solamente prohíbe más de dos mandatos continuos y en ninguna parte restringe o se refiere siquiera a las reelecciones discontinuas. Según el jurista Farit Rojas, se trata de una “sobreinterpretación” de la Constitución por parte del TCP. Rojas recordó que, en la historia política boliviana, la reelección discontinua siempre ha estado permitida. Se trataría, por tanto, según este experto, en una innovación que no se apoya en la letra de la Ley Fundamental de Bolivia.

Evo Morales se halla enzarzado en un enfrentamiento total con el Gobierno del presidente Luis Arce, que en los últimos años pasó de ser su delfín a convertirse en su “peor enemigo”, tal como lo describió el propio expresidente. Morales ya se proclamó candidato para 2025 y actualmente lucha contra el oficialismo y el Tribunal Electoral por conservar en sus manos el partido que fundó, el Movimiento al Socialismo (MAS). El expresidente denunció reiteradamente que Arce y su ministro de Justicia, Iván Lima, tenían la intención de inhabilitarlo para las próximas elecciones. También anunció que, a cambio de esta inhabilitación, el Ejecutivo apoyaría al Tribunal Constitucional en la prórroga de sus funciones y del mandato del resto de las autoridades judiciales. Los magistrados debían abandonar sus funciones este 31 de diciembre, pero las elecciones judiciales que estaban programadas para este año no se han convocado. La “auto-prórroga” se consumó el 12 de diciembre. Entonces, la oposición denunció que el TCP y los demás tribunales de justicia actuaron en coordinación con el ministro Lima para sabotear las elecciones judiciales y lograr que las actuales autoridades se quedaran en sus puestos por tiempo indefinido. En todo caso, para evitar mayores cuestionamientos, la sentencia sobre la reelección se ha aprobado dentro del tiempo de funciones originario del TCP; por esto, este organismo debió reunirse en medio del tradicional receso por las fiestas de fin de año.

Al mismo tiempo que restringió la reelección para presidente, vicepresidente, senadores y diputados, el TCP amplió este beneficio para los magistrados judiciales, incluidos los propios miembros del Constitucional, al autorizar que estos opten por una reelección en un tribunal distinto a aquel en el que ocupan un puesto. Anteriormente, la reelección de los magistrados estaba prohibida de forma absoluta.

Algunos portavoces de la oposición han celebrado la restricción del TCP a la reelección y la inhabilitación de Morales como un logro de la lucha democrática del pueblo boliviano en contra del continuismo de Morales. “Evo: tenías 3 mandatos, usaste 2, nos debes 1, no MAS, nunca más”, escribió en X (antes Twitter) el expresidente derechista Jorge Quiroga. También Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, actualmente en prisión por una acusación sobre su papel en el derrocamiento de Morales, expresó a través de un comunicado que “con este fallo del TCP, los bolivianos nos aseguramos de que nunca más aparezca un aprendiz de tirano que pisotee el voto, desconozca un referendo, haga fraude, con la sola intención de perpetuarse en el poder”. Este apoyo a la decisión del TCP no considera que, sin Morales en la carrera electoral, se incrementan las perspectivas de que Arce logre movilizar el voto de la mayor parte de la izquierda boliviana, y con ello, simultáneamente, disminuyan las opciones de otras corrientes políticas.