Colombia temeraria

Somos testigos de un acto de irresponsabilidad legislativa de proporciones bíblicas, que se propone, a lo largo de los próximos 10 años, quitarle casi la mitad de los ingresos al Gobierno y pasárselos a los departamentos y municipios.

El episodio de repartir dinero que no hay entre departamentos y municipios ya lo vivimos en los años noventa. Fue una de las principales causas de la llamada crisis de fin de siglo. Ahora, de la mano del Congreso de la República y con la anuencia tácita del presidente Petro y la expresa del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estamos abocados a revivir un experimento social más, con temerarias consecuencias.

Parece que no tuviéramos suficiente con los experimentos de salud, pensiones, laboral, vivienda, infraestructura, gas, electricidad, petróleo y jurisdicción indígena a los que nos ha llevado el actual Gobierno. Ahora ensayaremos la senda de insostenibilidad fiscal a causa de duplicar las transferencias territoriales.

La serie de eventos que se desatarían ya la vivimos entre 1991 y 1999. Como los congresistas actuales son jóvenes, no leen historia, les aburre la aritmética y les parece poco chévere la contabilidad presupuestal, quieren adoptar la misma filosofía inviable que inspiró a los constituyentes de 1991 a distribuir plata que no había.

En los años noventa esa promesa de ingresos futuros consagrada en la nueva Constitución llevó a los alcaldes y gobernadores a acudir a los bancos y obtener créditos, en una especie de multiplicación de los panes y los peces. No sólo se proponían a gastar los mayores ingresos que les enviaba el Gobierno Nacional, sino que se endeudaron contra los ingresos de los siguientes mandatarios.

Esto condujo a que un sinnúmero de municipios y departamentos adoptaran compromisos de gastos que terminaron en una crisis fiscal. De contera, se contribuyó a la crisis bancaria a final de los años noventa.

El Gobierno Nacional de ese entonces debía transferir casi la mitad de los ingresos a las regiones, pero se mantuvo en cabeza suya los intereses de la deuda pública (que hoy son cerca de 4 % del PIB), el pago de hueco pensional (hoy más de 4 % del PIB), el creciente costo del sistema de salud (que pronto puede llegar a 7 % del PIB), el costo de las Fuerzas Armadas, las vigencias futuras de infraestructura, el sistema de justicia, en fin, la suma de gastos inflexibles que consumen cerca del 95 % del presupuesto nacional.

En síntesis, ahora se busca mantener a la nación sobre-cargada de gastos, pero entregar casi la mitad del recaudo por impuestos a los departamentos y municipios. Eso no es viable. En ese entonces hubo una crisis fiscal generalizada, además de la crisis bancaria y de vivienda, la crisis financiera de las familias, que vieron perder los ahorros de toda la vida ligados a la vivienda, y las quiebras empresariales. El resultado fue la primera caída del PIB colombiano en setenta años.

En ese entonces, ante la recesión, cayó también el recaudo tributario, y con él los ingresos corrientes. Siguiendo la norma constitucional, se entregaron menos recursos a los entes territoriales. Sólo en ese momento los alcaldes y gobernadores se dieron cuenta que quebrar al “papá nación” tiene consecuencia graves cuando se vive de sus ingresos.

Esa fue la razón por la cual en 2001 se adoptó, en conjunto con ellos, una reforma que le aseguraba un crecimiento estable los recursos de los departamentos y municipios, y se los desataba de los ingresos del gobierno central. Es lo que se conoce como el Sistema General de Participaciones (SGP).

Como la Constitución de 1991 asignó tantas responsabilidades al Gobierno Nacional para crear un “Estado del Bienestar”, o “Estado Social de Derecho” en nuestra terminología local, desde entonces ha sido necesario hacer una reforma tributaria tras otra para pagar por todo lo prometido.

De dónde más iban a salir los recursos para solventar los déficit asociados a la salud universal, la educación universal, las pensiones desfinanciadas, la ampliación de las Fuerzas Armadas, los compromisos para carreteras, aeropuertos, acueductos, cambio climático, desastres naturales, entre otros.

Ahora bien, coincido en que a Colombia hay que descentralizarla. Pero eso no puede pasar por antes quebrarla. Cálculos preliminares indican que, si se aprueba esta reforma constitucional, el gasto del gobierno nacional subiría en cerca de 4.5 % del PIB a lo largo de los próximos diez años.

Eso no saldría de endeudarnos más, pues ya los compradores de bonos están alarmados con la situación fiscal en la que nos han embarcado los últimos gobiernos, y tienen a la deuda pública en cerca del 60 % del PIB. Los bonos del Gobierno están castigados y a las tasas de interés que debe pagar la nación están en máximos históricos. Las agencias internacionales de calificación tienen el gatillo puesto en posibles bajas a Colombia.

Hay poco margen de maniobra para embarcarnos en una senda temeraria como la que amenaza esta reforma. No obstante, su trámite en el Congreso ya superó cinco debates. ¿A qué juegan el ministro Juan Fernando Cristo, el presidente Gustavo Petro y el Congreso?

Dice el ministro Cristo que esto no tendría efecto fiscal porque se pasarían tanto ingresos como gastos. De ser eso cierto, se haría una “descentralización de ventanilla”, en la que meramente se cambia de pagador, pero sin aportar recursos frescos y de libre destinación a los entes territoriales. Eso no es lo que tienen en mente los defensores de la reforma. El ministro se engaña.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el director del DNP, Alexander López, se habían manifestado en contra pero recularon, pues el presidente Petro aparentemente dijo que con tal de que esto se aplicara luego del 2027, que la reforma podía proseguir.

Pero no es el caso de sus técnicos. El viceministro de hacienda Diego Guevara Castañea, la subdirectora del DNP, Elizabeth Cristina Correa Soto, y el director de la Comisión Autónoma de la Regla Juan Sebastián Betancur, valientemente han formado sendos documentos técnicos en los que dan muchos argumentos en contra de esta reforma.

Sin ese aval técnico sería posible que se cayera en la Corte Constitucional. Eso, por su puesto, si el próximo año la Corte sigue aun siendo el bastión de seriedad que ha sido hasta ahora. Si su composición cambia hacia el progresismo irresponsable, cualquier cosa puede pasar.

A Colombia hay que descentralizarla a través de crear nueva economía donde hoy no la hay, que es justamente en sus regiones, empobrecidas por décadas de un modelo económico urbanista y centralista. Curiosamente, Brasil, Chile, México y Argentina han encontrado formas de crear bonanzas exportadoras agropecuarias que han traído progreso al campo; ese tipo de milagros han sido escasos en las regiones colombianas, en buena parte por la liberalidad que se ha dado a todos los malos que medran en nuestros campos ahuyentando a campesinos y empresarios.

El desarrollo minero ha sido una fuente importante de recursos para las regiones de Colombia, a través de las regalías, pero los departamentos y municipios, que tanto necesitan dinero fresco, dejan sin ejecutar decenas de millones de pesos que duermen en los bancos.

Si la desesperación financiera es tal, sería mejor cambiar el sistema de regalías, y transferir directamente esos recursos a las regiones, para su gasto corriente, en lugar de esta destrucción del Sistema General de Participaciones, y de la sanidad fiscal y económica del país. Si esto prosigue su curso y se hace realidad, apague y vámonos.