El aporte económico de la migración venezolana, una oportunidad que Colombia ignora

Colombia parece no haber dimensionado la oportunidad económica que supone ser el mayor receptor de refugiados y migrantes venezolanos durante el que ha sido considerado el éxodo más grande de América Latina en la época moderna. 5 de cada 10 colombianos no están de acuerdo con acoger a los venezolanos que cruzan la frontera, según datos de la encuesta Colombia Opina de Invamer. Esa preferencia contrasta con las ventajas de recibir a esta población: solo las personas naturales de origen venezolano –sin incluir empresas– generaron ingresos al Estado colombiano por 529 millones de dólares con el pago directo e indirecto de impuestos en 2022. La cifra, sin restar gastos asociados a la regularización, corresponde al 1,9% del recaudo tributario de ese periodo y es comparable con lo que se invierte en la alimentación gratuita para 6 millones de estudiantes de colegios públicos en un año.

El venezolano o venezolana que surte un negocio grande o pequeño de venta de comidas, compra alimentos para el consumo, paga telefonía móvil o tanquea un vehículo, contribuye a impuestos como el IVA, el impuesto al consumo o el de la gasolina. Aquellos que están regularizados, además, aportan al sistema de salud, cotizan al de pensiones si tienen visado de residentes, o incluso declaran y pagan renta.

Los países receptores de migrantes siempre asumen costos de regularización e integración, pero el beneficio a mediano y largo plazo los supera, refiere un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre el impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia. El llamado bono demográfico –el 62% de los venezolanos radicados en Colombia están en edades productivas, más que la población colombiana en general– la dinamización del mercado laboral y la disponibilidad de nuevos talentos son algunos de los beneficios.

En materia de aportes tributarios, por ejemplo, si de los que se obtuvieron en 2022 se descuenta el gasto público destinado a asegurar a los migrantes servicios de educación y salud, queda un excedente de 35 millones de dólares. “Desde donde se mire, el saldo que tiene la migración venezolana en los países que la acogen es positivo. Por ahora no le está saliendo más caro a ningún país atender a los migrantes frente a lo que se recibe de vuelta”, afirma Catalina Arenas, consultora de la firma Equilibrium Social Development Consulting, la cual estuvo a cargo de la investigación.

El análisis, que se había realizado en otros países como Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Panamá, contó con apoyo de la fundación alemana Konrad-Adenauer-Stiftung, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Cámara de empresarios, ejecutivos y emprendedores venezolanos en el exterior (CAVEX). De los 7,7 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país gobernado por Nicolás Maduro, 6,5 millones se han establecido en otros lugares de América Latina. De ellos, cerca de 3 millones están en Colombia.

Los aportes tributarios de la población venezolana son significativos pese a que la mayoría vive del rebusque. El 73% de los que están ocupados son independientes. De ellos, el 98% está en la informalidad. Entre el 27% de los dependientes, que realizan labores bajo alguna supervisión, la informalidad es del 71%.

Arenas considera que los datos desvirtúan prejuicios que asocian la llegada de venezolanos a una competencia con ciudadanos colombianos en busca de empleo. En el país hay 2,5 millones de personas desocupadas. “Uno escucha mucho que en este país no hay empleo para todos. Sin embargo, existen vacantes de difícil colocación, sobre todo de nivel operativo. Se cree que esto solo pasa en Europa y Estados Unidos, pero también ocurre en Colombia porque es mano de obra muy demandante, son trabajos estacionales o en condiciones climáticas muy duras”, señala.

Los migrantes se ocupan principalmente en servicios de alimentos y bebidas, seguidos del comercio al por menor y actividades de construcción. El presidente de la asociación de los bares (Asobares), Camilo Ospina, dice que la contratación de personas venezolanas impacta positivamente a sus agremiados. “Genera diversidad en los equipos de trabajo y de talentos para los oficios del sector. La población migrante venezolana enfrenta circunstancias bastante difíciles y tiene una gran capacidad de adaptación y resiliencia que es muy valiosa en entornos laborales”, subraya. En la economía nocturna, los trabajadores venezolanos devengan en promedio 63.000 pesos (15 dólares) mensuales menos que el resto de nacionalidades, incluyendo a los colombianos. En contraste, trabajan en promedio cuatro horas más por semana, según estadísticas de la dirección de estudios económicos de ese gremio.

El economista Mauricio Reina también destaca el empuje de los migrantes ante el desafío de iniciar una nueva vida. Sin embargo, advierte el riesgo de erosión del mercado laboral por los altos niveles de informalidad. “Si los informales se ofrecen por menos del salario mínimo se genera un desplazamiento del trabajo formal, especialmente de los migrantes que no están regularizados. A la larga, eso deteriora la calidad del empleo y los aportes a la seguridad social”, precisa.

Se calcula que unos 500.000 migrantes de origen venezolano, que han llegado a Colombia después del 31 de enero del año 2021, están sin regularizar. El Permiso de Protección Temporal (PPT), que otorga estatus regular por 10 años y permite trabajar y acceder a servicios de salud y educación mientras logran la visa de residentes, solo se habilitó para quienes se encontraban en Colombia hasta esa fecha.

William Peña es un venezolano de padres colombianos, que migraron a Venezuela cuando ese país representaba una opción de progreso. Con la crisis, dejó su carrera de derecho en busca de un mejor rumbo en Colombia. Empezó trabajando en una pizzería, mientras tramitaba sus documentos. “Era un trabajo muy fuerte de 13 o 14 horas diarias por 35.000 pesos (menos de 10 dólares)”. Luego fue domiciliario y más adelante, con papeles en mano, sacó préstamos para emprender como socio de una plazoleta de comidas que hoy tiene cerca de 50 empleados. “Cuando pagas impuestos, nómina, retenciones, horas extras, liquidaciones, cesantías y todas esas responsabilidades ya no eres emprendedor, eres microempresario”, se enorgullece.

Peña defiende la regularización como una vía para generar condiciones laborales dignas. “Como yo, hay cientos de comerciantes venezolanos, migrantes, hijos de colombianos y no hijos de colombianos, que están haciendo empresa. Hay muchísima gente invirtiendo y apostando mucho a la economía del país”, expresa. Por ahora, solo el 34% de los migrantes cuenta con productos financieros en Colombia. “Mucha gente ha emprendido literalmente con las uñas porque el banco no le presta. Al final el banco deja de ganar intereses, las empresas dejan de vender celulares, el concesionario deja de vender carros”, enfatiza.

El estudio sobre el impacto económico de la migración venezolana calcula un potencial de crecimiento hasta 804 millones de dólares anuales si se alcanza la plena regularización, un 52% más del imgreso actual. “La ganancia individual es ganancia colectiva”, asegura Reina. Miguel Suárez, investigador de la FIP, agrega que “buena parte de la población migrante que ha entrado al país está en edad de trabajar, una buena señal para una sociedad que ha venido envejeciendo y que seguramente va a necesitar el ingreso de nueva mano de obra calificada”.

Que Colombia no haya valorado la oportunidad de aumentar los ingresos del Estado al regularizar a más migrantes venezolanos es una paradoja que aflora cuando el Gobierno busca resolver un déficit de por lo menos 12 billones de pesos (unos 3.000 millones de dólares) en el presupuesto general del próximo año y enfrenta choques para su aprobación en el Congreso de la República.

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