Las agresiones del Esmad después de 2021: las amenazas llevan al exilio a la familia de una víctima de violencia ocular

Sara Cárdenas tenía 18 años. Salió de casa esa noche para ir por un helado con su mamá, Sandra Pérez, en su barrio de la localidad de Suba, en Bogotá. Unas horas después, una agresión de la Policía cambió su vida para siempre. Era el 5 de mayo de 2021 y las protestas del Paro Nacional estaban en pleno apogeo en Colombia. Decenas de miles de ciudadanos llevaban semanas manifestándose en contra de la reforma tributaria del entonces presidente de derechas, Iván Duque. Entre la resistencia de los manifestantes y la brutal represión de la Policía, zonas de numerosas ciudades se habían convertido en campos de batalla llenos de humo, choques, vandalismo, gases lacrimógenos. En Suba había varios puntos azotados por la violencia. Pero Sara y su mamá no tenían nada que ver con eso. Ellas solo fueron por un helado.

Alrededor de las 11, según relató Sandra a la Justicia el pasado 20 de mayo, las dos mujeres llegaron al Centro Comercial Plaza Imperial, a pocos minutos de su casa. Estaba cerrado. Las calles aledañas, repletas de manifestantes. Madre e hija pararon para observar la escena. “Nos quedamos viendo las protestas pacíficamente, fuimos espectadoras”, recuerda Sandra. Todo pasó a ser peligroso en cuestión de segundos. Sandra cuenta que los cánticos de los participantes fueron interrumpidos por artefactos lanzados por la Policía. Las calles se llenaron de gases lacrimógenos. Había humo y caos por todos lados. Sara y Sandra se asustaron. Decidieron correr.

Siguieron un camino hacia otro centro comercial, Alpaso Plaza. De alguna manera terminaron atrapadas en un callejón. Estaban rodeadas por dos clínicas dentales y por choques entre los manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el criticado cuerpo de la Policía que encabezó la represión de las protestas. No había salida. No quedaba otra que esperar. “Quedé paralizada pensando que la Policía iba a perseguir a las personas que estaban protestando”, cuenta Sandra. Pero dice que no fue así. “[Tres agentes] quedaron parados en frente mío”, continúa. Los uniformados, bajo el mando del intendente Luis Fernando Guavita Moreno, empezaron a insultar a las dos mujeres. “Maldita perra, váyase para su casa y llévese a su perrita”, le gritaron, según relató Sandra a Amnistía Internacional.

En ese momento empezaron los hechos que tienen a Guavita en un juicio penal por tres delitos, incluyendo tentativa de homicidio. Uno de los policías sacó un arma “negra larga y boquilla ancha”, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía en contra del intendente. Les dijo que se fueran. Antes de que tuvieran tiempo para huir, les disparó. Sandra cree que el arma estaba cargada de balas de goma. Justamente, durante las protestas de 2019 y 2021, los policías del ESMAD usaron “munición menos letal”, pero no inane. Una de ellas, de otro tipo, fue la que mató a Dilan Cruz en noviembre de 2019 e incendió al país. Sandra tuvo esa noche 11 impactos en casi todo el cuerpo: el ojo, el cuello, el seno, la costilla, el estómago, la vagina, la pelvis. Sara fue herida aún peor. Recibió un impacto de bala en el ojo izquierdo. Nunca más volvió a ver a través de ese ojo.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos a Guavita el 25 de agosto de 2023. Además de tentativa de homicidio, le acusa de abuso de autoridad por acto arbitrario y lesiones personales con incapacidad para trabajar. De acuerdo con el ente acusador, el comportamiento de los policías liderados por el intendente causó que Sandra recibiera una incapacidad de 15 días.

Un médico determinó que a Sara el disparo le generó una “deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente y perturbación funcional de órgano de la visión de carácter permanente”. El doctor tenía razón: su tía Ingrid Pérez cuenta a El PAÍS que un cirujano extrajo en octubre de 2023 el ojo izquierdo de Sara. Lo reemplazó con una prótesis. Como ella, al menos 103 personas perdieron uno de sus ojos entre abril y junio de 2021 durante las manifestaciones contra el Gobierno de Duque, según la ONG Temblores.

Las amenazas

Madre e hija alegan que el abuso policial no terminó esa noche, con ellas cubiertas de sangre, tiradas en la calle bogotana. Apenas era el comienzo. Al ver que estaban gravemente lesionadas, varios transeúntes las auxiliaron. Las subieron a un taxi que las llevó a un centro médico cercano. Los policías no las dejaron ir en paz. Sandra asegura que dos agentes del ESMAD, empuñando sus armas, las persiguieron hasta la clínica, donde finalmente desaparecieron. Volverían a aparecer una y otra vez las siguientes semanas.

Al día siguiente, Sara fue operada del ojo en el Hospital Simón Bolívar. Mientras se recuperaba, su mamá se encargó de llevarla de cita médica en cita médica y de poner todas las denuncias posibles. “Denuncié ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, aseguró el pasado 20 de mayo ante un juez de la Justicia Penal Militar. También habló con algunos de los noticieros más importantes de Colombia. Ante la brutalidad de la historia, el caso se hizo viral. Según Sandra, a varios agentes de la Policía eso no les agradó.

