“Fue una cortina de humo”: el fracaso de las negociaciones para ajustar los presupuestos del sistema de salud

El sector de la salud en Colombia ha visto cómo se esfuman sus últimas expectativas de aliviar sus problemas de financiamiento. Las mesas de diálogo que la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que le gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada ciudadano afiliado, acabaron sin acuerdos. La Administración de Gustavo Petro sigue firme en que los recursos son suficientes, y que el problema está en la ineficiencia y la corrupción de las aseguradoras. Los gremios, las asociaciones de pacientes y los académicos no ocultan su frustración. A unos días de que el Ejecutivo oficialice las conclusiones, se multiplican las quejas de distintos participantes, que afirman que se sintieron utilizados en un mecanismo de distracción.

Varias organizaciones acusan al Gobierno de incumplir las órdenes de la Corte, que en enero dispuso la creación de una mesa que ajustara la UPC de 2024 y tomara en cuenta los rezagos desde 2021. El movimiento Todos por la Salud, con integrantes que van desde gremios hasta académicos, señaló que el Ministerio “no reconoció” sus ejercicios técnicos en las siete sesiones de trabajo y “pasó por alto” al tribunal. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que reúne a 11 EPS, aseguró que el Ejecutivo redujo las órdenes de la justicia a “simples opiniones” y convirtió las mesas en “una simulación política”. Las asociaciones de pacientes piden que el alto tribunal adopte “medidas ejemplares” ante “el desacato del Ministerio”.

El fracaso se veía venir desde el diseño de las mesas. Gonzalo Clavijo, médico y exdirectivo de varias EPS, comenta por teléfono que se salió de control “la buena intención” del alto tribunal de ordenar una participación más amplia que la que hubo en otros diálogos, a principios de año. “Éramos como 70 personas y eso hacía que fuera imposible producir un resultado técnico. Cada quien sacaba un dato y la sesión terminaba siendo una exposición de opiniones individuales, nunca trabajadas en consenso”, afirma. Las presentaciones de PowerPoint se sucedieron una tras otra, sin construir un mecanismo común para ajustar la UPC. Además, varios inscritos no aparecieron y dificultaron el cuórum en algunas sesiones.

Después, cuentan las fuentes, quedó claro que la reunión era solo una formalidad para el Ejecutivo. Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios, señala que el Gobierno ya tenía tomada la decisión de no incrementar la UPC. “Todas las presentaciones se centraban en decir que los recursos eran suficientes”, relata en una llamada. Le ofendió que un funcionario preguntara cuál era el incremento de la UPC que sugerían los pacientes. “Lo dijeron como si estuviéramos ahí para reclamar por las EPS. Nosotros no sabemos si es el 30%, el 15% o el 5%. Lo que nos interesa es que haya recursos para que haya servicios de salud y medicamentos”, dice.

Los gremios, que sí hicieron cálculos de entre el 15% y el 17% para la UPC de este año —frente al 5,3% del Ejecutivo—, tampoco se sintieron escuchados. Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), comenta por teléfono que el Gobierno dedicó gran parte del tiempo a poner en duda los datos que presentó el sector —por ejemplo, que las EPS gastan 105 pesos por cada 100 que ingresan, sin incluir costos administrativos—. “Ellos dicen que los balances financieros de las EPS no sirven, que la única información válida es la de ellos y que les creamos que la procesaron bien”, apunta. Esta situación es especialmente frustrante, explica Rodríguez, porque el Ejecutivo se niega a pasarles los datos desglosados que utiliza para hacer sus cálculos. “En otros gobiernos se permitía el acceso a la información debidamente anonimizada”, denuncia.

Varias de las personas consultadas relatan que el Ministerio, que no respondió a las solicitudes de este periódico para dar su versión, se centró en denunciar que los datos de las EPS suelen estar inflados. Expuso irregularidades como cirugías ginecológicas en hombres, pacientes con más de 100 atenciones en un año y tratamientos de 100.000 millones de pesos (unos 25 millones de dólares). Para Molina, fue “una cortina de humo” que buscó desviar la discusión. “Esos errores de las EPS no deberían suceder, pero eran casos aislados. Da la sensación de que los magnificaron para no atender el mandato de la Corte”, considera.

Mientras tanto, más allá de los cálculos, está la crisis del sistema: pacientes sin medicamentos, servicios médicos que cierran, citas demoradas. “Le dijimos a un funcionario que fuera a una unidad de urgencia o a un dispensario de medicamentos para que se diera cuenta de lo que padecemos”, añade Molina. Algo similar dice el médico Clavijo: “Creo que la UPC es insuficiente por los estudios y mi propia experiencia como gerente de EPS, pero la mayor contundencia está en la calle. Tengo amigos que han tenido que pagar muchísima plata de sus bolsillos para comprar medicamentos y una conocida a quien le programaron una cirugía para dentro de seis meses”.

Actualizar la UPC solo con el porcentaje de la inflación, explican los expertos, es insuficiente. Luis Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la Universidad de Los Andes, señala por teléfono que los ajustes también deben tener en cuenta los costos de las nuevas tecnologías y el envejecimiento de la población, que lleva a que muchas personas requieran de más atenciones. Comenta, además, que ha habido rebrotes de enfermedades crónicas desde la pandemia de covid y que hay que tener en cuenta la migración venezolana.

La ineficiencia

Las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno tiene razón en que existen ineficiencias en el sistema. Los expertos señalan casos de médicos que prescriben medicamentos sin necesidad, de exámenes que se repiten en diferentes consultas, de pacientes que no acuden a sus citas. El problema, insisten, es que eso solo explica una pequeña parte del hueco financiero y no excluye que falten recursos. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, añade que las deficiencias persisten en las EPS intervenidas por el Gobierno: “Ya administran 60% del sistema. Si la plata es suficiente, ¿por qué no garantizan la prestación de servicios? ”.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social y representante de Pacientes Colombia por la región Orinoco, subraya por teléfono que el Estado es responsable de reducir las ineficiencias sin descuidar el financiamiento. “Es como si dijera que, como los estudiantes de los colegios públicos tienen peores resultados, va a dejar de financiarlos”, afirma. Enfatiza, además, que la falta de fondos suficientes incrementa las ineficiencias: dejar de pagar un tratamiento de hipertensión por falta de dinero puede derivar en un infarto que sea más costoso de cubrir. “Cuando no tienes plata suficiente, priorizas lo urgente por sobre lo importante y eso afecta el gasto a futuro”, apunta.

La experta valora que las mesas trajeron varias propuestas de política pública que muestran a una sociedad civil con un conocimiento técnico creciente. “Puede ser útil en la transición con el próximo Gobierno”, comenta en referencia a propuestas como los pagos por paquetes de servicios (en vez de eventos), nuevos planes de crédito o modelos para contabilizar las mejoras tecnológicas. Señala, eso sí, que este debate de política pública en salud no era el objetivo por el que la Corte dispuso los diálogos. “Al paciente le importa un comino cómo mejoras la contratación a futuro si ahora no tiene acceso a medicamentos”, dice. Tiene pocas expectativas sobre los resultados oficiales de las mesas, que se esperan para el próximo jueves. “No van a cumplir mientras no haya un acto judicial de desacato y corran el riesgo de ir a la cárcel. Y, como la justicia se demora, van a patearle el problema al próximo Gobierno”, afirma.