El Estado colombiano rinde cuentas sobre las violaciones de derechos humanos a personas LGBTI

No importa cuándo lea esto. Las personas LGBTI siempre están en riesgo. En Colombia, cada día 10 personas son amenazadas y hostigadas por su orientación o su identidad sexual, según datos de la Corporación Caribe Afirmativo, que este miércoles hará parte de la primera audiencia en la que el Estado rendirá cuentas sobre sus acciones para proteger a esta comunidad.

La audiencia coincide con la conmemoración del Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que cada 17 de mayo recuerda la lucha por la igualdad y la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en la sociedad. A Colombia no le basta con tener una robusta legislación a favor de la población LGBTI porque sigue fallando en proteger sus vidas.

El año pasado hubo 148 homicidios, según el monitoreo de medios y datos oficiales contrastados por Colombia Diversa. Las principales víctimas fueron los hombres gays y las mujeres trans, pero todos sufren violencia: las mujeres lesbianas, los hombres bisexuales, las mujeres bisexuales, los hombres trans. Este miércoles el Estado, representado en varios ministerios, la Fiscalía y la Policía, deberá decir cuál es su plan para detener esta persecución y evitar más muertes. La Defensoría del Pueblo presentará ante el Gobierno un informe sobre la violencia por prejuicio que sufren las personas LGBTI y dará recomendaciones al Estado para que frene con una violencia que se lleva vidas.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, dice que no solo preocupan los asesinatos. Los hostigamientos también son violencia contra la comunidad LGBTI. Castañeda cita las cifras de la Fiscalía para señalar la gravedad del problema: en todo 2022, hubo más de 3.000 denuncias formales por amenazas. Es un problema que necesita atención urgente porque en Colombia las advertencias de muerte se cumplen. A Dania Sharith Polo, conocida en el Carmen de Bolívar como La Pola, la asesinaron unos meses después de que en su pueblo circulara un panfleto firmado por el Clan del Golfo que anunciaba un “exterminio” a las personas LGBTI del municipio. La Pola estaba entre los objetivos. Había sido declarante ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, y su voz fue fundamental para el reconocimiento del colectivo LGBTIQ+ como sujeto de reparación colectiva ante la Unidad para la atención y reparación integral de víctimas en el año 2020.

La Pola fue víctima de un atentado el pasado 30 de abril, cuando entraba a su casa. Un hombre le disparó a quemarropa y huyó. Ella murió tras 12 días de estar en una UCI. Su crimen se pudo evitar. La Defensoría del Pueblo había lanzado una alerta en diciembre del año pasado en la que advertía que el Clan del Golfo estaba imponiendo su dominio sobre los liderazgos sociales, comunitarios, comunales, juveniles y personas defensoras de derechos humanos, entre esas líderes LGBTI, como La Pola. La Defensoría decía concretamente que había amenazas directas que estaban provocando desplazamientos. “En algunos municipios acuden a bandas delincuenciales locales para que ejecuten las acciones, lo que dificulta a las autoridades establecer un vínculo directo con esa estructura delincuencial”, advertía la entidad.

Las organizaciones de derechos humanos que participarán en la audiencia con el Gobierno este miércoles recordarán la historia de esta líder, que hizo más que el Estado por la comunidad. Caribe Afirmativo la describe como “una compañera amorosa, colaboradora, creativa, innovadora, amante de las actividades de manualidades y la lectura”. Cuentan que solo tenía una sencilla petición: “Queremos pertenecer a la sociedad como lo que somos: seres humanos”, se le escucha decir en un video conmemorativo del 8M.

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