Corrupción en la Unidad de Riesgo: ¿cuánto falta por conocer?

La lucha contra la corrupción fue una bandera de Gustavo Petro durante toda su vida política. Hoy, sin embargo, es uno de los puntos de quiebre de su Gobierno. El escándalo de los carrotanques para La Guajira ya era grave cuando empezó, ahora se creció y todo indica que aún no se conoce toda su magnitud, en especial porque hay indicios de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) venía siendo saqueada de tiempo atrás, según ha denunciado el actual director, Carlos Carrillo. Por el momento hay más preguntas que certezas, pero es claro que se trata de un caso inmenso de corrupción que comienza a tener consecuencias.

La salida de Sandra Ortiz de la Consejería para las regiones y la renuncia de Antanas Mockus y Claudia López al partido Alianza Verde son fichas que se mueven en medio de las denuncias. La crisis de los verdes estaba cantada de tiempo atrás por la división entre los que siguen apoyando al Gobierno Petro y los que han preferido tomar distancia. Esa fractura política es una de las consecuencias del escándalo pero no será la única. Este proceso apenas comienza y hay muchas preguntas por resolver.

¿Hasta qué nivel del Gobierno llegan las responsabilidades penales, disciplinarias y políticas? ¿Cuánto va a impactar la agenda en el Congreso? ¿Desde cuándo comenzó el robo y quiénes han participado? ¿Cuánto se robaron? ¿Se compraron con dineros públicos votos para las elecciones regionales? ¿Se usaron esos recursos para comprar apoyos en el Congreso? ¿Quedan corruptos vinculados a la entidad que ha sido objeto de saqueo? ¿Dónde estaban los organismos de control mientras todo esto pasaba? ¿Cuántos y cuáles son los partidos políticos involucrados en el robo?

La bola de nieve creció por las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, en el Reporte Coronell de W Radio y en la revista Semana. Entre otros detalles aseguró que personalmente entregó 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle, y 3.000 millones a Iván Name por intermedio de Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones. Sin embargo, el escándalo promete más porque el exfuncionario ha hablado de otros involucrados, entre ellos un ministro. También anuncia declaración Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien reapareció desde algún lugar en donde se esconde para buscar un principio de oportunidad y anunciar que prende el ventilador.

Pinilla ha dejado sobre la mesa dos posibles usos del dinero que, según su versión, habría entregado a los políticos: como fue entregado en vísperas de las elecciones regionales de octubre una hipótesis es que ese dinero habría servido para aceitar la maquinaria electoral en algunas regiones. Sin embargo, también plantea que los dineros pudieron usarse para empujar proyectos del Gobierno en el Congreso. De confirmarse la denuncia, cualquiera de las dos opciones es grave. Faltan muchos detalles que Pinilla deberá ofrecer a la Fiscalía si quiere obtener los beneficios jurídicos del principio de oportunidad. La Fiscalía de Luz Adriana Camargo tiene un gran reto con este caso.

Como es lógico, las declaraciones de Sneyder Pinilla desataron todo tipo de comentarios y reacciones políticas. Menos reacción ha generado lo que ha dicho Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, a pesar de que viene revelando un entramado de corrupción muy grande en la entidad. Según él, la corrupción va mucho más allá de los carrotanques. Entre las múltiples denuncias que ha hecho en varias entrevistas, llama la atención un detalle que puede poner en evidencia el robo continuo a la entidad: dice Carrillo que el mismo día que salió de la dirección Olmedo López, ya acusado de corrupción, lograron sacar 150.000 millones de los 165.000 que tenía como presupuesto una de las subdirecciones de la entidad. Esos dineros, dice Carrillo, los direccionaron para municipios en donde estaban los socios políticos de los ladrones. Eso explica la decisión que anunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X en la cual ordena que “todo giro prestablecido por la UNGRD a Corpourabá, Corantioquia y municipio de Girón quedan suspendidos” (sic).

Bien que el presidente intente cuidar los recursos que se vienen robando funcionarios nombrados por él. Bien que no proteja a los corruptos, pero también debe asumir la responsabilidad política que tiene. Ya dirán los investigadores hasta dónde deben llegar las sanciones que, además de comprometer a este Gobierno, pueden llevar a administraciones anteriores, pero el presidente sí le debe responder al país por los funcionarios corruptos que puso en cargos de primer nivel.

Carlos Carrillo asegura que en documentación la UNGRD es un caos y cuesta trabajo seguir la pista a contratos y desembolsos. Eso facilita la corrupción y dificulta la investigación en una entidad que es el paraíso de los delincuentes porque se contrata sin licitación y sin muchos controles por la naturaleza misma de su misión. Eso está bien para atender emergencias, pero es un camino ideal para los delincuentes.

Lo cierto es que varias de las declaraciones de Carrillo parecen conectar a distintos sectores políticos que posiblemente han saqueado las finanzas públicas de tiempo atrás y también en este Gobierno. Esto podría indicar que lo que la corrupción une no lo dividen las diferencias políticas. Convendría que el director de la UNGRD documentara y presentara ante la Fiscalía y los demás organismos de control las denuncias que hace.

El ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, quien no ha sido mencionado por Pinilla pero sí ha salido a relucir en las versiones que han circulado en medios sobre la denuncia, niega cualquier vínculo con hechos de corrupción y dice que a Iván Name no le pagaron para seguir la agenda del Gobierno porque él ha sido un opositor y ha puesto trabas a la reformas. Hay hechos que confirman esa versión. Sin embargo, un artículo de La Silla Vacía también pone en evidencia algunas movidas políticas de Name que favorecieron al Gobierno. Hay mucho por saber y entender.

Tal vez estamos viendo apenas la punta del iceberg y conviene ir hasta el fondo. El Gobierno de Gustavo Petro debe responder por lo que le corresponde y ayudaría mucho que los organismos de control fueran hasta las últimas consecuencias y más allá de los intereses políticos de hoy para desmontar las mafias que se han tomado esta entidad y seguramente otras más. Batallar contra el robo continuado de recursos públicos debería estar por encima de cualquier diferencia. La corrupción no es asunto de izquierda o derecha, ni tampoco de “cachacos”, como insinuó el presidente en otra salida en falso. La corrupción no conoce fronteras regionales, políticas ni ideológicas.

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