El drama de los exmilitares colombianos detenidos en Rusia tras hacer escala en Caracas: “Ellos no son mercenarios”

“Amor, estamos aquí en Caracas”. Un mapa con la geolocalización del aeropuerto internacional de Maiquetía, donde hacía escala en su regreso a Colombia después de haber combatido varios meses en Ucrania, ese escueto mensaje de WhatsApp y una videollamada de tres minutos que terminó de forma abrupta el 18 de julio a las 5.30 de la tarde fue lo último que supo Cielo Paz de su esposo, José Arón Medina, durante las seis largas semanas en que estuvo desaparecido. Solo hasta el 30 de agosto volvió a tener noticias de su marido, al identificarlo en un video divulgado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la antigua KGB. Junto a su compañero Alexander Ante, otro exmilitar colombiano del departamento del Cauca que luchó en el ejército ucraniano, fueron detenidos y un tribunal de Moscú los acusa de ser mercenarios, lo que puede acarrearles 15 años de prisión.

Qué ocurrió exactamente en esas seis semanas, cuándo y cómo recorrieron los casi 10.000 kilómetros que separan a Caracas de Moscú, siguen siendo cabos sueltos ante el hermetismo de las autoridades venezolanas. Sus familiares no han obtenido respuestas, y su gestión ante la embajada venezolana en Bogotá fue desatendida. Diez días después de su desaparición, el 28 de julio, Venezuela celebró las elecciones presidenciales de las que Nicolás Maduro se ha proclamado ganador sin mostrar ninguna evidencia creíble de ese resultado. Rusia es uno de los pocos países que ha reconocido la reelección de Maduro. También fue un salvavidas financiero cuando el cerco sancionatorio de Estados Unidos complicó la comercialización del crudo venezolano, por lo que el heredero de Hugo Chávez ha correspondido con un apoyo vocal a Moscú con respecto a la invasión de Ucrania.

El aeropuerto de Maiquetía se ha convertido en un agujero negro en el que los servicios de inteligencia venezolanos operan con total libertad, un sitio de tránsito riesgoso en el que ya han hecho varias detenciones en el último año. La aparente extradición de los colombianos ha estado rodeada de misterio. Tanto el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, como el nuevo ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se han referido al caso de un militar estadounidense detenido en Venezuela hace unos días, pero no han dicho una sola palabra sobre los colombianos, un episodio que podría afectar las relaciones entre Bogotá y Caracas en un momento particularmente delicado, cuando el presidente Gustavo Petro insiste en mediar para lograr una salida dialogada de la crisis poselectoral. Ante la solicitud formal de información que realizó Colombia por canales diplomáticos, la Cancillería venezolana respondió que había registrado su ingreso el 18 de julio, y no tenía conocimiento de que estuvieran detenidos en Venezuela.

Mediana y Ante pertenecieron al Ejército colombiano. Después estuvieron varios años dedicados a labores de seguridad en Popayán, la capital del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado. En una conversación telefónica con este periódico, su esposa describe a José Arón Medina, antes de cualquier otro rasgo, como un excelente papá. Tienen dos hijos, uno de 16 años y otra de nueve. “A él le gusta mucho el ejército”, dice al recordar que fue soldado profesional durante cuatro años. Desde entonces, hace ya 15 años, trabajó como guardia de seguridad hasta que aceptó una atractiva oferta económica para ir a Ucrania, donde ganaba 12 millones de pesos mensuales (unos 3.000 dólares). Partió en noviembre y estuvo ocho meses en la guerra, hasta que decidió retirarse. “Dijo que ya había visto a muchos compañeros morir y no iba a arriesgar más su vida, así que decidió regresarse para la casa, pero nunca llegaron”, se lamenta Cielo Paz.

La mujer recibió el video gracias a los compañeros de armas de Medina que siguen en Ucrania, y así fue como los familiares se enteraron de que había reaparecido en Moscú, junto con Ante. La Fiscalía incluso había publicado sus cárteles como desaparecidos. “Desde Caracas no recibimos ni una llamada, no sabíamos qué había pasado, si estaban vivos o muertos; fueron días angustiantes, y hasta ahora no hemos tenido comunicación con ellos”, señala. El martes la llamaron del consulado colombiano en Moscú para informarle que iban a tener un abogado de oficio. A la Cancillería le pide que los ayuden a regresar a Colombia.

