La austeridad y la anticorrupción, centro de las propuestas económicas de Rodolfo Hernández

Colombia conoce desde hace poco las propuestas del candidato Rodolfo Hernández, un fenómeno electoral en la primera vuelta presidencial cuyo programa no había recibido mucho escrutinio. Eso, hasta que su candidatura se volvió una opción real. Si gana, enfrentará una economía amenazada por la inflación global, el déficit fiscal nacional, los efectos de la guerra en Ucrania y la urgencia de responder a las demandas sociales que exigen mayor igualdad. El programa económico de Hernández hasta ahora es “escueto”, como lo define José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Pero se sabe que el candidato propone dos grandes ejes para enfrentar las crisis: la austeridad y la anticorrupción. Si su contrincante Gustavo Petro habla de un Estado que gastará mucho más, Hernández promete uno que gastará mucho menos pero que lo hará eficazmente.

“Donde nadie roba, la plata alcanza”, dice Hernández en uno de sus eslóganes. El candidato ha hecho de su discurso anticorrupción un eje central de la campaña, insistiendo que para sanear el presupuesto hay que empezar por evitar el robo de recursos. Este no es un problema menor en Colombia: Hernández repite que quiere recuperar los 50 billones de pesos del presupuesto anual que se lleva la corrupción, más de lo que gasta el gobierno en educación o en salud. Aunque esa es una cifra difícil de corroborar –la corrupción no se deja medir, porque es ilegal– no hay duda entre los académicos de que es un problema alarmante.

Para acabar con el desfalco, Hernández propone algunas medidas de vigilancia, como crear un fondo de recompensa. “Pagaremos el 20% de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos”. También otras que tienen que ver con reformas a la Fiscalía o la Contraloría, para fortalecer a los órganos de control. “Transformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo, en una acción tan profunda que incluya una reforma constitucional”, dice Hernández. Aunque no ha puntualizado cómo serían dichas reformas, el gran reto al que se enfrentaría es que actualmente no tiene una bancada en el legislativo para poder aprobarlas.

“Cualquiera de los candidatos necesitaría lograr un consenso en el Congreso, donde ningún bloque individual tiene más de una quinta parte de los escaños en ninguna de las cámaras”, explica un reporte de la empresa calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings. “La Liga de Gobernantes Anticorrupción de Hernández prácticamente no tiene representación en el Congreso”, señala el reporte, que menciona también la incertidumbre que genera el candidato.

Del otro lado está la austeridad. Hernández es reconocido porque, cuando fue alcalde de Bucaramanga, logró sanear el enorme déficit de la ciudad que encontró cuando empezó su cargo, y dejó un superávit cuando terminó su mandato. Para tener un gobierno nacional más austero y ahorrador, ha hablado de cerrar embajadas, fusionar al Ministerio de Cultura con el de Medio Ambiente, o acabar con otros puestos del Estado que considere gastos innecesarios. No es claro, sin embargo, que esto traiga tantos beneficios presupuestales y sí podría llevar a grandes costos sociales.

“Propuestas como la reducción de las embajadas, me parece que no tienen gran efecto en ahorrarnos una cantidad de plata, pero sí un costo importante para Colombia en términos de presencia internacional y de relaciones bilaterales”, explicó al diario El Tiempo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. En cuanto a la fusión de Ministerios –algo que ya hizo el expresidente Álvaro Uribe durante su mandato, cuando fusionó los Ministerios de Medio Ambiente y Vivienda– la exdirectora de Parques Nacionales Julia Miranda ha advertido de que estas fusiones pueden tener consecuencias adversas.

“Una de las consecuencias de esta decisión fue la reducción de la importancia del tema ambiental, pues pasó a quedar a cargo de uno de los viceministerios y no en cabeza del ministro”, explicó Miranda en redes sobre la experiencia en el Gobierno de Uribe. Y añadió: “El propósito central de las fusiones de los ministerios fue generar ahorro fiscal. Evaluadas desde la perspectiva de la reducción del gasto, las fusiones no cumplieron su cometido”.

La austeridad implica usualmente menos intervención estatal, como la que promete el programa de Petro, y eso se refleja también en la visión que Hernández tiene frente al empleo. El candidato ha hablado de fortalecer la educación técnica para mejorar las opciones laborales de los jóvenes, y de otorgar el 50% de los cargos públicos del Estado a las mujeres. Pero su visión general no es que el sector público, sino el privado, sea el gran motor de la economía. Como se lo explicó un exasesor de Hernández al portal independiente La Silla Vacía, el candidato “es un tipo que cree en el mercado, que no es amigo de la regulación excesiva, que considera que en el capitalismo tiene que haber ganadores y perdedores y el privado debe asumir el riesgo”.

