Marco Rubio, ¿y la corrupción en Colombia?

Cuando un Estado es incapaz de resolver un problema de cualquier índole, no es inusual que solicite ayuda a otros países para hacerlo. La historia está llena de ejemplos, desde las guerras de los griegos hasta la Segunda Guerra Mundial. La OTAN es un claro resultado de la cooperación militar entre naciones. Del mismo modo, este conflicto dio origen a instituciones como la ONU, donde el mundo entero debate sobre sus crisis y dilemas políticos, además de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Pero no vayamos más allá de nuestro propio país. Hace 101 años, Colombia recibió la misión Kemmerer en su recorrido por Latinoamérica, lo que permitió la creación del Banco de la República, una institución clave en el fortalecimiento de nuestra economía, y la Contraloría General de la República. O el respaldo de la Universidad de Harvard durante la Constituyente, cuando el profesor Philip Heymann asesoró a la Comisión de Justicia, presidida por Fernando Carrillo, en la creación e implementación del sistema penal acusatorio y la consolidación de la Fiscalía General de la Nación.

La extradición de criminales de alta peligrosidad y difícil manejo interno, como Carlos Lehder, los hermanos Ochoa o los Rodríguez Orejuela, ha aliviado la carga del sistema judicial colombiano, permitiéndole enfocarse en casos que sí puede gestionar. Nuestro frágil sistema penal y carcelario simplemente no tiene la capacidad de procesar eficazmente ciertos criminales con sus enormes redes de poder.

Personalmente, creo que la corrupción en Colombia es uno de los mayores males que nos afectan, si no el peor de todos. Como muchos problemas estructurales, comienza en las altas esferas, y en gran medida, en el Congreso y el ejercicio de la política. Desde allí, se filtra a los antiguos auxilios parlamentarios, que con el tiempo han cambiado de nombre en nuestro eterno juego de eufemismos, hasta materializarse en contratos recientes como los de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Luego, la corrupción se extiende a las gobernaciones, a las asambleas, a las alcaldías y a los concejos municipales. Allí, el cohecho de Yidis Medina en su época es hoy una práctica cotidiana.

No hay Fiscalía, Contraloría ni Personería que frene los contratos que los alcaldes otorgan a los concejales a cambio de votos en debates clave sobre presupuestos, planes de ordenamiento territorial o impuestos. La corrupción es un cáncer que debilita nuestra democracia y no hay bala de plata para combatirla.

En ocasiones, son otros países los que, al proteger sus propios intereses, terminan influyendo en gobiernos que no siempre miden el impacto de sus decisiones. Hace unos días, circuló en X una noticia, cuya veracidad aún es incierta, según la cual el recién posesionado secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habría manifestado su intención de “observar con especial atención las votaciones en el Congreso colombiano que atenten contra las instituciones, el funcionamiento de la economía o que busquen beneficios personales indebidos”. Se mencionaba que los congresistas involucrados podrían perder su visa de por vida, lo que además les impediría viajar a otros países aliados de Estados Unidos.

De ser verídica, esta medida afectaría no solo a los congresistas, sino también a los funcionarios con los que interactúan, incluidos sus testaferros. (¡Estoy soñando!). La supuesta propuesta de Rubio sería un golpe trascendental en un país como Colombia, donde el saqueo del erario es tan repudiado que permitió que un candidato casi desconocido como Rodolfo Hernández, de la Liga Anticorrupción, llegara a disputar la Presidencia y luego se probará judicialmente su participación en hechos de corrupción como gobernador.

Considero que, como país, deberíamos acoger esta nueva forma de sanción social. En Colombia, rige la lógica de “hecha la ley, hecha la trampa”. Hace algunos años, el exsenador apodado El Negro Martínez declaró con cinismo: “¿Para qué meterse con el narcotráfico y arriesgarse a la extradición, si robando los entes regionales, a lo sumo, lo máximo que puede pasar es recibir unos pocos años de casa por cárcel y luego salir a disfrutar de la fortuna?”. Dicho y hecho.

Esperemos que medidas de sanción social y que afecten, por ejemplo, el bolsillo y vida social de los corruptos no sea solo un rumor de las noticias falsas, sino una política real. Un cambio de este tipo transformaría el comportamiento de quienes hoy derrumban éticamente la democracia y el Estado.