Condenado a 40 años de cárcel el expolicía que asesinó a Javier Ordóñez

La jornada de protesta más violenta de la historia reciente de la capital colombiana tuvo este martes un aparente desenlace. El expatrullero de policía Harby Damián Rodríguez fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato y la tortura a Javier Ordóñez, quien falleció en la noche del 8 de septiembre de 2020. Un juez penal especializado de Bogotá encontró que el expolicía es responsable de homicidio agravado y tortura agravada, dos de los delitos más graves de la legislación colombiana. La condena, sin embargo, tiene un tono “agridulce” para la familia de Javier, ya que el expatrullero se encuentra prófugo de la justicia desde hace varios meses.

Aquel día, el video en el que quedó documentada la agresión se hizo viral. Él aparecía tirado en el suelo, sometido por dos policías. “Por favor, por favor”, decía Javier, instándolos a que pararan, mientras lo reducían en el suelo. Uno de ellos era Juan Camilo Lloreda, quien asumió su responsabilidad cuando el proceso iniciaba y fue condenado a 20 años de cárcel en abril de 2021. El otro era Rodríguez, quien inicialmente también se había acogido al arreglo, pero luego se retractó y se declaró inocente. El proceso en su contra siguió su curso y este martes la justicia dictó sentencia.

La muerte de Ordóñez, un hombre de 43 años al que le faltaba un examen para convertirse en abogado —también era ingeniero aeronáutico—, desencadenó al día siguiente una jornada de protestas de gran magnitud, conocida como el 9-S. Miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el acto de violencia policial. Las imágenes también mostraban a los policías haciendo varias descargas con una pistola eléctrica o ‘taser’, un arma etiquetada como “no letal”, pero que si es mal utilizada puede ocasionar un gran daño físico. Juan David Uribe, un amigo que presenció la escena, habría de relatar: “El policía la emprende contra él, le meten como 5 o 6 choques eléctricos. El último se lo dejan demasiado tiempo”.

En medio de las restricciones decretadas por la pandemia de COVID-19, Javier Ordóñez estaba en su apartamiento tomando licor con algunos amigos. Salieron a comprar más bebidas a una tienda. Una patrulla los detuvo y les pidió sus documentos. La tensión escaló y tanto Ordóñez como Wilder Andrés Salazar, un amigo que lo acompañaba, fueron subidos a un vehículo policial y conducidos al CAI (Comando de Atención Inmediata) del barrio Villa luz, en el noroccidente de la ciudad. El coronel Alexander Amaya dijo que la Policía llegó a atender una riña, y el patrullero Lloreda apuntó en ese mismo sentido: aseguró que Ordóñez los había increpado. Pero los testigos señalaban que Javier ni fue agresivo ni estaba armado.

Durante una posterior sesión en el Congreso, la representante del Partido Verde Katherine Miranda amplió el testimonio de Salazar, quien dijo que “los policías nunca se detuvieron. Le golpearon en varias oportunidades en el rostro, y seguían con la pistola ‘taser’, pero las descargas ya no se la hacían sobre la ropa, porque él ya tenía la camiseta desgarrada. Se las hacían sobre la piel”.

En el relato, Salazar cuenta que en el CAI los policías nunca lo ayudaron. “Solo se acercaron para agredirlo física y verbalmente. Llegan muchos más policías, tal vez cuatro o cinco, no estoy seguro de la cantidad, pero eran varios. Entran al CAI, ven a mi amigo Javier en el piso, esposado. Me ven a mí contra la pared, esposado, ven que lo están lastimando y no le prestan ayuda. No lo ayudan”. Cuando finalmente Javier fue llevado a la Clínica Santa María del Lago, en la madrugada del 9 de septiembre, los médicos confirmaron lo que él ya presentía: que su amigo había llegado muerto.

La ira al día siguiente se enfocó en los CAI, pequeñas infraestructuras barriales de la Policía de las que hay cientos repartidas por la ciudad. Varias zonas se convirtieron en un campo de batalla. Policías y ciudadanos se enfrentaban con una violencia que incluso superaba la vivida en el estallido social de finales de 2019. Las autoridades utilizaron armas de fuego y apuntaron a quemarropa. Supuestos “policías uniformados o presuntos policías vestidos de civil” —según denunció la misma alcaldesa Claudia López― participaron en la respuesta. Por su parte, la Policía señalaba que los ataques hacían parte de un presunto operativo organizado por grupos urbanos de izquierda y organizaciones subversivas. En Bogotá reinaba el caos.

La situación dejaba en evidencia las tensiones entre la Policía y la ciudadanía, que se venían evidenciando desde las protestas de 2019 y que habían aumentado con las restricciones por la pandemia. En ese momento, los uniformados tuvieron una carga aumentada de tareas vinculadas con el cerco epidemiológico; con un pie de fuerza reducido y escasa capacitación, recibieron un mayor poder. Lo ejercieron frente a una población cansada y frustrada en medio de la crisis económica y social generada por el confinamiento.

Se calcula que al menos 14 personas murieron y cerca de 140 resultaron heridas en la jornada; más de la mitad eran policías. La ola de violencia se extendió a Cali y a Medellín. El análisis de las causas de la muerte de Ordóñez evidenció que sufrió nueve fracturas de cráneo y que uno de sus riñones había estallado. Esto llevó a que la Fiscalía argumentara que había sido golpeado con sevicia. Tras las protestas, la Policía y el Gobierno de Iván Duque anunciaron reformas para evitar y sancionar los abusos policiales.

El general Gustavo Moreno, entonces director encargado de la Policía Nacional, pidió disculpas en nombre de la institución, y en su momento varios medios informaron que la familia había aceptado el gesto. Sin embargo, al ser consultados por este periódico aseguran que aunque el alto mando de la Policía sí les pidió perdón, ellos simplemente lo escucharon, mas no se sintieron reparados. Menos ahora, cuando uno de los expatrulleros aprovechó el beneficio de la casa por cárcel que le otorgó la justicia para darse a la fuga.

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