Dice que empezó a recibir amenazas casi diarias. “Cuando llevaba a mi hija a controles, a otra cirugía o a Medicina Legal, la Policía siempre estaba presente tomándonos fotos. Rondaba nuestra casa 24 horas”, recordó en la diligencia judicial. También aseguró que la llamaban constantemente desde números privados: “Si seguía hablando me matarían y me dejarían la boca llena de moscas. Decían que ya sabían que tenía una hija menor y sabían dónde era mi casa, que violarían a mi hija menor. Que a la otra hija le sacarían el otro ojo. Que me quedara callada. Que ya sabe cómo mueren los sapos”.

Asustada, le solicitó protección a la Fiscalía. Unos días más tarde, un policía apareció en la puerta de su casa y le pidió que firmara un documento, presuntamente porque era el encargado de brindarle seguridad. Sin embargo, Sandra cuenta que lo revisó y encontró que el documento no era una medida de protección en contra de los policías, sino que daba protección por violencia intrafamiliar. La mujer rayó la hoja y expulsó al uniformado de su casa. Las amenazas siguieron.

Habían pasado casi dos meses y Sandra todavía recibía mensajes intimidantes por redes sociales: “Nos insultaban. Nos decían terroristas, vándalas”, declaró ante el juez. Una noche, mientras estaba viendo televisión con sus dos hijas, dice que les apuntaron con un láser desde la calle. Entraron en pánico y se protegieron en el piso. Sandra llamó al portero de su edificio, quien le dijo que no había nadie afuera. Pocos días después, alguien rompió los vidrios de su apartamento. Fue la gota que derramó el vaso. Sandra y sus hijas no podían más. Decidieron irse de Colombia.

La huida

El 18 julio de 2021, dos meses y medio después de la agresión, Sandra, Sara y su hermana menor se subieron a un taxi rumbo a su nueva vida. Alegan que un carro azul y una moto las persiguieron durante el viaje al aeropuerto. En el camino, pararon en la casa de Ingrid, tía de las niñas. Sandra dejó allí un computador con toda la información de las múltiples denuncias que había hecho. Horas más tarde, estaban en un avión dirección a Europa, donde, tras pedir estatus de refugiadas, siguen hoy. Ingrid ahora pasó a ser la amenazada.

En entrevista telemática con este diario, ella cuenta que empezó en octubre de ese año a investigar el caso. Se dedicó a recoger videos, testimonios y documentos. Dos meses después, en diciembre, presentó sus hallazgos en un evento organizado por Amnistía Internacional en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Asegura que cuando iba saliendo, un hombre la paró y le amenazó de muerte: “Calladita se ve más bonita. ¿O es que se quiere morir?”. Su vida nunca volvió a ser igual.

Dice que se encerró en su casa durante meses. Que recibía llamadas muy parecidas a las que le hacían a su hermana. Que agentes de la Policía llegaron a su casa seis veces con el pretexto de hacerle firmar documentos relacionados con el caso. Que sufría ataques de pánico. Que no aguantaba lo que estaba viviendo. Que estaba llena de miedo cuando, el 12 de julio de 2022, hizo lo mismo que había hecho un año antes su hermana: huyó de Colombia con su hijo de 11 años y pidió auxilio en Europa. Ahora eran cinco las que habían salido de Colombia por las amenazas de la Policía. Todas siguen hoy allí. Y quieren que se haga justicia.

Los casos

En este momento existen dos casos abiertos en la Justicia por lo que les pasó a Sara y a Sandra. Uno está en la Justicia ordinaria, ya bastante avanzado. El Juzgado 52 penal del circuito de Bogotá ha aceptado la imputación de cargos que hizo la Fiscalía contra el intendente Guavita. La audiencia preparatoria del juicio estaba agendada para el 29 de abril, pero se aplazó al 22 de agosto.

El otro está en la Justicia Penal Militar, y aunque está mucho más atrasado, le preocupa a la familia por la posibilidad de que termine primando entre los dos. Documentos legales revelan que esa jurisdicción inició el caso apenas el 6 de octubre de 2023, cuando la Justicia ordinaria ya había acusado a Guavita. Según Ingrid y la abogada del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes que representa a Sara y a Sandra, Diana Mateus, la Justicia Penal Militar avanza sin que las víctimas se lo pidieran. Las mujeres temen que el objetivo sea asumir la competencia y “desestimar el caso”. Efectivamente, según El Espectador, el pasado 8 de marzo el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar y Policial pidió al juez de la Justicia ordinaria que lo pasara a la Penal Militar. Allí todavía está en indagación preliminar, la primera fase del procedimiento. Sandra dio sus primeras declaraciones allí el pasado 20 de mayo.

Por videollamada, Ingrid afirma que han sido años muy difíciles, especialmente para Sara. Más de tres años después de la agresión, ella sigue yendo a terapia: “Está tratando de entender qué es vivir sin un ojo y con una prótesis”. Sin embargo, ha seguido adelante pese a todo: vive sola, ha aprendido un idioma nuevo y está estudiando premedicina en la Universidad.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.