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El experto en drogas y director de Échele Cabeza, Julián Quintero, señalado por acoso sexual por una colaboradora

Los hechos sucedieron en julio de este año en la sede de la organización en Bogotá. La Junta Directiva ha confirmado que lo ha removido de su cargo

Sebastián Forero

Yarelix Estrada, investigadora estadounidense en reducción de riesgos y daños asociados a las drogas y experta en análisis de sustancias psicoactivas, aterrizó en Bogotá en junio de 2025. Para entonces, hacía más de tres años que había entrado en contacto en Colombia con la corporación Acción Técnico Social (ATS) y su proyecto bandera, ‘Échele Cabeza’, que trabaja en su misma área. Había empezado una relación de colaboración con esa organización, pues además de que ella ejerce su labor en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, asesora a otras organizaciones que se dedican al análisis de sustancias en otras partes de Estados Unidos así como en otros países. La investigadora ha decidido exponer públicamente a Julián Quintero, director de ATS y una de las voces más consultadas para hablar de drogas en Colombia, por haber abusado sexualmente de ella en julio de este año.

Estrada redactó una denuncia contra Quintero y la distribuyó por grupos en plataformas de mensajería de los que hacen parte decenas de organizaciones de incidencia en temas de drogas en todo el mundo, que acudieron a la Conferencia Internacional de Reducción de Daños que se celebró este año en Bogotá. En diálogo con EL PAÍS, ha confirmado su relato. Los hechos ocurrieron el 25 de julio pasado en la sede del proyecto Échele Cabeza de Teusaquillo, en Bogotá. Ese día, en medio de un encuentro amistoso en el que había bebido, ella se quedó dormida en la sala de la casa. Su relato continúa así: “Desperté en otra habitación, en la parte de atrás de la casa, con Julián Quintero tocándome abusivamente y dándome cocaína insistentemente en ese estado”. Y precisa: “No fue un malentendido, yo estaba muy sedada por el alcohol. No había absolutamente ninguna posibilidad de consentimiento o capacidad de responder o defenderme”.

La investigadora relata que, tiempo después, cuando le mencionó lo ocurrido a Quintero, él “lo minimizó y su respuesta también fue violenta”. En esa misma denuncia, afirma que, a raíz de lo ocurrido, no participaba más en actividades o en espacios donde él estuviera presente. “Es una medida básica de autocuidado; lo dejo por escrito aquí porque no voy a seguir con el silencio que históricamente se nos exige a las mujeres frente a estas situaciones”, se lee en su escrito. Y añade que “estos comportamientos son incompatibles con cualquier espacio que se nombre seguro o que hable de cuidado mutuo y con los principios de la reducción de daños y reforma de política de drogas”.

Ese no fue el único episodio en que Quintero la habría violentado sexualmente, según ha contado ella a EL PAÍS. Unos meses atrás, en marzo de este año, ambos coincidieron en Viena en un evento de política de drogas de las Naciones Unidas, junto con otros expertos en reducción de daños. En una de las noches, en la casa que varios de ellos compartían en esa ciudad, después de haber bebido, ocurrió algo similar: “Me llevó a otro cuarto, me desnudó y me comenzó a tocar; yo estaba muy borracha y opté por hacerme la dormida”.

En respuesta a la primera denuncia de Estrada, la Junta Directiva de ATS ha emitido un comunicado en el que “manifiesta de manera categórica su tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia basada en género” dentro o fuera de la organización. En el texto, respalda la decisión de la investigadora de presentar la denuncia y se compromete a garantizar “que contará con un entorno libre de represalias, revictimización o interferencias”. La Junta Directiva sostiene que a partir de la fecha ha retirado a Quintero del cargo de director ejecutivo de la corporación. Además, que lo ha retirado de “cualquier representación en nombre de ATS, en escenarios públicos o privados, mientras avanzan los procedimientos correspondientes”. La junta añade que “se compromete a buscar medidas adecuadas de reparación y no repetición para la víctima”.

Julián Quintero, sociólogo, dirige desde hace más de 15 años la Corporación ATS, que en temas de drogas cuenta con Estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas, lo cual implica que tiene un lugar privilegiado en la interlocución desde la sociedad civil con la ONU. Es un asistente habitual a esos espacios multilaterales en Nueva York o Viena, donde se discute el rumbo de la política de drogas a nivel global. En Colombia es ampliamente conocido por su proyecto estrella, Échele Cabeza, que hace testeo de sustancias psicoactivas para reducir riesgos y daños y que suele estar presente en festivales y otros entornos de fiesta. En la prensa colombiana e incluso de América Latina ha sido retratado como “la persona que más sabe de consumo de drogas en Colombia”. Ha estado detrás de varios proyectos de ley para regular el cannabis, entre otros, y es autor de los libros Échele Cabeza: una mirada al consumo de sustancias y a cómo se drogan los colombianos y de Entre Líneas; Drogas: ¿prohibir, regular, entender o disfrutar?

Consultado por EL PAÍS, Quintero ha remitido el comunicado de ATS. Ha añadido que no va a “controvertir públicamente” a Estrada, aunque “existen antecedentes, hechos y detalles que conforman esta historia para asegurar que su acusación no es cierta”. Ha explicado que hacer públicos esos antecedentes “podría causar más dolor” y, por tanto, no lo considera necesario. “Se están buscando canales de diálogo para mediar y buscar una solución con reparación”, ha añadido. Estrada desmiente que la haya buscado para conciliar.

Seis de las principales organizaciones que trabajan en temas de drogas en Colombia han emitido un pronunciamiento en el que rechazan lo sucedido y se solidarizan con Yarelix Estrada. “En congruencia con nuestras políticas de cero tolerancia con las violencias basadas en género, revisaremos nuestros procesos de articulación con esta organización mientras se investigan los hechos que dio a conocer la denunciante y se dan respuestas institucionales”, se lee en el texto firmado por Dejusticia, Elementa DDHH, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Temblores ONG, la Corporación Humanas y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes.

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Sobre la firma

Sebastián Forero
Colaborador de EL PAÍS en Colombia. Antes estuvo en la sección de Nacional del periódico, en Madrid, cubriendo inmigración. Durante cinco años trabajó en el diario 'El Espectador' cubriendo el conflicto armado, paz, derechos humanos, tierras y política de drogas. Máster de periodismo UAM - EL PAÍS.
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