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Thomas Greg exige el contrato para hacer los pasaportes o 117.000 millones de pesos

La multinacional reclama al Ministerio de Relaciones Exteriores por el “daño reputacional sufrido” tras la decisión de declarar desierta una licitación en la que era el único proponente calificado

Pasaporte colombiano
Un hombre sostiene un pasaporte colombiano, el 22 de octubre del 2022.Diego Cuevas

El drama sobre quién fabricará los pasaportes y las visas en Colombia se recrudece una vez más. La multinacional Thomas Greg & Sons (TGS), encargada de ese negocio desde 2007 y único oferente legalmente aprobado en la licitación para el tema, ha presentado una solicitud de conciliación como requisito previo para demandar a la Cancillería, que declaró desierto ese proceso en septiembre, bajo el argumento que puede haber irregularidades. Según el escrito de la solicitud, la firma pide que el Estado le entregue el contrato. En el caso contrario, que le pague una indemnización de 107.000 millones de pesos (unos 25 millones de dólares) por no hacerlo, más 10.000 millones de pesos adicionales (unos 2,3 millones de dólares) por el “daño reputacional sufrido” en el escándalo.

El contrato anterior para ese mismo fin tenía fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2023. En mayo, cuatro meses antes de que caducara, el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un nuevo proceso de licitación para elegir la próxima compañía que proveería el servicio. Once empresas se presentaron, incluidas una alianza colombo-lusa entre Cadena y la Casa de la Moneda de Portugal, la alemana Veridos o la francesa IN Groupe. El Ministerio recibió más de 400 quejas de los proponentes, que, entre otras, argumentaban que el plazo de solicitudes era demasiado corto y favorecía al entonces contratista ―anteriormente habían pedido que el proceso se abriera con seis meses de antelación―. TGS fue la única que cumplió con los requerimientos, y quedó como uno proponente habilitado.

Ante eso, en junio, el canciller Álvaro Leyva suspendió temporalmente el proceso licitatorio, y prorrogó temporalmente el contrato vigente con TGS. Ante las críticas y en medio de la zozobra, en septiembre lo declaró definitivamente desierto. Su jefe, el presidente Gustavo Petro, argumentó que en su mandato no se entregarán licitaciones cuando haya un solo proponente habilitado, a pesar de que la ley permite esas situaciones. “Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, explicó en X.

La decisión de la Cancillería desató un caos en el servicio de expedición de pasaportes. Miles de ciudadanos preocupados ante la posibilidad de no poder obtener sus documentos se quejaron públicamente, e imágenes de extensas colas frente a instalaciones oficiales se volvieron frecuentes en los noticieros y las redes sociales. El Estado tenía que actuar.

El 14 de septiembre, la Cancillería declaró el estado de urgencia manifiesta, una figura jurídica que permite contratar de forma directa e inmediata a una empresa proveedora para garantizar la continuidad de un servicio esencial para la sociedad. Este recurso aseguró la expedición de pasaportes y evitó la interrupción del servicio. Unas semanas después, a principios de octubre, la Cancillería le dio una prórroga de un año a TGS. El acuerdo permite que la multinacional siga siendo la encargada de la impresión de documentos oficiales hasta octubre de 2024. El Ministerio también anunció que abriría una nueva convocatoria “de manera inmediata”. Hasta ahora no ha ocurrido.

La Cancillería no se ha pronunciado sobre la solicitud de conciliación extrajudicial que TGS presentó ante la Procuraduría General de la Nación, en la que convoca al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio como tal, representados ambos por el canciller Leyva. Justamente el ente disciplinario anunció en septiembre, en medio del escándalo, que había abierto una investigación contra el canciller por presuntas irregularidades en las decisiones sobre la licitación de pasaportes. La Fiscalía también indaga presuntas irregularidades.

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