Petro desmantela el paro arrocero mientras apunta contra los molineros por supuesta cartelización

Las negociaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro, los gobernadores de los departamentos productores y sectores sindicales de los arroceros han llegado a buen puerto. Fueron 11 días de tensión. Los mismos que duraron el paro y las huelgas convocadas en varias carreteras del país por los agricultores. Pero sobre el final de la tarde del jueves la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dio el parte de victoria. El eje del acuerdo, que consta de siete puntos, abre las puertas a un sistema de control de precios para la carga de 125 kilos del cereal, basado en la zona del país. También ha trascendido el anuncio de nuevos aranceles como medida de defensa comercial contra la importación de arroz en su variedad paddy y blanco. De momento no se ha detallado a qué países se les aplicaría esta medida.

Fuentes allegadas a los gremios han mencionado con bastante seguridad el caso de Ecuador. Y en voz baja siempre aparece la sombra de Estados Unidos. Lo cierto es que, mientras la estrategia de negociación parecía bien encaminada esta semana, y los medios locales auguraban el inminente fin del bloqueo, el presidente Petro tensaba las cuerdas más de lo necesario. El mandatario volvió a dirigir su artillería el miércoles contra uno de los actores más poderosos de la cadena: los cuatro grandes molineros industriales. No era la primera vez. Pero sí la más incómoda para destrabar la huelga.

“La discusión arrocera es: ¿quién es el dueño de la industrialización del arroz? Si no son los productores directos, les imponen un monopsonio, es decir, un precio de monopolio desde la demanda que es un cartel de molineros”, publicó el presidente en X. Un señalamiento que solo ha escalado los ánimos en un sector que ya suma dos paros este año. Las compañías a las que se refería Petro son la tolimense Diana Corporación, Roa del Huila, Arrocera Sonora del Casanare y Arroz Supremo, con sede en los Llanos. Cuatro gigantes de la agroindustria a los que casi la totalidad de los arroceros venden su producción recién cosechada.

Estos se encargan de completar el proceso de secado y trillado del denominado arroz verde paddy y lo ponen ya en su presentación blanca en los supermercados. Se encargan de su comercialización. El director de Fedearroz, Rafael Hernández, sostiene que las acusaciones del presidente Petro son “temerarias”. Y el exsenador y contradictor del Gobierno Jorge Enrique Robledo desconoce el sustento de los señalamientos: “Los molineros son parte del problema, sí. Pero cargarles toda la culpa es la forma de eludir la responsabilidad del presidente en los demás.”.

No era la primera vez, en todo caso, que el presidente Gustavo Petro soltaba como un obús ese tipo de juicios en los que siembra dudas sobre la conducta de actores privados, como las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las grandes empresas energéticas y de infraestructura. Su hipótesis es que el poder de estas compañías les da margen para forjar tratos y concertar los precios de sus tarifas en detrimento de la libre competencia. O del servicio público que prestan. La solidez de sus pruebas, sin embargo, ha sido tan fugaces como explosivas sus declaraciones. Y en esta ocasión la atención ha recaído sobre los molineros industriales.

Pero el lío, más allá de los dardos presidenciales a los molineros colombianos, radica en que el mundo ha presenciado una caída de los precios internacionales del cereal en su variedad paddy. En la Bolsa de Chicago, donde se transan los grandes contratos de futuros de los alimentos, se ha desplomado este año un 12%. Y el centro de pensamiento Fedesarrollo reporta una reducción del 25% en los últimos 12 meses en Colombia. En paralelo, el área sembrada de arroz se ha disparado a nivel global y en el país sudamericano alcanzó las 631.000 hectáreas. Una cosecha histórica. Una expansión que ha desembocado en acumulación de inventarios y superó el 30% interanual en diciembre pasado. Una amalgama de factores que ha hundido los precios.

La secuencia continúa: los molineros industriales recortaron sus tarifas de compra de la carga a los agricultores. Y estos se vieron empujados a salir a las carreteras para exigir subsidios y facilidades de financiamiento. Los productores de arroz paddy verde aseguraban que el pago de entre 170,000 y 185,000 pesos (entre 35 y 38 dólares al cambio de hoy) por una carga de 125 kilos es un monto insuficiente para costear sus gastos operativos. Y para ello han exigido en la mesa de negociación un precio mínimo diferenciado por región de entre 205.000 y 220.000 pesos (entre 42 y 45 dólares).

El comunicado publicado en la noche del jueves por el Ministerio de Agricultura no detalla la fórmula para reglamentar los precios. Sin embargo, el Comité del Paró ha difundido una tabla de precios donde se lee que, por ejemplo, el precio de la carga en los llanos orientales quedaría en 182.173 pesos, mientras en el centro del país subiría hasta 198.686. Todo apunta a que se trata de una victoria para los productores arroceros, que han hallado una batería de remedios contra la mala racha que los agobiaba. Y desde diversos sectores económicos también se ha respirado por fin con alivio.

Con la vuelta de la normalidad se pone fin a una huelga que dejó pérdidas superiores a los 25.000 millones de pesos (unos seis millones de dólares). Sin embargo, para más de un dirigente del sector que no participó de las negociaciones, queda aún un sabor agridulce. Su cautela gira en torno a la falta de precisión sobre los puntos anunciados por los promotores de la huelga y el Gobierno.

Algunos sostienen, incluso, que la cota de partida esgrimida para calcular los precios del arroz es muy alta. Por eso existe cierto temor a que la mesa se haya convertido en una herramienta lejana a sus intereses. Señalan, por ejemplo, la falta de claridad en torno al punto etiquetado como Controles de acopio. Un asunto relacionado con una de las demandas más conflictivas planteadas por los productores arroceros. Las fuerzas sindicales abogaban por la recuperación del programa de incentivos de almacenamiento de arroz, desmontado por el Gobierno de izquierdas en 2023.

El comunicado se limita a enlistar mejores “controles” con el fin de “revisar los stocks y sus orígenes”. Pero todo indica que los agricultores no han logrado su plan de recobrar un sistema que durante 33 años subsidió el acopio de los excedentes de la cosecha. Los estudios del centro de pensamiento Fedesarrollo o el Banco Mundial señalan que, por el contrario, son ayudas que distorsionan los precios. Una tesis que la segunda ministra de Agricultura de este Gobierno, Jhenifer Mojica, compartía y por ello las eliminó. En su opinión, la vía adecuada para amortiguar las recurrentes pérdidas que deja la sobreproducción es “planificar la agricultura. Generar un límite máximo de siembra del arroz, en donde todo el sector arrocero se ponga de acuerdo dónde se debe sembrar y en dónde no”.

Mientras la normalidad regresaba, a lo largo del viernes, a las carreteras de Colombia, la Ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino concedía en La W que la situación general aún es crítica: “La industria también tiene impactos por los fenómenos de importación, lavado de activos y evasión de impuestos. Y unos inventarios que no se explican (...)”. Y a la pregunta sobre los reparos de algunos frente a los acuerdos, subrayó que el cereal es el “último de nuestros cereales fundamentales”: “No podemos dejar que la cadena se desestructure a tal punto que tengamos que depender de las importaciones para abastecer el mercado del arroz”.