Hay un tercer punto crucial en el programa de Hernández para fortalecer el presupuesto: los impuestos. Al igual que Petro, y coherente al discurso anticorrupción, Hernández se ha comprometido a combatir la elusión y evasión fiscal. Pero a diferencia de Petro, no ha hablado de hacer una reforma tributaria estructural, un punto delicado en el debate colombiano. Si bien los economistas concuerdan con que una reforma tributaria es necesaria, porque el país vive un déficit fiscal no visto en los últimos tiempos, el Gobierno de Iván Duque tuvo que retirar la suya después de la insatisfacción generalizada que generó su propuesta.

La propuesta de Hernández en impuestos va sobre todo en dos vías: el IVA y el Estatuto Tributario Territorial. Hernández promete bajar el IVA del 19% – un impuesto sobre la venta, importación de bienes o prestación de servicios– a lo que llama un “IVA no descontable” que sería del 10%. Aunque esto suena inicialmente como una salida rápida para bajar el precio de los bienes, en realidad puede terminar encareciendo los productos más que bajar su costo, si bien podría aumentar el recaudo.

“El problema es que el IVA es deducible mientras el impuesto de consumo que propone Hernández no lo es”, explica a El PAÍS Sergio Guzmán, director del centro Colombia Risk Analysis. “Eso es algo que varios economistas le han recriminado, porque en lugar de reducir impuestos, lo que eso generaría es un impuesto adicional: mayores costos para los consumidores, reflejados ya en toda la cadena de valores, donde cada bien sería grabado con el 10% no deducible”.

Un informe del Observatorio Fiscal en la Universidad Javeriana concuerda con que el efecto final sería subir los impuestos que pagan los consumidores: al final, equivaldría a subir el IVA del 19% al 24%, si bien lograría aumentar el recaudo en 17 billones de pesos. Añaden que, adicionalmente, esta medida “desincentivaría actividades productivas complejas, aumentaría la evasión y dejaría a la industria nacional en desventaja frente a las importaciones”.

En tributos, otra gran propuesta de Hernández tiene que ver con un Estatuto Tributario Territorial para aumentar los ingresos territoriales de los municipios, actualizar el catastro de los predios del país, y categorizar nuevamente los municipios para que haya una mejor distribución de recursos entre estos. Una medida como la del actualizar el catastro –punto en común que tiene con el programa de Petro– sería fundamental para que haya un adecuado recaudo tributario sobre el uso de la tierra.

Como lo explicó a EL PAÍS Diego Dorado, exsubdirector del Departamento Nacional de Planeación, cuando Hernández habla de descentralización de los recursos demuestra que tiene conciencia de los retos que tienen los pequeños municipios para definir su propio desarrollo. Hernández sabe responder a un “clamor más frecuente en los 1.1000 mandatarios locales”, dice Dorado. Y esto es consecuente con la experiencia de Hernández como exalcalde de Bucaramanga, una ciudad intermedia con menos recursos que una como Bogotá.

Hay otro punto interesante en común que tienen Petro y Hernández en materia económica: el proteccionismo en la economía frente al mercado internacional, la sustitución de importaciones, sobre todo en la economía agrícola. “En términos de comercio internacional, los dos candidatos tienen una visión proteccionista, donde prima el papel de los aranceles dirigidos a bienes e insumos de los sectores que se elija proteger, como una postura de revisión de los acuerdos comerciales, cuando lo consideren necesario, para promover ciertos sectores”, explicó a El País Juana Téllez, economista jefe del BBVA Research para Colombia.

Carolina Quevedo, decana en la facultad de economía de la Universidad Externado, explicó a El PAÍS que Hernández ha propuesto aumentar la producción agrícola, cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz [en temas agrícolas, por ejemplo], y renegociar los tratados de libre comercio, pero “no ha especificado aún ninguno de esos tres elementos”.

Una vez más, cuando se trata de evaluar las propuestas económicas de Hernández, hay aún mucha incertidumbre. Como lo dijo en el podcast A Fondo el economista de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo –que ha mirado con cuidado los programas de los candidatos– Rodolfo Hernández “unas veces dice una cosa, otras veces dice otra cosa”. Y ante esa confusión, “el problema general de Rodolfo Fernández es que el país no conoce cuáles son sus propuestas de forma integral”, añadió Ocampo. Y si Hernández no accede a debatir, también es difícil preguntarle.

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