La Fiscalía revive las investigaciones sobre la financiación ilegal de Odebrecht a campañas políticas

La imputación de cargos al excandidato a la Presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga, y a su hijo, David Zuluaga, gerente de la campaña uribista de 2014, es hasta ahora la actuación de la Fiscalía General de la Nación con mayor alcance sobre la financiación ilegal de Odebrecht a campañas políticas en Colombia.

Según ese organismo, la multinacional brasileña pagó 1,6 millones de dólares, con conocimiento del aspirante presidencial, para cubrir una parte de la contratación del famoso publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, recordado como ‘Duda’ Mendonça. Los hechos ocurrieron en 2014, el año en que el expresidente Juan Manuel Santos se jugaba su reelección en la Casa de Nariño con la bandera de la paz. Zuluaga era su principal adversario, con el respaldo político del expresidente de derecha, Álvaro Uribe Vélez.

Las primeras versiones sobre el aporte de Odebrecht a la campaña de Zuluaga salieron a la luz pública hace más de seis años. En enero de 2017 la revista brasileña Veja publicó un artículo basado en las revelaciones del estratega de marketing sobre la red de sobornos de la constructora en países de América Latina, como parte de un acuerdo de colaboración con las autoridades judiciales de ese país.

‘Duda’, quien ganó prestigio como cerebro de la campaña publicitaria de 2002 que llevó por primera vez a Luiz Inácio da Silva al poder, puliendo tanto su apariencia con el porte de corbatas como el tono de sus discursos, contó que los primeros acercamientos con la campaña de Zuluaga los tuvo con la intermediación de Odebrecht. Dijo que, en 2014, el año de la campaña, se reunió en São Paulo con David Zuluaga, el hijo del candidato colombiano y gerente de la campaña, y con un directivo de la compañía que ha estado en el centro de uno de los entramados más oscuros entre corrupción y poder.

“Al término de esta reunión, ‘Duda’ hace una propuesta de 4,3 millones de dólares para cerrar el contrato, pero el precio fue considerado como demasiado alto por la campaña. Odebrecht, entonces, entró en el juego y se ofreció a pagar los gastos del experto en marketing, a través de depósitos en cuentas bancarias en el exterior”, decía la noticia de la revista Veja, según apartes que replicó en Colombia la emisora W Radio.

De acuerdo con la versión del gurú publicitario, al finalizar la campaña a la presidencia, que terminó ganando el expresidente Santos en segunda vuelta, la constructora transfirió 1,6 millones de dólares, la misma cantidad que hoy se registra en los expedientes de la Fiscalía contra el excandidato a la Presidencia. ‘Duda’ Mendonça murió en agosto de 2021, a los 77 años, como consecuencia de un cáncer.

Tras las revelaciones de 2017, Zuluaga negó que conociera de los aportes de Odebrecht. “Nuestra campaña no puede hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrech tuviera con el señor Duda Mendoça al margen de lo convenido con nosotros”, decía en un comunicado. Aseguró que se enteraron del “supuesto pago” por la publicación de la revista brasileña.

Lo que sí reconocía el excandidato era que personas cercanas a su campaña buscaron recomendaciones de empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, sobre estrategas políticos destacados; que contactaron a ‘Duda’ por sugerencia de la constructora y que conoció personalmente al asesor en un viaje a Brasil en febrero de 2014, en el que no se discutió ninguna propuesta económica. En la reunión también participó Iván Duque, quien fuera elegido ese año como senador del Centro Democrático y más adelante como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022. Duque le dijo en 2017 al diario El Tiempo que allí solo se había hablado de la experiencia del publicista.

Zuluaga precisó que todo sucedió antes de que se conociera el que sería uno de los más grandes escándalos de corrupción y que la negociación con ‘Duda’ Mendoça se selló en 2.859 millones de pesos (alrededor de 1,4 millones de dólares de entonces) por un periodo de dos meses.

Pero la versión del excandidato presidencial comenzó a perder fuerza con las declaraciones de Daniel García Arizabaleta, director del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el segundo Gobierno de Álvaro Uribe, como testigo de la justicia. García Arizabaleta resultó salpicado en el escándalo de Odebrecht por uno de sus ejecutivos, Luiz Antonio Mameri, quien afirmó que se había reunido con él para discutir una donación a la campaña de Zuluaga.

