Auge de homicidios y reducción de hurtos: la seguridad en la Bogotá de Carlos Fernando Galán

A mediados de enero, un delincuente le disparó tres veces a un abogado que caminaba con su mascota por el barrio Chapinero Alto, en el oriente de Bogotá. El episodio, por el que la víctima se encuentra en estado crítico, sobresalió entre los miles de hurtos y cientos de homicidios que se registran cada mes en la capital de Colombia. Lo hizo por varios factores: fue a plena luz del día, fue en uno de los barrios más pudientes y los hechos quedaron registrados en un video impactante. Los medios de comunicación difundieron las imágenes y el alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó. “La Policía tiene instrucciones claras de proceder con mayor rapidez y contundencia. Bogotá espera resultados pronto”, escribió en X. Para entonces, ya se había propagado el pánico mediático ante la problemática de fondo: los homicidios crecieron un 11% en 2024 y llegaron a 1.204, la cifra más alta en ocho años.

Estos números son un duro golpe para la Administración de Galán. El mandatario de centroderecha, que ganó con una diferencia de casi 30 puntos porcentuales en las elecciones de 2023, hizo campaña con el lema Bogotá camina segura y puso el combate contra el delito como una de sus principales banderas. Después, al llegar a la Alcaldía, su Plan Distrital de Desarrollo estableció la meta de bajar la tasa de homicidios de 13,7 por cada 100.000 habitantes a 8. Para Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, es “un reto enorme” si se tiene en cuenta que la cifra ahora subió a 15, impulsada por la creciente conflictividad entre bandas criminales. “Nadie se había planteado una meta de esas dimensiones, pero estamos muy lejos. Implica que no mueran más de 700 personas por año y en 2024 murieron 1.200. Necesitamos reducir la cifra a casi la mitad”, comenta por teléfono.

Los datos de la Secretaría de Seguridad también muestran incrementos significativos en las extorsiones (64%), los delitos sexuales (34%) y la violencia intrafamiliar (16%). Por otro lado, hubo mejoras notorias en los hurtos: bajaron, por ejemplo, de 159.000 a 130.000 en la categoría de personas (-18,2%) y de 8.200 a 6.000 en la de residencias (-26,6%). Mariño explica que esto tiene efectos positivos en la percepción ciudadana de inseguridad, que se redujo de 52% a 48% en las últimas mediciones de la organización que dirige. Sin embargo, enfatiza que los homicidios no dejan de ser preocupantes. “No tienen tanto peso en la percepción porque son muchos menos, pero son el indicador por excelencia para entender las condiciones de seguridad de una ciudad. No dependen de denuncias, son un dato objetivo”.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, comenta en una entrevista en su despacho que es importante contextualizar que casi la mitad de los homicidios son sicariatos por las disputas territoriales entre bandas criminales y que más del 60% de las víctimas tenía antecedentes judiciales. “Explicar no es justificar”, aclara. Después, asegura que el incremento del último año tiene que ver con que la Alcaldía redoblara sus acciones contra las estructuras delictivas, con 300 cabecillas capturados. “Hay dos formas de bajar la tasa: acordar con los criminales para que no sean violentos [a cambio de dejarlos mantener sus negocios delictivos] o desmantelando el crimen, golpeándolos. Nosotros no vamos a hacer acuerdos criminales, así que fuimos a la ofensiva”, dice. Según explica, los golpes de la fuerza pública contra una banda implican que luego las rivales aprovechen esa debilidad para disputar el territorio.

El funcionario comenta que en los últimos meses han reforzado las acciones policiales en las áreas en las que identificaron las reacciones violentas de las bandas. Asegura que esta focalización ha dado frutos: el número de homicidios alcanzó su pico en septiembre y va en descenso desde entonces. Asimismo, afirma que las extorsiones han subido porque los ciudadanos denuncian más que antes. “Nosotros dijimos desde el primer día que era un problema bien berraco y que necesitábamos que la ciudadanía denuncie. Tener cifras verdes [positivas] no sirve si no reflejan la realidad [por un subregistro]”, dice. Tampoco descarta una teoría que el concejal Juan David Quintero, aliado de la Alcaldía, aporta por teléfono: puede que los grupos criminales estén buscando nuevas fuentes de financiamiento ante la pérdida de ingresos en el microtráfico.

