Serranía de Manacacías: el “acuerdo social” detrás del más reciente parque nacional natural de Colombia

Entre diciembre de 2023 y enero de este año, los principales medios nacionales ―y algunos internacionales como The New York Times― dedicaron sus plataformas a un hecho tan importante como inusual: ocho familias de larga tradición ganadera acordaron vender sus tierras al Estado colombiano para crear el Parque Nacional Natural número 61 de Colombia. Se llama Serranía de Manacacías, a seis horas del centro poblado más cercano, San Martín, en el Meta.

Un logro importante porque, como explica Thomas Walschburger, asesor senior de Ciencias para The Nature Conservancy (TNC) en Colombia, con 68.030 hectáreas, Manacacías es “una serranía absolutamente única dentro del contexto de los llanos orientales y desde el punto de vista biótico y biogeográfico”, tanto por sus vastas sabanas onduladas, entre otros 11 ecosistemas estratégicos, como por su rol como puente natural entre la Amazonía, los Llanos y los Andes.

Un logro inusual porque, de acuerdo con William Zorro, director del área protegida, Manacacías es posiblemente uno de los últimos parques nacionales de su categoría, la más estricta en temas de conservación, pues “en el territorio nacional ya no hay tantas zonas con baldíos; hoy es necesario hacer unos procesos muy grandes de concertación con la comunidad y compensar la tierra que se va a apropiar para avanzar con la conservación. Aquí fue posible porque se alinearon los intereses y las voluntades de todos los actores para poder hacer un acuerdo social que permitiera esa declaratoria”.

Es que, aparte de las ocho familias que aceptaron vender sus tierras y arrear su ganado cebú hacia otros hatos, en los procesos de delimitación, caracterización, negociación y financiamiento participaron ONG como TNC, los institutos Alexander von Humboldt y de Ciencias de la Universidad Nacional, la Alianza para la Conservación de la Biodiversidad, el Territorio y la Cultura –conformada por Parques Nacionales Naturales (PNN), las fundaciones Santo Domingo y Grupo Argos, Wildlife Conservation Society y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)–, entidades como Cormacarena y el Municipio de San Martín, así como empresas petroleras con polígonos en la zona.

Entre ellos, los primeros jugadores clave en semejante epopeya fueron Juan Carlos Clavijo, actual director del PNN Chingaza, y Edimer Hernández, funcionario de parques que falleció hace dos años. Ellos fueron los encargados, a finales de 2017, y con base a estudios realizados desde 2013, de iniciar el proceso de creación del parque. “Es una ruta técnica con 10 actividades y con una serie de criterios biofísicos y socioeconómicos para declarar un área protegida. Lo que no tiene la ruta técnica fue el trabajo que estuvimos adelantando en Manacacías: un tema de buena gobernanza, porque cuando se busca declarar un área protegida, lo primero que le genera a la gente es resistencia institucional”, cuenta Clavijo.

Bien lo saben personas como Óscar Rey, nieto de uno de los primeros colonos que llegaron a hacer vida en ese territorio, hace al menos 70 años. “Mi abuelo Alejandrino Rey llegó con su hermano Mariano y crearon desde cero el hato Palmeras, que tenía 11.700 hectáreas. Toda la vida nos llevaron a la finca y ahí aprendimos a trabajar. Siempre estuvimos en esas tierras, cuidándolas”, recuerda. Cuando ellos envejecieron, las repartieron entre los ocho hijos del primero y los tres del segundo: 1.000 hectáreas para cada uno. Como los Rey, había casi una decena de familias y tres generaciones de arraigo a la tierra que se encontraban con la propuesta, también inusual, de dialogar para venderlo todo y empezar de nuevo en otra parte.

De acuerdo con el asesor Walschburger, “Parques Nacionales podía decir, ‘esta zona es absolutamente importante, la puedo declarar’ y después negociar con la comunidad y las empresas, como pasó con muchos parques en Colombia en el pasado”. Por eso resulta clave lo que hicieron Clavijo y Hernández: durante año y medio se fueron a vivir al territorio, a compartir con cada familia y cruzar lo que él llama la “palabra dulce”: hablar con transparencia y construir confianza hasta llegar a un acuerdo.

“Rompimos con ese esquema de llegar a hacer reuniones y talleres, y nos acercamos a la gente para comprender su racionalidad y para lograr entender esas sabanas, porque nadie las entiende mejor que los dueños de los hatos, no solamente desde lo biofísico, sino desde lo social y cultural”, explica Clavijo.

Lo que los funcionarios de PNN entendieron, confirma Rey, es que los habitantes de Manacacías preferían que la zona se convirtiera en una reserva a perpetuidad a que tuviera otro uso. “Es difícil dejar un hogar, pero siempre estuvimos abiertos a que se siguiera conservando. Mis tíos ya tienen casi 70 años y la mayoría de mis primos se fue a la ciudad. Lo mejor era dar un paso al costado y que el Estado siguiera conservando”, explica Rey.

El director Zorro, que cerró el proceso de negociación con comunidades y privados, comenta que a la conversación con las petroleras –que solo habían hecho estudios sísmicos– se unieron la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la de Licencias Ambientales, que aceptaron que la compra de los predios contara como parte de las compensaciones que dichas empresas deben hacer al país por la presión que genera su actividad sobre los ecosistemas. “Fue un ejemplo de voluntad. Deberíamos poder decir con más frecuencia que los privados se ponen la mano en el corazón y que los públicos permiten avanzar en procesos de acuerdos”, señala Zorro.

Eso no significa que el trabajo esté completo. El director explica que se ha adquirido el 50% de la tierra, quedan varios pagos por hacer y bastante terreno por explorar: “Hay que hacer el plan de manejo, la zonificación de los programas de monitoreo, los planes de investigación y el de ordenamiento ecoturístico, una serie de herramientas que nos van a permitir, además de manejar bien el área, salir a buscar más recursos para su sostenibilidad, para cumplir nuestra palabra”.

Son tareas que emocionan a Rey, de 45 años, quien decidió estudiar Vigilancia Ambiental para quedarse en el territorio como guardaparques. “Da nostalgia no ver el ganado, pero también da alegría pensar que la finca que era de la familia hoy es sede para hacer nuestro trabajo. Llegar es sentarse debajo del árbol de mango, recordar la niñez y saber que todo se va a conservar”.

*Apoyan Ecopetrol, Movistar, Fundación Corona, Indra, Bavaria y Colsubsidio.