La corrupción contamina el cambio en Colombia

Ante los ojos de la mayoría de los colombianos no es un estereotipo que el sello de la política haya sido la corrupción, que es el cáncer que se devora la democracia y aúpa los discursos populistas de derecha o izquierda.

El Gobierno de Petro llegó al poder en 2022, precisamente, con el voto castigo de sectores sociales y clases medias hastiadas no solo del mal manejo gubernamental del estallido social y el impacto de la pandemia, sino, especialmente, por los graves casos de corrupción que marcaron el cuatrienio Duque y navegan en la impunidad. Su opositor, Rodolfo Hernández, estaba, además, incurso en graves investigaciones por sobornos cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga, que luego fueron falladas en su contra.

Pero ahora, la corrupción contamina el cambio y hace mucho más difícil el camino de las reformas del Gobierno Petro y sus anhelos de reelegir su proyecto político, en una campaña presidencial que avanza a toda marcha y en la que, sin embargo, no es claro aún cuál será el mensaje que se impondrá en esa disputa política que desde ya se anuncia como marcada por la polarización y los discursos de odio.

Sin duda, la lucha contra la corrupción tendrá un alto impacto en el debate electoral en ciernes, dado el desastre para el Ejecutivo que han significado las revelaciones sobre el desvío de miles de millones de pesos de dineros públicos a particulares y congresistas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y la cadena de sucesos judiciales y políticos que ha generado.

Es largo el listado de graves casos de saqueo del erario que han marcado a Colombia en las últimas décadas, la mayoría sin castigos ejemplares o sanción social a los responsables. Cada presidente ha tenido su cruz a cuestas. Desde López y la Handel, Gaviria y el apagón, Samper y el proceso 8000, Pastrana y Chambacú, Uribe y Agro Ingreso Seguro, entre otros; Santos y Odebrecht, Duque y el Ocad Paz. Y ni hablar de los cientos de gobernadores y alcaldes destituidos por el ministerio público, incluso el mismo Petro, por casos de corrupción, quien logró regresar al poder y cambiar el derecho disciplinario interno gracias a una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Odebrecht es el macrocaso emblemático más reciente, que muestra el déficit de justicia del país: mientras en otras naciones esa multinacional recibió castigos ejemplares, en Colombia no se pasó de titulares escandalosos sobre investigaciones penales y fiscales que no terminaron en nada.

La insuficiencia de transparencia y justicia es enorme en un país asfixiado por la ilegalidad y la violencia. La impunidad es la marca de un sistema judicial que ha sido incapaz de derrotar ese monstruo que se devora la democracia y mata más que la guerra, como bien lo señaló el exprocurador Fernando Carrillo Flórez.

Un sistema judicial en crisis que cayó, hace pocos años, en manos del llamado Cartel de la Toga, que aumentó la falta de confianza. A ello se sumó una Fiscalía hiperpolitizada y convertida en fortín de la oposición política a Petro, para impulsar la carrera presidencial del titular. Además de una Procuraduría en modo oposición a la que desde muchos sectores se pide su eliminación por innecesaria o, por lo menos, una reforma profunda que permita que se apliquen las recomendaciones de la CIDH.

Durante décadas el país creyó que la principal amenaza al bienestar y el desarrollo era el conflicto armado interno, hasta que descubrió, luego de los acuerdos de paz de La Habana con las Farc, que silenciaron los fusiles por un corto espacio de tiempo, que era la corrupción la causa de la mayoría de los males nacionales. Se calcula que 50 billones de pesos anuales se quedan en los bolsillos de los inescrupulosos. Lo grave es que no se coparon los territorios abandonados por las extintas Farc y se permitió que nuevos actores armados ilegales los ocuparán y la guerra se reciclara con otros actores y la corrupción avanzara sin importar de qué color político es el inquilino de la Casa de Nariño. Porque la corrupción no tiene ideología, ni respeta banderas partidistas. Robar, por desgracia, es un verbo que se conjuga sin talanqueras éticas en gobiernos de derecho o izquierda.

Y el Gobierno Petro que llegó con la bandera de la lucha contra la corrupción, ha caído en el terreno fangoso de la falta de transparencia de altos funcionarios que no han temido llevarse por delante la imagen de su jefe, boicoteando el ímpetu reformista de la administración, bloqueando la agenda legislativa y metiendo a la izquierda en el mismo costal de la derecha, ampliando el partido de los arrepentidos por votar por la izquierda.

Los escándalos de la UNGRD, son hoy el insumo que alimenta el discurso de una derecha radical que intenta minar el futuro del Gobierno nacional y etiquetarlo como el más corrupto de la historia. Los carrotanques de la UNGRD han atropellado de frente a las cabezas del Congreso de la República y a una treintena de congresistas, cuyos nombres se espera conocer muy pronto. La demolición llega hasta el Partido Verde, que ha visto desmoronar su representación en la Casa de Nariño y salir por la puerta a su referente ético, el profesor Antanas Mockus, y a una de las dirigentes políticas más polémicas y combativas de los últimos años, y segura aspirante presidencial, la exalcaldesa Claudia López, quien hoy es blanco de todo tipo de ataques por su supuesto oportunismo político y su permanente cambio de discurso para llegar al poder.

Todo cuanto sucede hoy alrededor de los graves casos de corrupción, tanto en la pasada campaña presidencial, como en el actual Gobierno, es una prueba de fuego a la nueva Fiscal, quien llegó con un mandato de sanear la entidad del virus opositor y pendenciero que dejó su último director. Y se espera que la anunciada reforma a la justicia llegue en la próxima legislatura para surtir el viacrucis del trámite respectivo, permitiéndole al ministro de Justicia lucirse y dejar huella.

El presidente Petro ha dicho al respecto que espera que esa reforma simplifique los procesos, acercándolos a la verdad y no a la venganza. “No creemos en una justicia vengativa, creo que eso solo reproduce las condiciones de la violencia en Colombia. Porque si se establece la verdad judicial, pues la justicia es eficaz, esos son sinónimos los dos conceptos. Y la verdad judicial trae aparejada la restauración de la víctima”, expresó sobre el proyecto a la justicia.

No se conoce aún el texto de ese proyecto de reforma y qué tanto significará en la lucha contra la corrupción. Un Gobierno que se eligió enarbolando la bandera de la justicia debe convertir la lucha contra la corrupción en eje de la transformación de la sociedad. No hacerlo es condenarse a caer en el vacío de los discursos inanes y permitir que en las próximas elecciones pesen más en las urnas los carrotanques de la miseria humana que compraron Olmedo y Sydner, y no las ejecutorias del cuatrienio y las promesas por venir de un posible nuevo gobierno de izquierda. No es imposible que Petro deje su sucesor, solo basta recordar que a pesar la catástrofe ética que significó la gestión del desaparecido Samuel Moreno como alcalde de Bogotá, la ciudad eligió a Petro como su sucesor. Y de ahí saltó a la Presidencia.

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