Sin nombre ni sello para el futuro fabricante de pasaportes en Colombia

El futuro de la millonaria licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia ha entrado en un insospechado punto muerto. La decisión del canciller, Álvaro Leyva, de declarar esta semana desierto el concurso por 599.651 millones de pesos (unos 140 millones de dólares) deja a miles de colombianos expectantes ante los posibles atascos en la expedición de los documentos. Tras la decisión oficial hay una batalla comercial con tintes políticos que tiene bajo escrutinio a la poderosa y controvertida empresa de mayoría accionaria colombiana Thomas Greg & Sons (TSG).

En la esquina opuesta se agrupa un puñado de multinacionales entre las que se cuentan la imprenta alemana Veridos, la francesa IN Groupe, pero sobre todo el consorcio colombo-luso Cadena. Estos últimos han ejercido un férreo contrapeso a TSG, una compañía dedicada desde hace décadas al transporte de valores e impresión de documentos de seguridad. Sus estrechos lazos con el establishment más conservador se han traducido en numerosos contratos con el Estado que la hoy alcaldesa de Bogotá Claudia López denunció en sus días como congresista.

Con la llegada de un inédito Gobierno de izquierda al Palacio de Nariño, las presuntas facilidades licitatorias para la compañía gestionada por los hermanos Camilo, Felipe y Fernando Bautista parecen haber tocado techo. Las quejas por el supuesto amaño de las condiciones fijadas en los pliegos ha sido denunciada con pruebas enviadas por el bloque de multinacionales a organismos de control como la Registraduría e incluso a la Fiscalía. Y tras haber quedado en solitario en el proceso, la Cancillería lo ha cancelado. Por lo pronto, el reloj de arena corre en contra y el contrato vigente con TGS, que lleva haciéndose con el concurso de manera ininterrumpida desde 2007, vence el próximo 2 de octubre.

La familia Bautista, entre el polo y la política

Familia de polistas, caballos y negocios, los Bautista han entreverado su cercanía con presidentes como el conservador Andrés Pastrana (1998-2002) o el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos (2010-2018), con millonarios contratos para la elaboración de tarjetones electorales, cédulas de ciudadanía o pasaportes. Los hermanos Camilo, Felipe y Fernando, experto en historia, fueron acusados en Estados Unidos, en 1983, por una sonada estafa relacionada con la exportación de café ficticio a Estados Unidos, así como también por préstamos fraudulentos por más de 120 millones de dólares de la época. Tras admitir delitos menores y colaborar con la Fiscalía estadounidense fueron excarcelados al poco tiempo.

El consorcio familiar también se ha ganado otros contratos vinculados al suministro, impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de la visa colombiana. Su buen rendimiento financiero ha llevado a la multinacional a tener presencia en una docena de países, desde la India hasta Brasil. Una fuente que pidió mantener su nombre en reserva sostuvo que basta con una revisión al Sistema Electrónico para la contratación Pública para constatar en el historial que TGS es recurrentemente el único oferente que se presenta con el presupuesto más alto.

Las quejas de las multinacionales

La catarata de reparos desde empresas como Cadena, integrada entre otros por la Casa de la Moneda de Portugal, no se hizo esperar desde el principio de 2023. La Cancillería ya había suspendido la licitación a principios de junio tras las quejas por unos tiempos de presentación de las maquetas de los pasaportes imposibles de cumplir para los demás concursantes. También incluía, según las multinacionales extranjeras, requisitos de experiencia que solo cumplía Thomas Greg & Sons.

Una fórmula que, al parecer, ha sido replicada en licitaciones para la impresión de tarjetones, la logística del día de elecciones y el proceso de escrutinio. Por eso la senadora uribista y de ultraderecha María Fernanda Cabal denunció en su cuenta de X la existencia de supuestos nexos opacos entre la firma costarricense que auditó los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado y la firma Thomas Processing & Systems: “El consorcio DISPROEL (unión temporal bajo la tutela de los Bautista Palacio), desde hace más de quince años, se gana millonarios negocios electorales en Colombia, ya que al parecer son los únicos que cumplen con los requisitos desorbitantes que la Registraduría Nacional solicita”.

Este diario se puso en contacto con uno de los abogados de TGS pero no obtuvo respuesta. La firma anunció el jueves que demandará a la Cancillería por unos 100,000 millones de pesos. En información difundida por diversos medios, TSG, y su socio, el Grupo Thales de Francia, expresaron su confianza en la primacía de la “institucionalidad, en el respeto y apego a la ley de contratación del Estado colombiano, todo lo anterior en beneficio y protección del interés general, los derechos de los ciudadanos y la prestación ininterrumpida de expedición de pasaportes”.

Repercusiones ideológicas

El relevo político en Colombia, con la aguja apuntando hacia la izquierda, trastocó para muchos los planes de negocio de TGS. Ya durante la campaña regional de 2019 el hoy presidente Petro señaló que “Thomas Greg & Sons es la dueña del software de cómputo de datos de la Registraduría. Un software permeable al fraude”. Y añadió: “Thomas Greg & Sons pone a los presidentes en Colombia”. De hecho un año antes había denunciado, de forma intempestiva y sin pruebas a la mano, un supuesto fraude en su contra en las elecciones presidenciales que ganó el derechista Iván Duque (2018-2022) con insinuaciones del mismo corte.

Pero esta vez el presidente Petro se ha mostrado más lacónico, y en su frecuentada cuenta de X publicó: “En mi Gobierno no tendremos licitaciones con un proponente. La lucha contra la corrupción va en serio”. Entre tanto, la mayoría de colombianos urgidos de renovar su pasaporte, u obtener uno nuevo, ahora empiezan a conocer el perfil de una familia que ha amasado una enorme fortuna al abrigo de contratos lubricados por las relaciones con el poder.

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