El territorio guaraní que conquistó la autonomía indígena para proteger mejor el medio ambiente

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“Mire, usted se da cuenta, no hay chaco grande alrededor. Es puro monte. Quiere decir que hacemos miel de primera”. De camino a su apiario, Eliberto Vasquez señala los diferentes árboles de donde sus abejas sacan la miel: el palo cuchi y el algarrobo. A pocos kilómetros al este de su comunidad, Taputami, se puede ver la serranía del Aguaragüe, la estribación más oriental de los Andes, y al oeste la inmensa llanura seca del Gran Chaco Americano, una ecorregión de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida entre Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

“De agosto a abril, es temporada de miel y, dependiendo de la floración, podemos hacer dos o tres cosechas”, explica el apicultor, mientras prepara el ahumador. Hace siete años, recibió, a través del gobierno autónomo indígena guaraní de Charagua Iyambae, unas colmenas y núcleos de abejas para empezar a producir miel. Hoy tiene 18 colmenas, y espera llegar a 25 a fin de año. Desde 2021, es socio de la asociación local de productores Eirenda. El emprendimiento ha sido posible porque es una actividad respetuosa del bosque, ya que Eliberto Vasquez vive dentro de un área protegida. La serranía Aguaragüe es una zona de recarga hídrica que abastece a más de 40 comunidades y que la población local denominó Área de Manejo del Agua Irenda.

Decisiones como esas se tomaron después de que, en 2017, pasaran de ser un municipio clásico a un gobierno autónomo indígena, una figura reconocida en la Constitución boliviana de 2009, lo que significó muchos cambios en la gobernanza del territorio. “Anteriormente, el alcalde y sus concejales decidían allí, en la mesa. Ahora, las asambleas tienen poder de decisión”, cuenta Eliberto Vasquez. Si bien Charagua también cuenta con una asamblea deliberativa, un órgano legislativo y un ejecutivo, estos sirven sobre todo para oficializar las decisiones de las asambleas comunitarias. “Quizás de alguna manera los mecanismos son un poquito más largos en el tema de lograr la ejecución de mandatos, reflexiona José Ávila, director de áreas protegidas de Charagua Iyambae, pero lo importante en todo esto es que viene desde la gente, desde su deseo, su visión de cómo quieren vivir”.

Y entre esas decisiones de cómo vivir, la comunidad ha decidido priorizar la conservación del medio ambiente: en la actualidad cuentan con seis áreas protegidas, más del 75% de los 71.000 kilómetros cuadrados del gobierno autónomo indígena de Charagua Iyambae, que cuenta con menos de 40.000 habitantes.

La voluntad del pueblo guaraní de proteger y gestionar su territorio, sin embargo, no empezó con el paso a un gobierno autónomo indígena. La Asamblea del Pueblo Guaraní ya había creado dos parques nacionales en 1995 y 1997: el Parque nacional y área natural de manejo integrado Kaa Iya del Gran Chaco y el Parque nacional y área natural de manejo integrado Otuquis. “El parque nacional Kaa Iya fue creado por el pueblo guaraní en respuesta al avance de la frontera agrícola fomentado por el gobierno en los años 90”, indica Ávila. A ellas se sumaron, a partir de 2019, otras cuatro y cada una con un propósito. Por ejemplo, el área de Vida del Guajukaka se enfoca en proteger el guanaco del Chaco, un camélido en peligro de extinción en Bolivia.

El equilibrio entre conservar y mejorar las condiciones de vida

Dentro de las áreas protegidas, se intenta encontrar un equilibrio entre la conservación del territorio y la mejora de las condiciones de vida de la población. “En algunas de las reuniones, nos decían: ‘Vienen un montón de instituciones a decirnos que conservemos el bosque, el aire y el agua. Es importante, pero también tenemos hambre, y tenemos necesidades”, cuenta Milton Huayrana, responsable local de la Fundación Natura Bolivia, una ONG que ha participado en la creación de tres de las áreas protegidas locales y desarrolla proyectos sostenibles en estas zonas. “Más antes, el manejo de nuestra asociación de productores de miel no era muy bueno, recuerda Eliberto Vasquez, pero hemos recibido capacitación en administración, en el tema de cuentas y ahora está mejor”. Los apicultores también asistieron a talleres para aprender a transformar la miel en productos derivados como jabón o cremas.

En las cercanías del río Parapetí, uno de los más importantes de Charagua Iyambae, se intenta encontrar este mismo equilibrio. Allí, se creó el año pasado el área de Manejo Integral y Conectividad del Río Parapetí y Bañados del Isoso – Yande Yari. En una tarde de domingo reciente, las orillas están repletas de familias intentando evadirse de los 36 grados centígrados jugando y nadando en el río. Media docena de caballos vienen a beber y unos chanchos se meten al agua. Un grupo de guardianes comunitarios está trabajando en la zona. “Estamos censando los cupesi [algarrobos] situados a menos de un kilómetro de cada lado del Parapetí, detalla Juan Osberto Terceros Mercado. ”El fruto es alimento tanto para el ganado como para el humano. Entonces es muy útil este árbol y por eso es que nosotros lo protegemos”. El censo permitirá a las comunidades estimar qué cantidad de harina de cupesi podrán transformar y vender gracias a la pequeña fábrica que está siendo construida.

Para facilitar la gestión de las áreas protegidas, el gobierno autónomo indígena de Charagua Iyambae adoptó el año pasado su propia ley de áreas protegidas, elaborada en 2020. “Nos da mayor posibilidad de realizar la gestión desde los saberes ancestrales, con una mayor participación social y con mecanismos que se adaptan a nuestra realidad”, aclara José Ávila. En Bolivia no existe una ley de gestión de áreas protegidas, solamente un decreto supremo.

Incluso con esta ley adoptada, quedan muchos temas pendientes: los planes de gestión de las diferentes áreas protegidas y el financiamiento. “El 1,5% del presupuesto que nos llega del gobierno, con la coparticipación tributaria, está destinado a la dirección de áreas protegidas, indica José Ávila, pero no es suficiente. Entonces venimos identificando qué tipo de mecanismos financieros existen”. Uno de estos mecanismos son los créditos de carbono, que solo están permitidos desde 2024 en Bolivia, debido a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró inconstitucional la ley que determinaba la “no mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra”. Pero “no solo nos vamos a dedicar a lo que es créditos de carbono, sino en una diversidad de mecanismos de financiamiento que vayan a contribuir en la gestión de áreas protegidas”, dice Ávila.

Estos recursos serán indispensables para seguir desarrollando proyectos productivos y respetuosos del medio ambiente. Sin embargo, el director de áreas protegidas de Charagua Iyambae lamenta que todavía no se respetan las decisiones de conservación su territorio: “Se anteponen los intereses empresariales, productivos y hasta el mismo Gobierno incurre en esta falta de respeto hasta el pueblo guaraní”. Uno de los ejemplos más recientes es el proyecto de la gobernación del departamento de Santa Cruz de crear una ruta internacional hasta Paraguay. Un proyecto que fragmentaría el área protegida Ñembi Guazu, “un territorio ancestral protegido por ley y habitado por nuestros hermanos ayoreos en aislamiento voluntario”, alerta el gobierno autónomo indígena de Charagua Iyambae. “Tenemos que seguir dando esta lucha para mantener nuestros recursos naturales, para nuestros nietos, bisnietos, y toda la generación que viene por detrás”, concluye Ávila.