El Estado, condenado por la muerte de un joven al que un policía le disparó por no detenerse en un pare

Una edición del Nuevo Testamento, un farol, un buzo, parte de su merienda y un par de cigarrillos de marihuana fue lo que se encontró en la maleta de Gonzalo Montoya Porras. “Abatido presunto fletero en Envigado”, se apresuraron a publicar los medios locales, aunque en sus pertenencias nunca se halló un arma, ni se probó que estuviese delinquiendo. De hecho, en su morral no había nada más que lo que cargaba usualmente para ir a estudiar. Su plan era hacerse bachiller pronto para iniciar una carrera militar. Así se lo había prometido a su mamá, pero un disparo fatal en el tórax destruyó ese sueño.

Gonzalo murió hace cinco años, cuando dos policías lo persiguieron por no haberse detenido ante una señal de pare y, al frenar, uno de ellos le disparó. Así lo confirmó el pasado 5 de diciembre el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín, que responsabilizó al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la muerte del joven de 21 años debido a que el disparo fue desproporcionado.

Desde el 11 de noviembre de 2018, la familia Montoya Porras esperaba que se reconociera la culpa del Estado en el crimen de Chalo, como lo llamaban amorosamente. Finalmente, la decisión llegó. El fallo de primera instancia, además de condenar a la Nación, contempla una reparación económica a sus tías, hermanas, abuela y primas, y le ordena a la Policía Nacional que dentro de los seis meses siguientes al fallo realicen una ceremonia para pedir excusas públicas a los padres y hermanos.

Para Lorena Porras, su madre, es una decisión apenas mínima para el sufrimiento que ha cargado ella, sus hijos y su esposo al perder a quien consideraban la chispa de la familia. Porras hace hincapié en que la reparación económica nunca le ha interesado. Su lucha es para que ninguna otra madre, otra familia, pase por una tragedia semejante. Precisa que el acto de disculpas para ella tendrá que tener otro enfoque. “Es a Chalo al que tienen que pedirle perdón, fue a él a quien lo arrebataron de su familia. Apagaron sus planes de vida. Él fue el que se fue al cielo”, le dice Lorena a EL PAÍS, vía telefónica.

En su momento, el periódico El Colombiano consultó a la Policía Metropolitana sobre el hecho: “según lo manifestado por la patrulla del cuadrante, solicitaron una orden de pare o detención a un joven que se movilizaba en moto a alta velocidad. Inicia una persecución policial y como resultado, lamentablemente fallece el joven por un disparo del cuadrante” aseguró el entonces subcomandante. En el proceso queda claro que no había motivos para el disparo, al contrario de lo que durante todos estos años intentó defender la institución.

El fallo del este martes es contundente. El tiro que mató a Gonzalo lo hizo Darmín de Jesús Cifuentes, quien ha intentado excusarse alegando que Gonzalo hizo movimientos sospechosos, e incluso que tenía un arma. Sin embargo, numerosos testimonios recabados por el medio local El Armadillo lo contradicen. Los testigos apuntan a que las afirmaciones de los agentes son imprecisas y algunos incluso los señalaron de intentar alterar la escena del crimen.

El juzgado aclara en la sentencia que sí hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, “al ser desatendidos los principios básicos que deben regir tal actividad: necesidad, legalidad y proporcionalidad”, se puede leer en el documento. Ya en 2021, la Procuraduría había tomado la decisión de destituir e inhabilitar a Cifuentes por 15 años al considerar una “falta gravísima a título de dolo”, es decir, con intencionalidad. Por el contrario, en la Justicia Penal Militar, el proceso contra Cifuentes no muestra progreso significativo. El ahora ex policía está en libertad.

Una ausencia insoportable

El otro lado del teléfono por momentos queda en silencio. Después de un largo aliento, la madre, retoma la charla. No hace falta que diga mucho para transmitir el dolor con el que convive desde ese fatídico noviembre. “Cucha, yo me voy a tragar el mundo” le repetía su ‘negro’. Se refiere a él en tiempo presente, como si jamás se hubiese ido. Su cuarto permanece intacto desde el día que se despidió para irse a estudiar y no volvió.

Cuando Lorena no puede responder, al fondo se escucha hija complementando sus respuestas. Sara ha sido una aliada fundamental en la búsqueda de justicia. Cuando los primeros abogados que tuvieron no respondían sus dudas o no les daban razón, ella y su mamá iban juntas a reclamar y buscaron otros juristas. Desde ese día toda la familia se ha volcado en memoria de Chalo. El papá y Dylan, otro de los hijos, son más reservados con su duelo, pero llevan el peso por dentro, manifiesta Lorena.

Dylan, por ejemplo, no volvió a jugar futbol. Al igual que su hermano, prometía ser una estrella deportiva, pero su mamá siente como si algo, no sabe a ciencia cierta qué, se hubiese apagado dentro para todos. Lo que no ha logrado debilitarse, ni aplacarse con el tiempo es la memoria de Chalo, tampoco las ansías implacables de justicia. Justamente, hace unos meses, en la misma zona donde cada domingo Chalo tomaba sus clases de noveno de bachillerato, el colectivo artístico ‘No copio’ pintó mural en su honor. En letras blancas gigantes acompañan un retrato de su madre con el lema: “Toda persona asesinada es un ser amado”.

Las historias de abusos y violencia policial desmedida son un fenómeno sostenido. Hace unas semanas otro juzgado condenó a varios patrulleros de la Policía por torturar e intentar prenderle fuego a Davidson Vargas, un joven al que acusaron de intentar colarse en el transporte público de Bogotá. Pese a que el Gobierno Nacional había prometido una reforma a la Policía y al ESMAD, la unidad encargada de evitar disturbios y acusada de múltiples violaciones a los derechos humanos, tal iniciativa apenas ha dado pasos incipientes.

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