El dilema del caso Dilan Cruz, ¿homicidio o muerte involuntaria?

El 23 de noviembre de 2019, el capitán de la Policía Manuel Cubillos Rodríguez mató por el disparo de un arma “menos letal” a un joven de 18 años que participaba en las manifestaciones del paro nacional. Se llamaba Dilan Cruz, y su muerte marcó a Colombia. Su nombre se aprendió en todos los rincones del país. Las marchas, que llevaban dos días, llegaron a una intensidad inédita, e inclusive se habló de la posibilidad de reformaral Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ―la fuerza policial a la que pertenecía Cubillos y que ahora se conoce como la UNDMO—. A cuatro años de su muerte, el caso sigue sin resolverse, pero ha llegado a un punto de inflexión.

En un correo electrónico enviado a EL PAÍS, la Fiscalía General de la Nación explica que “el homicidio de Dilan Cruz se encuentra a cargo de una Fiscalía adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y en etapa de indagación”. El abogado Fernando Rodríguez Kekhan, que representa a la familia de Cruz, confirma esta información. Dice que entre 2019 y 2021, su equipo luchó para que el caso, que inicialmente tomó la justicia penal militar, quedara en manos de la ordinaria. Eso se logró, afirma, a principios de 2021, cuando el fiscal Juan Carlos Fajardo asumió la pesquisa.

Aunque lleva dos años en etapa de indagación ―la fase inicial de un proceso penal―, Rodríguez asegura que el caso no está congelado. De hecho, recuerda varios avances recientes. En abril de 2021, un informe de la Fiscalía concluyó que el capitán Cubillos no le había disparado a Cruz a propósito. El ente acusador argumentó que el joven representaba una amenaza que justificaba la acción de la Policía, porque había devuelto una granada de gas lacrimógeno a los oficiales que se la habían lanzado a los manifestantes. Además, afirmaba que se cruzó accidentalmente con un proyectil que disparó Cubillos y que no iba dirigido a él, sino a una “turba” ubicada más lejos. Para Rodríguez y su equipo, era un reporte “totalmente errado” e “impresentable”. Entonces, se propusieron demostrarlo.

El abogado contrató en febrero de 2022 a Plano Negativo, el equipo colombiano del grupo de investigación británico Forensic Architecture. Tras un año y medio de estudios, Plano Negativo publicó en septiembre pasado un contrainforme basado en las mismas imágenes que había usado la Fiscalía para concluir que Cubillos le disparó a Cruz sin querer. Se trata de una recreación 3D del momento en el que ocurrieron los hechos, que rechaza las tesis de la Fiscalía sobre su muerte, carga contra sus métodos de investigación y ofrece hallazgos totalmente opuestos.

“Manuel Cubillos reaccionó corporalmente a las acciones de Dilan, alineó su arma con él y siguió sus movimientos durante cuatro pasos, que finalizaron con el disparo”, decía un comunicado publicado entonces por los investigadores. En una entrevista con este diario, la directora del equipo, Hannah Mezaros-Martín, fue aún más clara y contundente. “El ESMAD le disparó a Dilan Cruz a propósito”, sentenció. Además de llegar a esa fuerte conclusión, Plano Negativo aseguró que los hallazgos originales de la Fiscalía no solamente eran incorrectos, sino que estaban basados en técnicas y cálculos “sumamente inconsistentes e imprecisos”.

El futuro del caso

Ahora, explica Rodríguez, le toca al fiscal Fajardo decidir cuál de los dos informes le convence. “Son diametralmente opuestos en sus conclusiones”, dice. “La diferencia es que nosotros hicimos la tarea completa”. El abogado espera que Fajardo le dé la razón al reporte de Forensic Architecture y que se inicie un juicio contra Cubillos antes de junio del año que viene, aunque acepta que podría demorarse más. “Seguramente habrá apelaciones y otras instancias dependiendo de quién se vea afectado por lo que decida el fiscal”, anticipa. Cuando sea que se celebre el juicio, su plan está claro: “La idea es juzgarlo [a Cubillos] por homicidio doloso. Eso es lo que consideramos que debe ser”.

La gran incógnita del caso es la decisión que tomará la Fiscalía. Rodríguez califica que el órgano “ha actuado correctamente” al permitirles acceso al material y el expediente para que hicieran el contrainforme. Sin embargo, tras más de 25 años de trabajo en asuntos de violaciones de derechos humanos, admite que desconfía del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, jefe de Fajardo. “No es garantía de defensa para los derechos humanos”, lamenta.

Barbosa está cerca de culminar su cuatrienio en el cargo, y en enero próximo habrá un nuevo fiscal general. La Corte Suprema estudia las hojas de vidas de las tres mujeres penalistas propuestas por el presidente Gustavo Petro para el cargo. Tiene programado decidir antes de Navidad.

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