Los ‘alacranes’, la oposición acusada de colaborar con el chavismo en Venezuela, también lanza una candidatura única

La oposición acusada de favorecer al chavismo para perjudicar a los antichavistas más ortodoxos ha dejado ver, en la carrera por las presidenciales del 28 de julio, su papel más instrumental. Llenaron gran parte de las casillas de aspirantes a presidente, un número que le ha valido a Nicolás Maduro para argumentar, cuando se han cuestionado las garantías democráticas en Venezuela, que hay libre competencia y opciones más allá de su continuidad y de sus principales adversarios. Ahora también han cerrado filas y han concretado alianzas que vislumbran que el chavismo no está agotando las negociaciones en el ciclo electoral que tendrá un desenlace en apenas tres meses; sino que también está pensando en las parlamentarias y las regionales que siguen en los próximos años.

Esta semana, mientras los partidos que apoyan la candidatura de Edmundo González Urrutia bregaban para poder registrar sus apoyos en el Consejo Nacional Electoral, al menos dos candidatos de ese grupo que ha pactado un espacio para cohabitar bajo las reglas del chavismo, modificaron sin mayores trabas sus apoyos hacia un candidato unitario que pueda morder votos a la oposición que adversa a Maduro con el capital político de María Corina Machado que, aún impedida de competir, lidera por mucho las preferencias del electorado. Juan Carlos Alvarado y Luis Ratti formalizaron el retiro de sus candidaturas presidenciales en favor de Luis Eduardo Martínez, de la Acción Democrática intervenida judicialmente, el mejor ubicado en las encuestas entre los peores ubicados y quien ha declarado ser el único candidato al cual Nicolás Maduro le entregaría el poder si lo derrota.

A los movimientos entre partidos, se suman intervenciones sorpresivas de la Contraloría, que ha dictado este miércoles nuevas inhabilitaciones por 15 años contra liderazgos opositores regionales como Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera —de Primero Justicia— y los alcaldes en ejercicio Elías Sayeh y Josy Fernández —apartados de Fuerza Vecinal—, potenciales candidatos a las parlamentarias y regionales de 2025 y 2026. Esta semana, además, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que se esperaba hace más de tres años en la cual establece que, en lo sucesivo, Primero Justicia, una de las organizaciones más importantes de la oposición venezolana —fundada por Julio Borges, Henrique Capriles Radonski y Ocariz en el año 2000—, será controlada por la corriente de José Brito, conocido disidente que se convirtió en un esclarecido enemigo de la dirección de ese partido y que también se ha inscrito como candidato presidencial con una promesa de campaña l que ha llamado Plan B.

Brito, quien ha declarado que hará valer la decisión legal con todas sus letras, fue expulsado de Primero Justicia en 2019, acusado de elaborar pactos secretos con el chavismo como diputado para aligerar algunos expedientes de corrupción al empresario Alex Saab, hoy parte del Gobierno, en algunas instancias europeas. El dirigente negó las acusaciones con vehemencia, inició el conflicto judicial con su partido y fundó Primero Venezuela, encabezando a posteriori una corrida de dirigentes opositores, particularmente de Primero Justicia y Voluntad Popular —como el ex preso político Daniel Ceballos, también inscrito como candidato—, que rompieron con la línea oficial de estas organizaciones y la orientación general de la Plataforma Unitaria.

Los desprendimientos han dado lugar a estas organizaciones opositoras ad hoc, clonadas de las originales, que son las que el chavismo reconoce, tienen una pequeña presencia legislativa y cierto oxígeno institucional, en una maniobra que contribuye a generar confusión entre los electores. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, incluso los ha defendido como “la segunda fuerza política en el país”, aunque los resultados electorales de los últimos años no respaldan esa tesis. Han sido juzgados con dureza por la opinión pública, y llamados de forma genérica alacranes.

Los candidatos de este espectro de la política venezolana tienden a presentarse como una opción de reencuentro, la única ranura existente para que la nación trascienda la conflictividad chavista sin traumas. No se refieren a las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos años en el país como las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas. Suelen criticar sin cuartel “el extremismo” opositor, y sus desafueros en la lucha por reconquistar la democracia, pero tienen un talante bastante más apacible con el Palacio de Miraflores y sus casos más conocidos de corrupción.

“Los alacranes como concepto son el perfil opositor que le gustaría tener a Maduro y su nomenclatura, uno que pueda controlar y le permite mantener un simulacro de democracia”, afirma la politóloga Carmen Beatriz Fernández, especialista en comunicación política, quien encuentra similitudes en la estrategia del chavismo con la de los llamados zancudos: los candidatos que se salvaron de la cárcel y el exilio en la Nicaragua de Daniel Ortega y aceptaron ser actores de reparto en elecciones en las que no se eligió nada. “El PSUV se ha propuesto construir una nueva legitimidad, que sirva para los fines internos, mantenerse en el poder y ganar la elección sin margen de incertidumbre”, agrega el consultor en opinión pública Piero Trepiccione. En 2024, el chavismo busca un desenlace electoral en el que pueda ganar aún con entre 12 y 15% de aprobación que le dan a Maduro la mayoría de las encuestas. Pero no solo es ganar, sino lograr una legitimidad que le mantener cuotas de poder en el Parlamento y en gobernaciones y alcaldías, reconectarse con el mundo y recomponer la lastrada economía. En esos terrenos también se negocia.

Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.