Lío en Santa Marta: una decisión judicial allana el camino para que Carlos Pinedo sea el próximo alcalde

Las elecciones regionales se celebraron el pasado 29 de octubre y en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena y la tercera ciudad más poblada de la costa Caribe, todavía no se define quién ganó la Alcaldía. El escrutinio reveló una ajustada diferencia de 282 votos entre dos candidatos, quienes desde entonces se atribuyen la victoria y se acusan entre sí de alterar fraudulentamente el resultado de los comicios. La ventaja en las urnas fue a favor del izquierdista Jorge Agudelo, del oficialista Fuerza Ciudadana, sobre el derechista Carlos Pinedo, exconcejal opositor que se postuló por firmas. Sin embargo, una reciente decisión judicial reorganizó las fichas del accidentado tablero. Se abre así un nuevo episodio del recurrente debate sobre qué tanto pueden influir los jueces en los resultados de unas elecciones.

Este jueves, el Tribunal de Santa Marta revocó un fallo de tutela que había permitido la inscripción extemporánea de Jorge Agudelo. Y ya se evidencian las consecuencias del fallo: la comisión escrutadora, encargada de revisar más de 230.000 tarjetones en 1.164 mesas de votación, concluyó no tener en cuenta los 85.504 votos de Jorge Agudelo. Eso implica que Pinedo, segundo con 85.222 votos, sería el alcalde. El exconcejal ya anunció que solicitará la entrega de la credencial que lo “acredita como alcalde electo”.

La principal particularidad del caso es que Agudelo ganó a pesar de ser un candidato de último minuto; su aspiración solo se oficializó hasta el 9 de octubre. Su copartidaria Patricia Caicedo era inicialmente quien aparecería en los tarjetones, pero una determinación administrativa la dejó por fuera de la carrera. Patricia, quien hizo campaña por casi dos meses, es hermana de Carlos Caicedo, fundador de Fuerza Ciudadana, alcalde de Santa Marta (2012 - 2015) y por entonces gobernador de Magdalena. El 28 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió tumbar la candidatura de Patricia debido a su parentesco con el gobernador y el equipo jurídico de Fuerza Ciudadana apeló la resolución.

En ese momento inició un juego a dos bandas. Anticipándose a una decisión adversa del CNE, que dejara definitivamente sin piso la aspiración de Patricia, el partido contactó a Agudelo, quien fue secretario de Hacienda durante la Administración de Carlos en Santa Marta, y le ofreció ser el candidato. Agudelo, aún convaleciente por ocho puñaladas que recibió en julio, intentó inscribirse ante la Registraduría, pero no lo logró. La razón era sencilla: mientras no se resolviera la apelación respecto a la candidatura de Patricia, Fuerza Ciudadana no podía tener otro candidato. El tiempo les jugaba en contra, además, porque la fecha límite para realizar modificaciones en las candidaturas era el 29 de septiembre. Bajo ese contexto de incertidumbre, un grupo de ciudadanos presentó una acción de tutela ante un juzgado de Santa Marta, advirtiendo que al no permitirse la inscripción de Agudelo se estaban violentando sus derechos políticos.

El 9 de octubre, un juez acogió estos argumentos y ordenó la inscripción de Agudelo. Una semana después, el CNE mantuvo en firme la revocatoria de Patricia. A dos semanas de las elecciones, el camino parecía allanado y Agudelo llevó a cabo una campaña en tiempo récord. Ganó por menos de 300 votos y mantuvo un bastión de la izquierda en Colombia, en unos comicios que fueron favorables a la derecha y a las fuerzas opositoras al Gobierno de Gustavo Petro. La proeza política, por la cantidad de obstáculos superados, parecía consumada. No obstante, fue el comienzo de una batalla jurídica.

Debido a que la inscripción de Agudelo se realizó por fuera del plazo establecido, diferentes solicitudes de revocatoria se presentaron ante el CNE. La expectativa crecía y el órgano electoral no se pronunciaba. Fue necesario que el Tribunal Superior de Santa Marta interviniera y le ordenara resolver dichas solicitudes en un término de 48 horas. El CNE optó por mantener en firme la inscripción de Agudelo.

En paralelo estaba bajo estudio la impugnación a la tutela que permitió su inscripción. Este jueves se conoció el sentido de la decisión. El Tribunal Superior echó para atrás el fallo de primera instancia tras considerar que los ciudadanos que presentaron la tutela “no estaban directamente implicados en la presunta vulneración que se endilga al interior del procedimiento administrativo adelantado por el CNE”. Es decir, al no estar legitimados, no podían aducir la violación de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, la decisión que ordenó la inscripción de Jorge Agudelo carecía de fundamento legal.

“Así las cosas, la inscripción de la candidatura del ciudadano Jorge Agudelo para la Alcaldía de esta ciudad por el período electoral 2024 a 2027 como representante del partido político Fuerza Ciudadana, no es un asunto que ataña directamente a los convocantes quienes imploran los derechos a elegir y ser elegido pero en beneficio de un tercero, esto es, el partido político a quienes les fue revocada la candidatura por no cumplir con las exigencias legales y constitucionales que allí se definieron, al punto que desistieron del recurso que la allí interesada propuso”, se lee en la sentencia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Caicedo, quien renunció a mediados de octubre a la Gobernación de Magdalena para impulsar abiertamente la aspiración de Agudelo, cuestionó que el Tribunal alegara “razones puramente formales” para “desconocer la voluntad popular”. El presidente Gustavo Petro calificó la decisión “como una burla al voto ciudadano de Santa Marta” y agregó que “no se pueden quitar derechos políticos sino por sentencia de juez penal”, en clara alusión al caso que protagonizó y llegó a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante su etapa como alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015, Petro fue destituido de su cargo e inhabilitado por una sanción administrativa de la Procuraduría General de la Nación. Unas medidas cautelares le dieron la posibilidad de volver como alcalde y culminar su periodo. Años más tarde, en 2020, la Corte Interamericana dictaminó que se desconocieron los derechos políticos del hoy presidente y ordenó al Estado colombiano modificar sus leyes para que ninguna institución pública tenga la facultad de separar de sus puestos a funcionarios electos por voto popular. El primer mandatario considera que Agudelo pasa por una situación similar a la suya.

Agudelo y Fuerza Ciudadana guardan una última esperanza, luego de que sus votos fueran excluidos: que la Corte Constitucional decida revisar la tutela que hoy lo deja por fuera de Alcaldía. Mientras eso no ocurra, el reinado de una década de la izquierda en Santa Marta llega a su fin.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.