Thomas Greg & Sons, la empresa colombiana detrás del suspendido y millonario negocio de hacer los pasaportes

Los pliegos del millonario concurso público para adjudicar la elaboración de pasaportes en Colombia no convencen a casi nadie. Así se desprende de la reciente decisión del canciller Álvaro Leyva de suspender la licitación en curso tras los señalamientos de siete empresas participantes, que evidenciaron unas condiciones en la convocatoria que favorecerían a un viejo conocido: Thomas Greg & Sons (TGS), un consorcio colombiano que desde 2007 ha logrado hacerse, sin apenas rival, con contratos tan cuantiosos como el de este año por un valor de 599.651 millones de pesos (unos 140 millones de dólares).

La empresa, a pesar de su nombre anglosajón, tiene raíces y mayoría accionaria colombiana. Desde hace más de seis décadas ha estado bajo la propiedad de la familia Bautista y se ha centrado en el negocio de transporte de valores, seguridad privada y contratos de impresión para documentos que requieren seguridad, como cheques, estampillas, tarjetones electorales, cédulas o pasaportes. La buena salud del consorcio lo ha llevado a tener presencia en una docena de países, desde la India hasta Brasil. Sin embargo, los hermanos Camilo y Fernando, a la cabeza de TGS, arrastran desde los años 80 una serie de señalamientos y un breve paso por la cárcel en 1983, tras ser acusados por una sonada estafa relacionada con la exportación de café ficticio a Estados Unidos y préstamos fraudulentos por más de 120 millones de dólares de la época (los hermanos fueron excarcelados tras admitir delitos menores y colaborar con la Fiscalía).

Esta vez la alerta proviene de una decena de multinacionales, entre las que está la imprenta nacional alemana Veridos, o la francesa IN Groupe, con cinco siglos de trayectoria contractual con las altas esferas del poder en Francia. Entre las condiciones que han sido señaladas dentro del pliego de peticiones se hallaba la prioridad explícita para las empresas de tener una planta de producción en Bogotá, un requisito que solo cumple TGS; o los 44 días dispuestos por la Cancillería para preparar la presentación con las muestras, tintas, 3 chips de seguridad y papeles especiales requeridos (en otros países el proceso suele tardar entre cuatro y seis meses, según declaraciones de un portavoz de la compañía colombo lusa Cadena, en el diario El Colombiano).

A la espera de que el contrato vigente entre la Cancillería y TGS caduque el próximo 31 de agosto, surgen varios interrogantes sobre el margen de maniobra del Gobierno para equilibrar el pliego de condiciones. Y es que la relación entre Petro y los hermanos Bautista, un exguerrillero de izquierda y los herederos de una familia de empresarios con especial apego por el polo, no puede ser más cortante. “Thomas Greg & Son’s pone a los presidentes de Colombia”, dijo desafiante Petro durante la campaña electoral regional de 2019. Un año antes denunció un fraude en su contra en las elecciones presidenciales. Sin embargo, nunca mostró pruebas y luego abandonó el asunto.

Los Bautista, por su parte, han tejido una estrecha relación con el establecimiento colombiano. La actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció en 2016, como senadora del independiente partido Alianza verde, que desde la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010, el negocio de los Bautista se vio espoleado de manera exponencial. La entonces congresista aportó pruebas para evidenciar que el modelo de contratación con la Registraduría favorecía al conglomerado familiar, en el cual el presidente y Nobel de Paz colaboró: fue miembro de su junta directiva hasta 2006, cuando asumió como ministro de Defensa. El monto de las contrataciones con TGS pasó, según López, de los 88 mil millones en otros cuatrienios a 690 mil millones con la administración Santos a través de “pliegos entregados a dedo, amañados”.

Si desde la izquierda y el centro político llovían sospechas y acusaciones, la derecha radical no se ha quedado atrás. En mayo del año pasado, en plena recta final de la campaña presidencial, la senadora uribista y de ultraderecha María Fernanda Cabal denunció en su cuenta de Twitter la existencia de una maraña de relaciones entre la opaca firma costarricense que auditaba los resultados de las elecciones presidenciales y la firma Thomas Processing & Systems, filial de TGS. “El consorcio DISPROEL (una unión temporal bajo la tutela de los Bautista Palacio), desde hace más de quince años, se gana los millonarios negocios electorales en Colombia, ya que al parecer son los únicos que cumplen con los requisitos desorbitantes que la Registraduría Nacional solicita”, se lee en la cuenta de la parlamentaria por el opositor Centro Democrático. Efectivamente, TGS ha manejado los contratos de logística electoral desde 2010 –independientemente de que hayan salido triunfantes candidatos de izquierda, centro y derecha.

La situación actual es difícil. Hay temores desde diversos frentes ante la posibilidad de que se dé un nuevo cuello de botella en el trámite de obtención del pasaporte. El frenazo en la licitación podría revivir la crisis que el país atravesó durante la pandemia, cuando conseguir un pasaporte, un trámite que había mejorado para ser ágil y organizado, estuvo a punto del colapso. La familia Bautista, por su parte, no concede entrevistas para conocer sus posturas. En Internet solo hay una charla con Camilo, CFO de la multinacional. El empresario cuenta en el video de Youtube su historia de amor con el polo y la cría de caballos, conocido como el deporte de los reyes. A la pregunta de cómo ha armado su equipo de polo, bautizado Las Monjitas, responde: “Yo creo que hay que contar con algo de suerte. Pero las cosas no se hacen solas”.

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