La CIDH, tras su visita a Colombia: “El largo conflicto armado ha consolidado una cultura que normaliza la violencia”

Poco y mucho ha cambiado en Colombia entre la visita de alto nivel que realizó hace 12 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la que hizo esta semana. Las conclusiones preliminares del organismo internacional, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), son mayormente negativas tras cinco días en los cuales seis de los siete comisionados recorrieron el país. La “insuficiente” implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la persistente desigualdad y varios fenómenos recientes, como el surgimiento de nuevos grupos armados y la crisis migratoria en el Darién, han contribuido a que se mantengan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “El largo conflicto armado ha consolidado una cultura que normaliza la violencia”, ha remarcado la Comisión la tarde de este viernes en una rueda de prensa en Bogotá.

La violencia de los grupos armados ha sido un capítulo central de las declaraciones. “La reconfiguración del conflicto armado sigue socavando la seguridad, el desarrollo y el disfrute de los derechos humanos en el país”, ha comentado el vicepresidente de la CIDH, el mexicano José Luis Caballero, en referencia al “alarmante número de asesinatos, amenazas y hostigamientos” de líderes sociales y al copamiento de los territorios que ocupaban las extintas FARC por parte de nuevos grupos. Según ha explicado la secretaria ejecutiva adjunta, la colombiana María Claudia Pulido, los entrevistados coincidieron en que una de las diferencias tras 12 años es que las nuevas organizaciones criminales ya no son actores “ideológicos o políticos”, sino que tienen intereses exclusivamente económicos. “Es otro conflicto, pero la violencia es la misma”, ha subrayado.

Para la CIDH, existe “una descoordinación brutal” en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC. Lo encontraron tanto en el Gobierno nacional y los órganos de control como en los departamentos y los municipios. “El Estado colombiano debe tener una mirada de más altura, que vaya más allá de la polarización”, ha resaltado Caballero, que ha cuestionado los “ataques” entre los poderes públicos y ha agregado que los recursos no llegan a los territorios. “Las personas entrevistadas en diferentes regiones del país dieron cuenta de la angustia, la zozobra y el dolor ante este clima de violencia, frente al control territorial y la obligada convivencia con grupos armados ante el histórico abandono del Estado”, ha enfatizado.

Sin embargo, la CIDH también ha reconocido algunos puntos positivos. En particular, ha destacado que el Gobierno de Gustavo Petro ha mostrado su “voluntad expresa” de implementar el Acuerdo de Paz. Entre los logros mencionados se encuentran la expedición de una nueva política de drogas que es menos prohibicionista y la creación del Ministerio de la Igualdad y de una Jurisdicción Agraria. Asimismo, la Comisión ha enfatizado en que el Ejecutivo le dio todas las garantías para realizar la visita. “No tuvimos ni el más mínimo mensaje que pudiera desmotivar nuestro propósito de encontrarnos con todas las voces”, ha remarcado Caballero.

Otras problemáticas

La comisionada Andrea Pochak, de Argentina, se ha referido a la crisis humanitaria que enfrentan los migrantes que cruzan la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. “La gente tiene hambre, la gente sufre violencia y extorsiones. Lo que advierte la Comisión es una ausencia del Estado, que no está prestando ayuda humanitaria”, ha comentado. El flujo migratorio en el Darién es cada vez mayor, según datos de la Defensoría del Pueblo: pasó de 248.284 personas en 2022 a 520.085 en 2023.

Otro capítulo fue el de las cárceles, cuya situación llevó a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en 1998. La CIDH concluyó, tras visitar tres prisiones esta semana, que “persisten condiciones de detención inaceptables”. “El Estado debe atender problemáticas urgentes como el hacinamiento provocado, entre otros factores, por las demoras judiciales para otorgar liberaciones anticipadas, la existencia de infraestructuras inadecuadas, la falta de agua potable y energía, la alimentación de mala calidad e insuficiente, y la deficiente atención de salud”, se lee en el comunicado.

También se ha verificado “un sostenido clima de violencia” contra los periodistas. “Se observa una hostilidad hacia la prensa desde vocerías oficiales a nivel nacional, departamental y local”, añade el texto. Según ha explicado el relator especial para la Libertad de Expresión, el colombiano Pedro Vaca Villarreal, preocupan especialmente los hostigamientos de los grupos armados a periodistas en los territorios. “Hay fuertes fenómenos de autocensura, la prensa local sabe más de lo que dice”, ha comentado. En 2022, la Federación Internacional de Periodistas contabilizó cuatro periodistas asesinados en Colombia y ubicó al país entre los seis más peligrosos para ejercer el oficio.

“No hay valor en buscar culpables”

La Comisión ha evitado comparar la implementación del Acuerdo de Paz durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) y el de Petro. “No hay valor en la fragmentación continua y en el finger pointing [buscar culpables]”, ha comentado el comisionado guyanés Christopher Bulkan durante la rueda de prensa. “Lo que es claro es que hay una ausencia del Estado y que tiene que haber paz”, ha añadido. Según el comisionado, las personas entrevistadas no criticaron a un Gobierno en particular. “Para ellos no es algo político, es un problema material y socioeconómico. Esta situación es parte de una inequidad histórica y, en lugar de apuntar con el dedo y de culpar, lo que hay que hacer es un compromiso con la paz y el desarrollo”, ha señalado.

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