Desacuerdos en el diagnóstico

La oposición tiene otras interpretaciones. El concejal Julián Uscátegui, del uribista Centro Democrático, dice que la situación es “al revés” de lo que describe Restrepo. Considera que las bandas no han incrementado la violencia entre sí por las acciones de la Alcaldía, sino porque están más fuertes. “Tienen más presupuesto para contratar sicarios, más capacidades para asesinar. Y están en libertad de hacerlo porque saben que no les va a pasar nada”, asegura por teléfono. Cuestiona, además, que la Alcaldía no le haya respondido a una solicitud de información sobre cuáles son exactamente las estructuras que se están desarticulando —mantienen el inventario en la confidencialidad— y señala que, más allá de las bandas, hay una propagación de bares irregulares que fomentan las riñas en las madrugadas. En cuanto a la disminución en los hurtos, considera que es “muy leve” y que no hay que celebrar que siga siendo “supremamente alta”.

Los expertos también dudan de que el aumento de los homicidios se deba a las acciones de la Alcaldía. Mariño, de Bogotá Cómo Vamos, comenta que el Distrito tiene poco margen de maniobra en estas disputas. “Ojalá la institucionalidad en Bogotá tuviera capacidad de generar un desorden entre ellas. Creo que tienen más control las organizaciones que la misma Policía”, dice. Hugo Acero, experto en temas de seguridad y secretario de esta cartera en la Alcaldía de Claudia López, coincide. Agrega que no se puede suavizar el número de muertos con el argumento de que muchos son delincuentes. “Uno no puede caer en la tentación de decir que no importa porque se matan entre delincuentes. El Estado tiene la obligación de garantizar la vida”, dice por teléfono.

Todas las personas consultadas concuerdan en una cosa: cualquier aumento, dicen, no se debe únicamente a lo que haga el Distrito. Acero explica que la violencia “es cada vez más estructural, más empresarial” y que las bandas se articulan con las del resto del país, donde cree que el Gobierno nacional actúa como “un espectador” de las actividades criminales. Algo similar opina el concejal Quintero: “El país no pasa por un buen momento de orden público y eso se ve reflejado en Bogotá”. Su colega Uscátegui, opositor tanto del presidente Gustavo Petro como de Galán, coincide. “La política de paz del Gobierno ha fracasado y es lógico que esto repercuta en la capital. Hay 72 estructuras criminales en Bogotá que en gran parte dependen de grupos armados como el ELN o el Clan del Golfo. Reciben drogas, armas y formación”, explica.

Posibles soluciones

Las opiniones sobre cómo enfrentar la problemática también varían. Uscátegui enfatiza que hay que aumentar el pie de fuerza policial —Bogotá tiene 16.500 de 28.000 que debería tener, según la Secretaría de Seguridad—. El opositor reclama el apoyo del Gobierno nacional para ello y pide al Distrito destinar más recursos a comprar cámaras y vehículos. “La Secretaría está desfinanciada y está muy lejos de poder invertir lo que se necesita”, cuestiona. Para él, también hay que articular mejor a la Policía con la seguridad privada, contratar a veteranos de la fuerza pública en los equipos de gestores de convivencia que supervisan eventos masivos y restringir el consumo de drogas en zonas calientes.

El secretario Restrepo también señala que el pie de fuerza es muy reducido, pero dice que el Gobierno “no tiene planes para cubrir ese déficit” y que es mejor concentrarse en focalizar las acciones policiales en las áreas de mayor incidencia criminal. El exsecretario Acero, por su parte, subraya que la gestión anterior logró bajar los homicidios pese a las limitaciones, y dice que la prioridad debe estar en “poner a trabajar a todo el mundo”: reclama más evaluaciones del desempeño de los alcaldes locales y de los comandantes medios de la Policía. El concejal Quintero, en tanto, considera que el Gobierno nacional debe sumar más jueces y fiscales ante “una congestión judicial monumental”. Enfatiza que hay que ser más eficientes en castigar a los delincuentes para desincentivarlos de cometer delitos.