Dos años de tire y afloje entre el Gobierno Petro y las altas cortes

Una de las banderas que Gustavo Petro ha enarbolado desde que ocupaba una curul en la Cámara de Representantes es la de la independencia de los poderes públicos en Colombia. Lo ratificó cinco días después de asumir la presidencia en la Casa de Nariño, cuando se reunió con los presidentes de las altas cortes y reafirmó su compromiso de garantizar “máxima independencia judicial”. Ese encuentro se repitió el pasado 9 de julio, cuando refrendó ese discurso. Pero, tras dos años de Gobierno, la relación entre el presidente de izquierdas y las altas cortes está agrietada.

Tras algunos desencuentros, como cuando el presidente no llegó a la ceremonia de posesión de dos magistrados, la distancia se agudizó a inicios de 2024. La acción que generó la fractura más grande entre el Gobierno y las altas cortes fue el llamado que le hizo Petro a sus simpatizantes de movilizarse cuando la Corte Suprema de Justicia tardaba en elegir a una nueva fiscal general, un cambio que favorecería el poder del Ejecutivo, pues había salido un fiscal convertido en su opositor político, y el reemplazo sería una de las tres penalistas postuladas por el presidente. Para Gloria María Borrero, por una década directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, ese choque fue más allá de las diferencias usuales. “Es natural que existan ese tipo de tensiones, pero el llamado a la ciudadanía a salir a marchar al lado de la Corte Suprema fue una presión indebida y ahí pasó la raya el presidente Petro”.

El 8 de febrero, cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia de Bogotá, mientras los togados tomaban una decisión. Faltaban cinco días para que saliera el fiscal general y la Corte llevaba dos meses debatiendo. El presidente había señalado que esa tardanza era un “incumplimiento del deber judicial”, aunque negó que estuviera ejerciendo presión sobre los jueces. “Es una obligación de la Corte escoger dentro de esas personas. Eso no se llama presión, esa es la orden de la Constitución, la presión viene de esta”. Ese día la Corte no eligió fiscal, pero sí mostró su molestia con el mandatario. El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, dijo al país que “la democracia quedaba en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”.

Para Borrero, el mandatario ha transgredido la línea de la independencia con el sistema judicial cuando ha cuestionado y criticado, en un tono desafiante, decisiones que afectan el rumbo de su Gobierno. Para la también exministra de Justicia, “el presidente no es una persona a la que le gusten los controles” como los que, argumenta, han realizado las cortes al emitir “los llamados y las alertas necesarias”.

Ese contrapoder se ha sentido con fuerza en la Casa de Nariño. La Corte Constitucional ha tomado varias decisiones contrarias al Gobierno, como la anulación de apartes de su reforma tributaria. El tribunal también devolvió al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo y dejó coja la llamada Ley de Paz Total, que le daba vía jurídica a la política bandera de negociar con estructuras criminales, suspender órdenes de captura y excarcelar personas condenadas. Recientemente, la misma Corte dejó sin piso jurídico el Ministerio de Igualdad por vicios en su trámite, aunque postergó los efectos de su decisión hasta 2026.

Petro ha reaccionado, en ocasiones con fuertes críticas, a esas decisiones. Cuando, en julio pasado, la Corte anuló el artículo del Plan de Desarrollo que permitía las compras exprés de tierras con el que el Ministerio de Agricultura pretendía acelerar la reforma agraria, afirmó que “la Corte restringe seriamente el cumplimiento del Acuerdo de Paz”. Una reacción similar tuvo cuando el mismo tribunal tumbó, uno a uno, los decretos en los que el Gobierno declaró una emergencia social en La Guajira y tomó decisiones para enfrentarla.

Para Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, con esas respuestas a las decisiones judiciales, el presidente “busca deslegitimar a las cortes ante la opinión pública y hacerlas responsables de los fallos de su Gobierno”. El académico vincula esa retórica con la debatida propuesta de modificar la Constitución. Aunque inició con la idea de convocar una asamblea y terminó con la defensa del desarrollo permanente “poder constituyente”, para Chacón en todo caso pretende cambiar la esencia de las instituciones. “Para cumplir legitimar el relato de la necesidad de cambiar la constitución, Petro ha hecho uso de recursos que atacan la legitimidad del poder judicial”.

