El penúltimo misterio para definir el contrato de los pasaportes le da una prórroga de un año a Thomas Greg

Mientras el lunes se esperaba la noticia sobre el futuro de la licitación para la fabricación de los pasaportes en Colombia, la aprehensión entre cientos de ciudadanos inquietos por el posible caos en el servicio de expedición iba en aumento. De hecho las imágenes con extensas colas frente a las instalaciones oficiales, especialmente en la capital, han sido frecuentes en los últimos días. Pero finalmente la Cancillería, que hace dos semanas había declarado desierto el concurso, informó el lunes en la tarde que ha extendido por un año más el contrato que caduca hoy martes para la elaboración de los documentos con Thomas Greg & Sons (TGS), la polémica firma que lleva haciéndose con el millonario negocio de forma ininterrumpida desde 2007.

Lo hace apoyado en la figura de “urgencia manifiesta”, una medida parcial para garantizar los “derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción”, se lee en un comunicado publicado por la Cancillería. El panorama, en todo caso, está lejos de estar despejado. Por el camino la Procuraduría le ha abierto una investigación disciplinaria al canciller, Álvaro Leyva, por disolver un proceso que según sus análisis habría cumplido con todos los requisitos formales. La Fiscalía, por su parte, indaga presuntas irregularidades en la licitación, así como también el papel del secretario general de Exteriores, José Antonio Salazar, responsable de gestionar el proceso.

La Cancillería ha informado que abrirá una nueva convocatoria “de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista”. Esto último en clara alusión a las reservas que ha despertado la multinacional colombiana TGS en el Palacio de San Carlos, la sede de Exteriores. Y es que ya son más de 15 años los que TGS ha estado al frente de un negocio que en esta ocasión asciende a los 599.000 millones de pesos (unos 147 millones de dólares). Suma suficiente para que un grupo de multinacionales en competencia, entre ellas la colombo-lusa Cadena, haya alzado la voz en repetidas ocasiones ante los organismos de control para evidenciar presuntos “amaños” en los pliegos.

Sus reparos se han centrado, sobre todo, en los tiempos dispuestos para elaborar las maquetas de los pasaportes para el concurso, así como los chips de seguridad, elementos con cierto grado de sofisticación con los que Thomas Greg ya cuenta. O, en todo caso, estarían muy adelantados.

A pesar de las críticas de los competidores, voces como la de la excanciller María Ángela Holguín se han mostrado críticas con el manejo que se le ha dado al asunto desde la cartera. Para la exministra de Exteriores del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), la Cancillería ha debido cambiar con antelación los pliegos licitatorios y así anticiparse a una situación cuyas características conocía de sobra. “Las condiciones en los pliegos están relacionados con tener un pasaporte seguro, que no se pueda falsificar, para que nos quitaran el requerimiento de visado en otros países, y para que estuviéramos en la lista de los países con los más altos estándares de seguridad”, explica María Ángela Holguín.

De la misma forma recuerda que esta no es la primera oportunidad en que los mismos competidores de TGS participan en el concurso: “¿Por qué no se han preparado durante los años que han tenido? Han tenido todo este tiempo y ahora hacen creer que realmente la licitación se abre y se cierra ahí mismo y por eso no alcanzan a participar”. A su juicio, si el Gobierno de Gustavo Petro, que ha tenido diferencias con la gestión logística de la empresa de la familia Bautista, estaba en desacuerdo con entregárselo de nuevo, una solución habría sido rebajar los requisitos del proceso a la hora de preparar el pliego: “Pero no se puede llamar ahora a una urgencia cuando se sabía que todo esto iba a pasar”.

Thomas Greg & Sons es una empresa de mayoría accionaria colombiana fundada en 1959. Tiene décadas de experiencia en el negocio de transportes de seguridad e impresión de documentos oficiales como cédulas, tarjetones electorales o pasaportes. Sus socios mayoritarios son la familia Bautista, un clan empresarial con viejas y sólidas conexiones con el poder. El contrato más reciente con el que se han hecho fue adjudicado por la Registraduría en diciembre del año pasado para el manejo de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Entre sus funciones tendrán a cargo tareas tecnológicas y logísticas como el proceso de inscripción de las cédulas, entre otras.

Sobre las condiciones de la nueva prórroga de un año se conoce que se ha firmado un contrato por 150.000 millones de pesos. Una salida que lleva la firma del canciller Leyva, quien en los últimos meses se había mostrado reticente a darle vía libre a un concurso en el que TGS había quedado como único proponente. “Los temas de seguridad en estos documentos cada vez van creciendo, porque el mundo, en general, va pidiendo todavía más exigencias. Pero no es cierto que el pliego esté hecho para una firma, sino para que los pasaportes sean bien seguros”, concluye María Ángela Holguín.

Todo esto sucede para apaciguar la situación de incertidumbre que empezaba a tensionar el ambiente frente a los centros de expedición del documento. Ante la urgencia, el Canciller del primer Gobierno de izquierdas en la Colombia contemporánea, no ha visto otra solución a la mano que volver a llamar a la firma que tanto recelo despierta en su entorno para que continúe durante doces meses más al frente del negocio de fabricar la cédula oficial que les permite a los colombianos viajar al extranjero.

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