Alexander Ante, de 47 años y padre de una niña de cinco, también llevaba cerca de dos décadas retirado del Ejército, después de 13 años en servicio, y era escolta en el Cauca, cuenta su hermano River Arbey. “Se fueron a prestar un servicio directamente con el ejército ucranio”, por invitación del presidente Volodímir Zelenski, subraya. Su hermano se fue de Ucrania después de ocho meses, con la frente en alto y con las puertas abiertas para cuando quisiera volver, defiende. “Ellos no son mercenarios, como los catalogan; mercenarios son los contratados por empresas privadas”, subraya.

En el video que se difundió en Rusia, ambos se identifican como miembros del Batallón de Infantería Número 49, denominado Carpathian Sich. Los soldados del batallón 49, muchos de ellos extranjeros, han luchado en los frentes más duros. Por momentos, la unidad ha quedado muy disminuida, en particular en el invierno europeo, a finales del año pasado. Algunos de sus combatientes han abandonado el frente ante la crudeza de la guerra. “Fue por mucho tiempo ese batallón insignia donde peleaban los colombianos, junto a la legión internacional”, corrobora por teléfono la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, que ha estado desplegada por largas temporadas como corresponsal de guerra en Ucrania. Ella trabaja ahora mismo en un documental sobre los colombianos en el frente, en su mayoría exmilitares que se desempeñaban en labores de seguridad. “Suelen ser gente relativamente joven; muchos de ellos, además del dinero, extrañan su vida militar”, apunta sobre sus motivaciones.

La presencia colombiana se ha hecho notoria desde hace tiempo. Con las filas ucranias diezmadas por los rigores de la guerra, reciben sin reparos a esos combatientes curtidos en uno de los conflictos armados más prolongados del mundo. Con unos 250.000 efectivos, Colombia tiene el segundo ejército más grande de Latinoamérica, después del de Brasil. Más de 10.000 pasan a retiro cada año. Después de la invitación explícita del presidente Zelenski, en febrero de este año, los han reclutado a través de grupos de WhatsApp de exmilitares, pero también por medio de videos en redes sociales. Llegan al país en guerra por su cuenta, como los demás latinoamericanos. Ingresan desde Polonia, cruzan por tierra a Ucrania, que mantiene cerrado su espacio aéreo, pasan por un centro de reclutamiento y atraviesan el país hasta algún frente en el oriente. Eso explica el llamativo itinerario Varsovia-Madrid-Caracas-Bogotá-Cali que compraron Medina y Ante para su regreso, sin reparar en que presentarse en Maiquetía con el uniforme militar ucranio los exponía.

Aunque la Cancillería colombiana no se ha pronunciado públicamente sobre los dos exsoldados presumiblemente extraditados a Rusia por Venezuela, sí ha activado las alarmas frente a los combatientes nacionales en general. Ni Ucrania ni Colombia ofrecen cifras concretas sobre cuántos colombianos libran esa guerra, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reconocido que ha muerto al menos medio centenar en los últimos dos años. También ha reiterado recientemente que “el Gobierno de Colombia no promueve ni facilita la vinculación de ciudadanos colombianos al ejército de Ucrania. Estas decisiones de tipo personal son completamente voluntarias e individuales”. El embajador ante el Reino Unido, el exsenador Roy Barreras, incluso advertía en junio que “quienes se van con la esperanza de ganar un dinero para sus familias, están cayendo muertos como moscas. Lo que les pagan no les alcanza ni siquiera para la repatriación de sus cadáveres. Así que los están usando como carne de cañón”.

El derecho internacional es ambiguo sobre la legalidad de una participación extranjera como la de los colombianos en una guerra como la de Ucrania. La Cancillería y el Ministerio de Defensa colombianos acaban de radicar en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que se apruebe la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. En otras palabras, buscan que en Colombia se prohíba formalmente el mercenarismo, aunque no es del todo claro que los que van a Ucrania caigan en esa categoría, pues combaten en un ejército regular, con pagos y beneficios similares a los ciudadanos ucranios. Kiev los considera combatientes legales. La legislación rusa, por su parte, considera ilegales a los mercenarios, pero al mismo tiempo es uno de los países que más se respalda en empresas privadas y combatientes extranjeros.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.