Leopoldo Múnera, el preferido entre los estudiantes, es nombrado rector de la Universidad Nacional

Este jueves el Consejo Superior de la Universidad Nacional cambió de rumbo. En una sesión extraordinaria, el organismo de ocho miembros dejó sin efecto la elección de Ismael Peña como rector, y nombró en su lugar al profesor Leopoldo Múnera. Dos meses de presión de la comunidad universitaria y el cambio de uno de los representantes, el de los estudiantes, desembocó en una revisión de la decisión del pasado 21 de marzo. La nueva determinación cuenta con el respaldo del Gobierno de Gustavo Petro, que tiene representación en el Consejo, y le da la rectoría al candidato que había obtenido la mayor cantidad de votos en la consulta no vinculante entre estudiantes, profesores y egresados.

La presión era alta. Desde el día de la elección de Peña, las clases prácticamente quedaron suspendidas. En medio de las protestas estudiantiles, apenas pudieron seguir dándose algunas materias de Medicina y Odontología. Centenares de estudiantes afirmaban que no se había escuchado su voz, un viejo reclamo que se remontaba a consultas anteriores en las que se había presentado una situación similar. La consulta del 11 de marzo había tenido la más alta participación histórica, avivada por el anuncio del presidente Gustavo Petro de que, bajo su mandato, la democracia en la elección del rector sería respetada. Múnera obtuvo el 34% de la votación ponderada, por delante del médico Raúl Sastre, que obtuvo el 22,6% de los votos. Peña quedó en un lejano tercer lugar, con un 8,3 % de los apoyos.

Entonces, entraron en un paro para exigir la renuncia del rector designado. El campus se llenó de grafitis, pancartas, arengas y gases lacrimógenos, y grupos de estudiantes tuvieron algunos enfrentamientos con el Escuadrón Antidisturbios de la Policía, ahora llamado UNDMO pero más conocido por su antigua designación, ESMAD. De fondo, además del nombre del rector, estaban las propuestas de Peña de avanzar en las reformas de los códigos estudiantil y docente, así como en los cambios de los reglamentos de los posgrados, que para algunos sectores de la comunidad universitaria reflejaban un giro hacia la comercialización de la educación. Consideraban a Peña el candidato de un grupo directivo vinculado a la Facultad de Ciencias que ha tenido el poder y al que han señalado de buscar la privatización de la universidad. Pedían que Múnera, un abogado de 66 años con ocho libros publicados, quien ha sido decano de la facultad de Derecho y vicerrector de la sede de Bogotá, fuera quien sostuviera las riendas de la institución.

De manera más concreta, se desató un debate alrededor del mecanismo de elección del rector de la universidad pública más representativa del país, fundada en 1867 y con nueve sedes en toda Colombia. Desde el inicio del proceso, el Consejo había optado por usar un sistema de votaciones inédito en esa elección, aunque creado hace siglos: el método o recuento Borda. En esencia, consiste en que los consejeros no votan directamente por su candidato preferido, sino que otorgan puntajes que van descartando a quienes despiertan mayor resistencia. En este caso, se usó para apartar opcionados hasta que solo quedaron dos; entonces se votó de forma directa. El resultado fue que Peña obtuvo 5 votos, contra 3 de Múnera.

Ante la discusión, el Consejo se abstuvo de dar explicaciones; la mayoría de sus miembros había optado por que el voto fuera secreto, lo cual alimentaba todo tipo de especulaciones. Los profesores denunciaron que quienes habían elegido a Peña se reunieron con él días antes, en privado, sin invitar a la ministra de Educación, Aurora Vergara, ni a las dos delegadas presidenciales, quienes quedaron en minoría.

Durante semanas, reinó el caos: los estudiantes pedían al Gobierno una respuesta más drástica, pues se había comprometido a respetar la voluntad estudiantil; la ministra Vergara no firmaba el acta de designación de Peña, exponiéndose a repercusiones legales; Ismael Peña, el elegido, se mostraba abierto al diálogo, pero no a renunciar a su puesto. “No puedo dar un paso al costado, está en juego la autonomía universitaria”, dijo en una entrevista con EL PAÍS. Pero fue otro hecho el que cambió el equilibrio. La representante estudiantil Sara Jiménez denunció amenazas y renunció a su cargo. La reemplazó Laura Quevedo Álvarez, quien apoyaba a Múnera. La mayoría había cambiado.

Entretanto, el 2 de mayo Peña acudió a una notaría con siete testigos para posesionarse, pese a que no contaba ni con el aval de la ministra ni con un acta firmada. Explicó en Caracol Radio que era su obligación hacerlo, para no dejar la Universidad sin un representante legal, pues había culminado el periodo de Dolly Montoya. “Si algún miembro del Consejo o algún ciudadano colombiano tiene alguna duda con respecto a la legalidad del acto, puede acudir a los tribunales”, dijo. Para el movimiento estudiantil y para el Gobierno, fue una autoposesión ilegítima. Varios estudiantes fueron a otras notarías a posesionarse como rectores de la Universidad, en una protesta simbólica.

Entonces el Gobierno volvió a intervenir. El 15 de mayo el Ministerio de Educación, con el jefe de la cartera de Cultura, Juan David Correa, como ministro ad hoc, ordenó el nombramiento de un rector encargado en la Universidad Nacional de Colombia. “Ordénese (...) encargar a un rector(a) de manera transitoria hasta tanto se adopte una decisión definitiva por parte del Consejo respecto a la conducta de autoposesión del señor Ismael Peña”, decía la resolución, que le ha valido a Correa una investigación disciplinaria de la Procuraduría. Este jueves la mayoría del Consejo Superior acató la orden, y se puso del lado del Gobierno y del movimiento estudiantil.

Peña respondió en la noche del jueves mediante un comunicado. Dice que interpondrá acciones legales, pero que por el momento acata la decisión del Consejo Superior de la Universidad y hace entrega del cargo de rector al profesor designado. Insiste en que se trata de una elección “atípica e irregular”, que va en contravía de los reiterados llamados de la Procuraduría, del Consejo de Estado y de un fallo de tutela, por lo que se estarían configurando varios delitos y faltas disciplinarias. “Estas actuaciones constituyen la más grave violación a la autonomía universitaria de la que se tenga noticia en nuestra historia republicana”, concluye.

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