El gota a gota, epidemia curable

El 7 febrero de 2019, Paola Moreno Cruz se lanzó al vacío desde un viaducto en Ibagué hacia una caída de cien metros, con Nicolás, su hijo de diez años. La causa fue la presión que ejercía un usurero del gota a gota. Fueron en vano los esfuerzos de una psicóloga y varios agentes de la Policía. Nicolás le rogaba a su mamá que no saltaran. Nada pudo disuadir a esta madre soltera de 32 años.

El 13 de junio de 2024, Giovanny Russi denunció amenazas por un préstamo de cinco millones de pesos que adquirió a raíz de una emergencia. Al pagar le dijeron que debía 15 millones. Cerró su almacén, pues las amenazas incluyeron a su familia, su vivienda y los empleados. Pensaba que realmente venían por su empresa y su casa.

A Yesid la vida se le volvió un infierno. Pidió prestados 200 mil pesos por ocho días, con 40% de interés. Pero las condiciones cambiaron una vez los recibió. El plazo bajó a cinco días y, pasados tres, lo empezaron a amenazar y a difamar ante los contactos guardados en su celular. Enviaron una foto de su cédula con la imagen de un niño con los ojos vendados, donde decía que era un violador de niños. La primera en recibir esa imagen fue su mamá. Para intimidar, los prestamistas usan plataformas que se descargan en el teléfono móvil al recibir el préstamo, lo que les da acceso a los datos guardados en este.

En el barrio La Pradera, al suroccidente de Barranquilla, ocho hombres de la banda de los cobra diario llegaron en moto a una casa, disparando sus pistolas. Con palos y piedras destrozaron puertas, ventanas y electrodomésticos. Cobraban una deuda de 50 mil pesos. La víctima salió con un niño en brazos a esconderse en casa de una vecina. Hasta allí llegó un hombre a golpearla.

Silvia Muñoz tenía un puesto de empanadas en una esquina muy transitada del barrio Quebraditas en Neiva, Huila. Creó una microempresa donde ocupaba a nueve mujeres. Un pariente cayó en coma y, poco después, supo de una deuda familiar con varios acreedores del gota a gota. Tuvo que cumplir “para evitar problemas.” Entonces apareció el verdadero problema. “Cobraron plata que no era. A los que debía un millón cobraron dos; a los que debía 10 millones, pidieron 22.” Asumió 12 millones y terminó pagando 40 millones de pesos.

Alba, madre de dos niños, de dos y tres años, residente del barrio El Triunfo en Pasto, Nariño, recuerda en el medio Turbaco Newa su experiencia: “Venía pagando puntualmente, pero me atrasé y comenzaron a amenazarme”. Colocaron pegatinas en su vivienda con la palabra “moroso” y advirtieron que las consecuencias serían peores si no cumplía con los pagos. Alba teme por su seguridad, la de su familia y pide que cesen las amenazas.

Estas personas cuentan una historia repetida. Un préstamo rápido, sin condiciones, garantías o avales, para el que basta una firma. El dinero se recibe de inmediato y se devuelve en cuotas pequeñas; al menos eso se cree. Pero los altísimos intereses y los plazos cortos cambian de inmediato y el deudor entra en un infierno en el que está a merced de bandas criminales.

Afortunadamente, la Corte Constitucional ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) poner en cintura a esas aplicaciones en línea. En buena hora, el Congreso de la República busca pasar una ley que fortalezca a las cooperativas de crédito. De manera diligente la Fiscalía pide denunciar esos casos. La Policía Nacional muestra en los noticieros a los capturados de una banda de gota a gota. ¿De verdad? ¿Con tan poco esas instituciones acabarán el gota a gota o castigarán sus excesos? ¿Se lo creen la Corte Constitucional, la SIC, la Fiscalía o la Policía?

La verdadera solución, permanente y creíble, es eliminar la llamada “tasa de usura”, que le impide al sistema financiero formal bancarizar y dar préstamos a Paola Moreno, Giovanny Russi, Yesid Rippe, Silvia Muñoz y Alba, y quitárselos al gota a gota.

La causa de esta epidemia del gota a gota es una norma de la Ley 45 de 1990 que limitó los intereses de los préstamos bancarios y definió una “tasa de usura” como el máximo interés que se puede cobrar. Irónicamente, buscaba proteger a los consumidores de abusos. El resultado fue someterlos a los peores abusos imaginables.

Esa tasa máxima impide que la economía formal llegue a la base de la pirámide social, económica y ofrezca alternativas legales y sanas de financiamiento a los hogares y negocios con necesidades.

En contraste a esa solución simple y eficaz, se proponen pañitos de agua tibia como la educación financiera, para que las personas entiendan mejor las opciones de crédito y los riesgos de la usura; incrementar la vigilancia sobre prestamistas informales; el apoyo psicosocial para quienes caen en ciclos de deuda y campañas sobre los peligros del gota a gota. En fin, nos seguimos contentado con frases hechas y acciones insulsas.

El camino al infierno del gota a gota está tapizado de las buenas intenciones. Si los congresistas quieren de verdad sacar a los colombianos de la epidemia social del gota a gota, luego de 34 años de ineficacia y dolor, deben derogar los artículos de la Ley 45 de 1990 y eliminar la tasa de usura. Así de simple, así de rápido. Es algo que funcionó mal para los buenos, y bien para los malos.

Mantener la tasa de usura demuestra falta de inteligencia económica, poca sensibilidad social, e indolencia legislativa y administrativa. Las historias desgarradoras que contamos al principio son reflejo de más de un millón de colombianos sometidos a la epidemia social del gota a gota. Siempre habrá usureros. Pero debemos acabar con el crimen financiero organizado que asola a ciudades y pueblos de Colombia.