De Belisario a Petro, la paz bombardeada

Resulta tentador realizar un paralelo entre las presidencias de Belisario y Petro, pues ambas tienen en común su obsesión por la paz y la ampliación de la democracia. Belisario la postuló desde su discurso de posesión presidencial con su inconfundible estilo lírico: “Levanto una bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: ¡a esa tarea prioritaria me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional! No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros soldados abnegados ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana. ¡Ni una gota más!”. Pero, lamentablemente, el 6 y 7 de noviembre de 1985 olvidó tan vital deseo e imperativo presidencial y corrieron ríos de sangre en el letal desenlace del Palacio de Justicia.

Algo semejante le acaba de suceder al presidente Petro, pues su consigna central “Colombia, potencia mundial de la vida”, ha sido olvidada al ordenar bombardear un destacamento guerrillero en la selva del Guaviare, con un saldo de por lo menos de 15 menores de edad muertos. Sin duda, las circunstancias son muy diferentes, incomparables, desde el punto de vista político y militar, pero en ambos casos los mandatarios apelan a razones de Estado para justificar el resultado de sus decisiones.

Del Palacio

En el Palacio de Justicia, Belisario lo hace argumentando que lo que se “hizo fue para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República”. Argumento falaz, pues esa decisión la tomó Betancur no solo por fuera de la Constitución de 1886 en su artículo 121, sino también desconociendo las normas del Derecho Internacional Humanitario, como bien lo señaló el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes: “La Procuraduría considera que el problema no puede plantearse primero legal que políticamente; y, además, que el enfoque legal correspondiente, no es propiamente el del Código Penal, sino el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Al Guaviare

En el bombardeo contra el agrupamiento guerrillero del Estado Mayor Central de las FARC, Petro lo justifica políticamente así: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”. Y agrega que los menores, al portar armas y estar uniformados, se convierten en objetivos militares: “estamos hablando de menores de edad que fueron reclutados, integran un grupo armado que han sido entrenados y que mantienen en ese momento un equipo de armas y de intendencia para hacer la guerra”.

Tal es la mayor paradoja de la política cuando se enfrenta a situaciones límites, propias de la guerra, los conflictos armados internos y la criminalidad organizada, donde lo decisivo es el uso de la violencia. Entonces los jefes de Estado ya no se pueden guiar solamente por sus convicciones y lo que Max Weber denomina “ética de principios”, sino también contando con la ética de la responsabilidad, so pesando las consecuencias de sus decisiones, como en este caso lo expone el presidente Petro. En efecto, la práctica criminal de Iván Mordisco de reclutar menores los convierte en carne de cañón en desarrollo de las confrontaciones armadas con la Fuerza Pública. Una consecuencia que trata de aminorar el accionar de la Fuerza Pública, pues según las cifras presentadas en su alocución presidencial del pasado 19 de noviembre, se han recuperado 2.411 menores.

Ética de responsabilidad en acción

De alguna forma, esa ética de responsabilidad es así sustentada en dicha alocución: “Quiero dejar aquí una idea y es que se dice que abandonemos el bombardeo porque efectivamente hay riesgo, si abandonamos el bombardeo por la razón de que los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde criminal, cobarde porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya, entonces ellos van a reclutar más niños, porque saben, ya han entendido que entonces la forma de que no los ataquemos con fuerza, que es la fuerza que nos da el bombardeo, como jefes que son del narcotráfico en Colombia, es reclutar niños y sería un mensaje contradictorio, en vez de reducir el reclutamiento como en este momento lo llevamos respecto al año pasado, en menos 34%, aumentaría mucho más y el riesgo de muerte de niños aumentaría y de menores en general combatientes”.

También le sucedió a Belisario después del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, ordenado por Pablo Escobar, en retaliación por la destrucción de los laboratorios de cocaína en Tranquilandia, en los llanos del Yarí. Entonces, justificó así su decisión de aplicar el tratado de extradición: “Así mismo, a pesar de mi renuencia inicial para acoger el Tratado de Extradición, suscrito entre Colombia y Estados Unidos, por mis convicciones humanísticas y democráticas, y mi acendrado sentido de la soberanía nacional, después de la muerte del ministro Lara Bonilla, creí interpretar el sentir del país al reconocer que el tráfico de narcóticos no tiene fronteras y que deben facilitarse los medios para que, quienes incurran en él, sean juzgados en cualquier parte del mundo donde los reclame la justicia”.

Así las cosas, teniendo en cuenta la encrucijada mortal enfrentada por Belisario y Petro, tan parecidos en su obsesión y voluntad política por alcanzar la paz y ampliar la democracia, llegamos al menos a tres conclusiones insólitas e ineludibles:

La primera, que el telón de fondo que impide avanzar en la consecución de la paz política, es la imbricación de numerosos grupos armados ilegales con el narcotráfico y rentas provenientes de minerales críticos o “tierras raras”, que los provee de recursos ilimitados para hacer la guerra.

La segunda, que esta simbiosis criminal los despoja cada vez más de identidad política y de reivindicaciones sociales que en el futuro puedan hacer valer en el mundo de la legalidad, pues han perdido por completo su credibilidad y legitimidad ante la sociedad. Como bien lo advirtió Belisario desde 1982: “En la violencia que el narcotráfico ha engendrado, desde hace cerca de tres lustros, no existe ningún designio social o político distinto al del súbito enriquecimiento. Todo lo demás es cobertura o camuflaje, hábilmente manipulado según las conveniencias y las alianzas”. Así lo han demostrado no solo los grupos narcoparamilitares y narcoguerrilleros, sino también un entramado de empresarios y políticos afines con las economías ilícitas, que han contado en sus campañas políticas con sus generosos aportes y apoyos electorales.

Y, la tercera, que ambos mandatarios tuvieron que enfrentar un establecimiento político y social tan retardatario y cerril al cambio y la paz que les impidió avanzar en sus principales reformas sociales, al punto que sigue siendo válida esta caracterización de Belisario, aludiendo al imaginario gaitanista del “País Nacional y el País Político”: “La prioridad del gobierno es empezar -y lo recalco, empezar tan sólo a que las dos naciones en combate se cohesionen y se fundan, a que la expresión ciudadano colombiano tenga embrujo de porvenir y no eco fantasmal de irrisión; a que expresemos nuestra colombianidad con orgullo; a que dejemos de ser federación de rencores y archipiélago de egoísmos para ser hermandad de iguales, a fin de que no llegue a decirse de nosotros la terrible expresión del historiador, de haber llevado a nuestra gente a que prefiera la violencia a la injusticia”.

Objetivo que, igualmente, expresa Petro en su discurso de posesión presidencial: “Y finalmente, uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad”. Una aspiración que se quedó, como sucedió con Belisario, en el discurso, por circunstancias muy complejas, entre ellas su liderazgo mesiánico y su descuido, cuando no desprecio, por el esfuerzo gris, colectivo y coherente que demanda una buena gestión pública.

Una etapa que es imperiosa comenzar y nos señala un horizonte que todos deberíamos tener presente en las elecciones para Presidencia y Congreso en el 2026 y la mediática feria de vanidades preelectorales en curso con cerca de 100 precandidaturas. De lo contrario, seguiremos convirtiendo las urnas en más tumbas, como lo auguran todos aquellos candidatos y candidatas que se proclaman salvadores de la Patria en nombre de la “seguridad, el bien común” y hasta la “defensa de la democracia”, coartadas con las que siempre han gobernado impunemente hasta el presente, por eso abjuran del Estado Social de derecho y reclaman más administración y menos política, haciendo de lo público su empresa privada.