El silencio del exdirector del Invías duró hasta que el partido del uribismo le dio la espalda. Cuando la Fiscalía anunció una imputación en su contra, el Centro Democrático le pidió su renuncia como candidato al Senado en 2022. En mayo de 2023, García Arizabaleta se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía y se comprometió a declarar contra Zuluaga. Como parte de ese acuerdo, entregó grabaciones que revelan que el excandidato sabía de los aportes ilegales a la campaña.

Ahora, la Fiscalía ratifica que el apoyo de Odebrecht no ocurrió a espaldas de Óscar Iván Zuluaga. El organismo sostiene que el excandidato se habría reunido en varias oportunidades en su apartamento del norte de Bogotá con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En esos encuentros se habría pactado el aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios de ‘Duda’ Mendoça. Según las investigaciones, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1,6 millones de dólares a las cuentas de una empresa del publicista en Panamá.

“Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Las pesquisas apuntan a que Óscar Iván Zuluaga no solo tenía conocimiento del aporte ilícito, sino que tanto él como su hijo ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht ante el Consejo Nacional Electoral. Zuluaga padre tendrá que afrontar un proceso penal por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Su hijo, por fraude procesal. El expresidente Álvaro Uribe reaccionó este mismo martes ante las decisiones de la Fiscalía con un trino en el que manifiesta su cariño por los Zuluaga, sin poner las manos en el fuego por ellos.

La actuación de la Fiscalía supone un nuevo impulso a investigaciones sobre la financiación ilegal de Odebrecht a campañas políticas. Pero deja por resolver las dudas que han rodeado la presunta financiación de otras campañas políticas, como las de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.

El gerente de la campaña presidencial de Santos en 2010, Roberto Prieto, fue acusado en 2018 de haber recibido 650 millones de pesos (unos 130.000 dólares) por ejercer influencia ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de asegurar una adición al contrato de la Ruta del Sol III con Yuma, concesionaria de la que no era parte Odebrecht, para la construcción del puente entre los municipios de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar).

En 2019, Prieto aceptó los cargos y fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular e interés indebido en la celebración de contratos. “Tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de la campaña política de Santos Presidente”, describe el comunicado oficial de la Fiscalía publicado en mayo de ese año. Tres años después, en abril de 2022, un juez ordenó su libertad por reducción de la sentencia y pena cumplida.

Una de las líneas de investigación que continúan abiertas gira alrededor de contratos, al parecer ficticios, entre el consorcio que lideraba la cuestionada constructora brasileña y la empresa Gistic. Parte de lo que se busca establecer es si esos dineros se destinaron a la campaña de reelección de Santos de 2014. Algunos de los involucrados estarían colaborando con la justicia como testigos.

Otra línea en curso es la que llevó a revivir el escándalo de Odebrecht en Colombia a finales del año pasado con la imputación de delitos contra una decena de nuevos presuntos involucrados, entre ellos Daniel Hernández, uno de los fiscales investigadores del pago de millonarias coimas por parte de la multinacional a cambio de contratos como el de la Ruta del Sol II, un tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe.

La Fiscalía señala a Hernández de amenazas a testigos por una supuesta intimidación al condenado exsenador Otto Bula para que se abstuviera de declarar en contra del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario del Grupo AVAL.

La financiera Corficolombiana, filial de ese grupo, formaba parte del consorcio que lideraba Odebrecht y que logró, a finales de 2009, la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol, a cambio de millonarios sobornos. José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana, fue condenado por esos hechos. Martínez era abogado del conglomerado bancario para esa época, años antes de ser nombrado fiscal general en 2016. El caso Hernández ha aumentado la presión sobre los círculos de poder en el escándalo Odebrecht.

Por lo pronto, las investigaciones penales se acercan cada vez más a “el dinero sucio en la campaña de Colombia”, como estaba titulado el capítulo de la revista Veja que desmintió Zuluaga. El mismo que ahora lo lleva a defenderse ante la justicia, un proceso en el que no hay lugar para las estrategias de marketing político.

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