Dos menores muertos y otro desaparecido: la tragedia de la familia Abarca Viches tras los bombardeos ordenados por Petro

El ataúd de Martha Abarca Vilches, de 17 años, llegó al cementerio lejos de su familia. Su madre pidió que la conectaran por videollamada para poder asistir al entierro. Martha perdió la vida en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento guerrillero en la selva del departamento de Guaviare, en el que murieron siete menores de edad. No viajó a las exequias por miedo a que la guerra vuelva a tocar a su puerta. Por miedo a que la maten. En menos de dos meses ha perdido a tres de sus hijos menores. Además de Martha, Javier Alcides, de 15 años, y Luis Carlos, de 10, fueron víctimas de otro bombardeo militar, esta vez en el Amazonas, el pasado 1 de octubre. El primero aparece en el listado oficial de bajas. Y el segundo, aunque sobrevivió, figura como desaparecido.

Los dos ataques, ocurridos en la misma región del país, buscaban darle un golpe a alias Iván Mordisco, el disidente que opera y comanda en la zona con un ejército de menores de edad que utiliza como escudos humanos. Los operativos, que han abierto fuego en medio de la espesura de la selva, han dejado escenas difíciles de reconstruir: cuerpos esparcidos, campamentos deshechos y un silencio que impide saber con precisión quién estaba allí y en qué condiciones. Los bombardeos, que han sido reactivados en los últimos cuatro meses, han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Gustavo Petro, que en campaña prometió cuidar de las infancias víctimas de la guerra, pero que también enfrenta la urgencia de contener a las disidencias.

En el universo familiar de Sonia, la madre de los tres menores y quien pide no revelar su verdadera identidad por miedo, se refleja el drama de la dinámica actual de la guerra en Colombia. Un mes atrás recibió en un ataúd a su hijo Javier Alcides, uno de los abatidos por las Fuerzas Militares en el municipio de Puerto Santander (Amazonas), cuando los militares intentaban dar un golpe a Iván Mordisco. El disidente logró escapar, según reportes del Ministerio de Defensa, pero el supuesto anillo de seguridad fue golpeado de gravedad. El saldo de esa operación fueron cuatro muertos. Las personas que las Fuerzas Militares reseñaron como los escoltas personales de uno de los criminales más buscados de Colombia eran, en realidad, cuatro menores reclutados por ese grupo ilegal.

Con el duelo aún abierto, Sonia ahora se enfrenta a la imposibilidad de sepultar a su hija Martha, asesinada en las mismas circunstancias que su hermano. Marcial Quiñonez, abogado de la Fundación Jurídica y Benéfica para la Paz, asegura que, de acuerdo con el reporte de Medicina Legal, “la menor tenía ocho semanas de embarazo al momento del operativo militar”. En la madrugada del 13 de noviembre, las Fuerzas Militares atacaron la zona utilizando tres aviones para lanzar explosivos desde el aire. El saldo fue de 19 personas muertas, entre ellas al menos siete menores de edad, todos niños de entre 13 y 17 años.

La acción militar, una de las tantas que el Gobierno ha liderado contra las disidencias, se convirtió rápidamente en un escándalo nacional y político para el presidente Petro. Mientras tanto, Sonia enfrentaba, en silencio, la desaparición de su hijo Luis Carlos Abarca Vilches, de 10 años, herido el 1 de octubre en un operativo similar en el Amazonas. Este 20 de noviembre, un juzgado administrativo de Bogotá ordenó, en respuesta a un habeas corpus interpuesto por el abogado Marcial Quiñonez, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Medicina Legal entregaran información oficial sobre el paradero del menor. Hasta ahora, sin embargo, no hay más pistas.

Ante la denuncia que interpuso la familia, el comandante de fuerzas especiales del Ejército, general Omar Moreno, negó que Luis Carlos estuviera en los listados oficiales de capturados o de personas sometidas en ese operativo. El ICBF también le ha dicho a la familia que no está bajo su custodia y ha ordenado a las entidades emprender una búsqueda en toda la región amazónica para encontrarlo. La querella interpuesta por la familia, por desaparición forzada, señala: “La madre del menor desconoce por completo su paradero, no ha tenido contacto con él y ninguna autoridad ha proporcionado información oficial sobre su ubicación o estado”. La familia sigue sin certezas, bajo la sombra de dos operativos oficiales que reavivan la fragilidad de la niñez rural en Colombia.

Un flagelo creciente

El reclutamiento de niños y niñas en el país es uno de los delitos menos documentados en Colombia, con más riesgo para los afectados, pero más visibles en amplias zonas rurales. A través de engaños, ofertas de empleo o promesas de protección y de riqueza, los ilegales aprovechan la fragilidad de las infancias y la ausencia del Estado y han llenado sus filas de menores de edad. En 2024, la Fiscalía recibió 604 denuncias formales en todo el país, aunque el subregistro es incontable. De acuerdo con un informe de la Jurisdicción Especial de Paz sobre el flagelo, los más afectados tienen entre 12 y 17 años, y uno de los patrones más comunes para llamar su atención es a través de redes sociales como TikTok.

Entre 2018 y 2023, cinco años en los que se fortalecieron los grupos disidentes de las extintas FARC, la Defensoría del Pueblo reportó 299 alertas tempranas, de las cuales 251 estaban relacionadas con el reclutamiento y la utilización de menores. Según denuncias de lideresas que buscan proteger y prevenir este flagelo, algunas veces son usados como informantes o campaneros para avisar de la presencia de tropas del Ejército, a cambio de pagos diarios que inician en los 100.000 pesos (25 dólares). Cuando el grupo decide formalizar su ingreso, los llevan a escuelas de adoctrinamiento para enseñarles desde su doctrina militar hasta cómo disparar un arma. Los convierten entonces en niños soldado, que luego los comandantes utilizan como escudos para evitar ser atacados o evadir sus responsabilidades en la guerra.

El debate por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado interno ha llenado los titulares de prensa la última semana en Colombia. El Gobierno y las Fuerzas Militares han cerrado sus filas en defensa de los bombardeos, pero algunas bases del progresismo han criticado que el presidente ordene acciones que criticó con vehemencia cuando se desempeñó como congresista opositor de gobiernos derechistas. Mientras tanto, los listados con los nombres de menores de edad muertos en los operativos se conocen a cuentagotas, y la guerra sigue afianzándose con cientos de niños que nadie logró proteger y que ahora lloran madres como Sonia.