Un crimen de Estado resuelto 20 años después: condenado el agente secreto que torturó a una periodista colombiana

Una investigación sobre el papel del Estado en el homicidio del icónico comediante Jaime Garzón le costó a Claudia Julieta Duque su tranquilidad por las siguientes dos décadas. El suplicio para la periodista empezó en 2001. Sufrió desde persecuciones, amenazas a ella y su hija, y hasta un secuestro. En 2010 inició una batalla legal para esclarecer quienes la habían atemorizado esos años y, desde entonces, la pugna se ha dado en los juzgados. Este jueves recibió lo que Duque considera una victoria tras décadas de impunidad: uno de sus victimarios, Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, el organismo de inteligencia del Estado) fue condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por el delito de tortura agravada continuada. Rivera Rodríguez, que era funcionario de Migración, se ha dado a la fuga.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá se produjo gracias a una apelación de la defensa de Duque, luego de que en mayo pasado el exdetective del DAS ―entidad desaparecida en 2011 por sus múltiples escándalos― fuese absuelto por el Juzgado Décimo Penal Especializado. Además, en esta nueva decisión se le ordena a la Presidencia de la República cumplir con un acto público de disculpas a Duque y su familia, y a repararla con 126 millones de pesos (alrededor de 31.000 dólares) por los daños morales que sufrió.

Otro componente fundamental dentro del documento es que se subraya que la tortura en contra de la reportera tuvo un componente diferencial de género, ya que las llamadas intimidantes que le hacían los policías a ella y a su hija ―de siete años en ese momento― tenían un componente de tipo sexual.

A través de sus redes sociales, la periodista envió un sentido mensaje en el que aseguró que seguirá en su lucha por justicia. “Gracias una vez más a todas las personas y organizaciones que me han apoyado durante todo este tiempo, con dinero para salir del país, para implementar medidas de seguridad, para apoyo psicosocial, a quienes con su amistad y cercanía no me han dejado caer en los peores momentos, a quienes siempre creyeron en mí. Sin ustedes, este nuevo triunfo jamás hubiera sido posible”, asegura.

Un crimen de Estado

La condena al exespía del DAS se suma a recientes victorias que Duque ha obtenido después de dos décadas, múltiples apelaciones y tres exilios. Uno de los fallos más importantes, no solo para ella, sino para los derechos humanos y de la prensa en el país, se dio en junio del año pasado, cuando el Consejo de Estado responsabilizó al Estado colombiano por las vigilancias ilegales a la periodista durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que, tal y como advierten los magistrados en el documento de 67 páginas, convirtió al DAS “en una verdadera organización criminal, gestada y dinamizada en las entrañas mismas del Estado colombiano”.

La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia) que representó a Duque en la demanda contra el Estado, logró probar que los agentes que tenían el deber de protegerla hicieron lo opuesto: la espiaron y entregaron información personal que sirvió para los vejámenes del DAS en su contra. La decisión fue la primera en la que se reconoce el papel del Estado en los perfilamientos y persecuciones ilegales a periodistas. En su momento, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) festejó el fallo: “Es un mensaje sobre la contribución que desde la labor periodística se brinda en investigación de graves violaciones a los derechos humanos, y la necesidad de proteger a los y las periodistas que adelantan estas investigaciones”.

Dentro del proceso jurídico de la reportera ya han sido condenados varios funcionarios del desaparecido DAS. Entre ellos, Carlos Alberto Arzayuz Guerrero, exdirector de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano Jiménez, exsubdirector de Desarrollo Tecnológico; y Hugo Daney Ortiz, exsubdirector de Operaciones de Inteligencia, quienes aceptaron cargos por tortura.

Por el contrario, en el caso de Giancarlo Auqué De Silvestri, director encargado de Inteligencia del DAS, se espera una condena desde hace varios meses; y Rodolfo Medina Alemán, subdirector de contrainteligencia del DAS, decidió comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ambos están prófugos desde hace más de ocho años.

Giancarlo Auqué De Silvestri ha sido considerado uno de los creadores del llamado grupo G-3, que operó entre 2003 y 2005 y que fue conformado ilegalmente con la intención de perseguir oenegés, periodistas y personas que eran señaladas como opositoras del Gobierno. En procesos judiciales posteriores al escándalo de las interceptaciones ilegales, conocidas popularmente como chuzadas, se encontró que el G-3 perfiló e hizo seguimientos no solo a periodistas y sindicalistas, sino también a líderes políticos reconocidos como la senadora Piedad Córdoba, el exsenador Antonio Navarro Wolff y el actual presidente de la República, Gustavo Petro.

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