El poder de la sociedad civil transforma el uso letal de la fuerza en Colombia

El panorama actual, marcado por lo que parece un retroceso democrático, donde los ideales de una sociedad abierta ―derechos humanos, equidad y justicia― están bajo amenaza, se intensifican las limitaciones a la sociedad civil y se desmantelan iniciativas de inclusión, equidad y diversidad, puede llevar a muchos a pensar que todo está perdido. Pero la historia ha demostrado que el poder de la sociedad civil unida es una fuerza potente para la defensa y la garantía de derechos. La experiencia del Movimiento de Resistencia a las Agresiones Oculares (Mocao), que surgió de las protestas de abril de 2021 en Colombia, es un claro ejemplo de las transformaciones que se pueden lograr cuando las personas se unen bajo una causa y están dispuestas a combatir injusticias.

Entre los jóvenes manifestantes estaba Juan Pablo Fonseca, auxiliar de chef que entonces tenía 25 años. Junto a muchas otras personas, marchó en Bogotá tras anunciarse nuevos impuestos que afectarían más a los pobres y ampliarían aún más las desigualdades sociales. Como me contó en una reciente visita a Colombia, llegó a defender los derechos humanos y la dignidad, y salió con una herida que nunca cicatrizará.

La policía disparó balas de goma directamente a la multitud, apuntando a los ojos de algunos de los manifestantes. Fonseca recibió un impacto en el ojo derecho. Quedó permanentemente cegado de ese lado, y su rostro fue desfigurado. “Perdí algo más que un ojo”, expresó. “Perdí parte de mi vida. La vida es para vivir, no para sobrevivir”.

Más de 100 jóvenes compartieron el destino de Fonseca durante las protestas que sacudieron a Colombia bajo el mandato de Iván Duque Márquez. Una unidad especial de la Policía les mutiló los ojos como parte de una estrategia deliberada. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se creó hace un cuarto de siglo como parte del Plan Colombia, la controvertida campaña contra las bandas de narcotraficantes y las guerrillas armadas, respaldada por Estados Unidos. En medio de su militarización, el Estado facultó al ESMAD para desatar el miedo y la violencia durante las protestas o en los desalojos forzosos.

Gran parte de esta violencia se dirige contra algunas de las comunidades más pobres de Colombia, incluidas las indígenas y afrodescendientes. La sociedad civil y los sobrevivientes de la brutalidad policial han exigido el desmantelamiento del escuadrón al menos desde 2005, cuando, durante una protesta, un agente golpeó la cabeza Nicolás Neira con un proyectil de gas lacrimógeno. Nicolás murió cinco días después. Tenía apenas 15 años.

Los miembros del Mocao son sobrevivientes de agresiones policiales, y se iniciaron en el activismo debido a la brutalidad que se les infligió; su dolor se transformó en propósito. El movimiento reúne artistas, académicos y activistas, y busca concientizar sobre la brutalidad policial a través del arte, la investigación, la defensa y los litigios.

El Mocao arroja luz sobre los efectos a largo plazo, a menudo ignorados, de la mutilación o “agresión” ocular, como a veces se denomina. Los sobrevivientes no solo pierden la vista; llevan consigo para siempre las cicatrices en el rostro y el trauma de los ataques. Son efectos, según Fonseca y otros investigadores, que los afectan en sus facetas “cognitiva, psicológica, fisiológica y social”. Necesitan cirugía reconstructiva y atención médica periódica, a menudo fuera de su alcance. Luchan por retomar su vida, pero se les estigmatiza por sus lesiones y por haber participado en las protestas. Una joven, desfigurada a los 15 años, describe, con lágrimas en los ojos, el particular estigma de una sociedad que suele juzgar a las mujeres por su aspecto.

El Gobierno de Colombia promovió una mesa por la reforma policial, en la que sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y funcionarios estatales debatieron el futuro de las fuerzas del orden. Con el apoyo del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el respaldo de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, estas conversaciones culminaron en la reciente promulgación del decreto 1231, un marco integral sobre el uso de la fuerza. Basándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema colombiana y en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convierte el diálogo en la principal herramienta de las operaciones policiales, reserva la fuerza como último recurso y exige la responsabilidad a los agentes al mando.

En septiembre de 2024, el fiscal general emitió otra directiva, que reafirma el derecho de reunión pacífica y rechaza la criminalización de la disidencia. El ESMAD ha pasado a denominarse Unidad para el Diálogo y el Mantenimiento del Orden (UNDMO). El Gobierno está nombrando “secretarios de Paz” para crear espacios de confianza en los que las comunidades puedan dialogar con la policía. Aunque aún queda mucho por hacer, los antidisturbios están mostrando los primeros signos de reforma.

En todo el mundo, estos escuadrones suelen utilizar la fuerza letal para aterrorizar y sofocar la disidencia pública. Las unidades antidisturbios han acumulado arsenales de las llamadas armas no letales, desde gases lacrimógenos hasta canicas, pasando por balas de goma y plástico. En Chile, 285 personas sufrieron “traumatismos oculares”, en su mayoría por balas de goma y latas de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad dispararon directamente contra ellas durante las protestas de 2019 contra el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. En Irán, el cegamiento de manifestantes, en 2022, tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, fue una de las muchas tácticas violentas utilizadas para reprimir el movimiento “Mujeres, Vida, Libertad”. El fotógrafo Wil Sands estuvo en Chile durante las protestas de 2019 y capturó imágenes de cómo los ojos vendados se habían convertido en un símbolo de rebeldía. Al año siguiente, durante las protestas que estallaron en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, recibió un disparo en el rostro con una bombona de gas, lo que le ocasionó una lesión irreversible en el ojo.

Todos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, ante las protestas, los gobiernos solo pueden recurrir a la fuerza como último recurso, cuando se tornen violentas y amenacen la seguridad nacional, el orden público o la vida y la integridad física de las personas. Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley indican que, si bien se prefieren las armas menos letales a las letales, su uso debe “controlarse cuidadosamente”, como parte del esfuerzo por restringir el uso de la fuerza. Siempre deben utilizarse de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, y solo en defensa propia o de otras personas que se enfrenten al riesgo de “amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.

El Gobierno de Colombia merece reconocimiento por los pasos transformadores que está dando. Su reglamentación ha sido aclamada como modelo para otros países y está realizando nuevos debates. Se espera una resolución sobre armas menos letales en los próximos meses. Desde sus comienzos, los miembros de Mocao están creando un centro internacional de investigación sobre la mutilación ocular y construyendo una red que conectará a los sobrevivientes de todos los países. Apoyará sus esfuerzos para regular el uso de la fuerza y ofrecer recursos a sus víctimas y sobrevivientes. Mocao explica que han descubierto casos en Argentina, Bangladés, Chile, Egipto, India, Kenia, México, Nigeria y Estados Unidos.

Desde un país en el que demasiadas personas quedaron cegadas por la violencia policial, se promueve una visión de un mundo donde la fuerza organizativa de la sociedad civil transforma injusticias, y en el que los ciudadanos puedan protestar pacíficamente sin temor a la policía antidisturbios.