De hecho, el magistrado José Fernando Reyes, de la Corte Constitucional, ha cuestionado directamente la idea de tocar la Constitución. En la conmemoración de los 33 años de la Constitución, el pasado 4 de julio, el presidente de la Corte dijo que el país no debe hablar de “nuevos proyectos constitucionales si no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que forjamos en 1991″. Horas después, Petro señaló que Reyes estaba equivocado, e insistió en su propuesta. Para el jurista Jaime Arrubla, quien fue secretario jurídico de la Presidencia y magistrado de la Corte Suprema, en el tono Petro “parece más senador que presidente”. Según él, mantiene el “tono pendenciero de la oposición y se va lanza en ristre contra las decisiones, pero después se arrepiente y busca un acercamiento con las cortes”. En última instancia, ve más un discurso funcional al presidente que una relación rota o una amenaza real.

Sin embargo, en ocasiones el presidente sí ha desafiado decisiones judiciales. El caso más claro es el reciente reintegro de Andrés Hernández como cónsul en México. En marzo pasado, el Consejo de Estado había anulado esa misma designación, al advertir que al momento del nombramiento había personas de carrera diplomática que podían haber participado en esa plaza. Hernández permaneció en el cargo hasta junio y, tras el fallo, salió apenas por dos semanas. Para la jurista Borrero, esa postura es “un irrespeto a una decisión judicial”. A la vez, reconoce el acierto de Petro al aumentar los recursos con que cuenta la Rama Judicial para asegurar que se creen 2.400 cargos permanentes que estaban en mora hace dos Gobiernos.

La distensión con la Fiscalía

En medio de estas grietas, el cambio de fiscal ha reducido las tensiones. El año y medio de cohabitación de Petro en la Casa de Nariño y Francisco Barbosa en la Fiscalía estuvo marcado por las peleas políticas que comenzaron apenas a cuatro meses de iniciado el Gobierno. El primer desencuentro se dio cuando el presidente habló de la excarcelación de jóvenes que pertenecieron a la Primera Línea en el estallido social. El fiscal respondió que se trataba de una decisión que competía al sistema judicial y no al Ejecutivo. Los desencuentros se mantuvieron con las decisiones del Gobierno sobre la paz total y la ley de sometimiento a la justicia.

El fiscal llegó a decir que el presidente hacía propuestas “para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia” y que “Pablo Escobar estaría feliz con la (propuesta) de ley de sometimiento” del Gobierno. En mayo de 2023, el choque más fuerte llegó cuando el presidente afirmó que era el jefe del fiscal. “Soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él (Barbosa)”, afirmó Petro, algo que él mismo corrigió más adelante. Pero la relación estaba en un punto de no retorno, desde que Barbosa llamó a Petro “dictador” y “tuitero de oposición”.

La ruptura entre la Presidencia y la Fiscalía General solo cambió en marzo, cuando Luz Adriana Camargo asumió la jefatura de la Fiscalía. Para la politóloga y analista Elizabeth Ungar, Camargo ha demostrado tener las credenciales y no ser de bolsillo del presidente. “Por lo menos, tiene más independencia que el fiscal Barbosa”, concluye. El jurista Arrubla reconoce que la llegada de Camargo a la Fiscalía produjo tranquilidad. “Para el presidente tener una fiscal cercana, como Camargo, es mejor que tener un fiscal lejano y hostil, como Barbosa, que se iba al otro lado al agredir al presidente, algo que tampoco le corresponde a un fiscal”.

Aunque así ha mejorado la relación con la Fiscalía, no ha pasado lo mismo con las cortes. En la Constitucional, el próximo año saldrán cuatro de sus nueve magistrados que ya terminan su período. Los candidatos a reemplazarlos los presentarán el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Las negociaciones, en ese frente, serán prioridad en la agenda.

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