La guerra civil del aguardiente en Colombia

Esta vez han sido Cundinamarca y Caldas, dos regiones en el centro del país, los departamentos involucrados en un nuevo capítulo de la guerra del aguardiente en Colombia. Las autoridades cundinamarquesas desataron el conflicto la semana pasada al revocar el permiso de venta e ingreso del aguardiente Amarillo de Manzanares producido por la industria licorera caldense. El episodio revive la polémica en torno a un modelo regional de monopolio rentístico sobre los destilados, instaurado por ley en el siglo XIX para proteger la producción local, y cuyo espíritu perdura más de 100 años después.

La batalla de fondo se prevé encarnizada. La Industria Licorera de Caldas, productora departamental del anisado amarillo, contaba desde 2017 con un permiso para comercializar su licor en Cundinamarca hasta 2027. Esta última región, de forma intempestiva, rompió el contrato bajo el argumento de que la empresa caldense presuntamente incumplió con cierto requisito asociado a una reducción en la graduación del aguardiente. El caso, lejos de resultar aislado, se suma a otros intentos de veto que han involucrado en años recientes a las licoreras de Antioquia, Caldas o Tolima.

Para intentar acercarse al fondo del asunto habría que recordar que el entramado fiscal colombiano otorga a cada región productora de licores el monopolio rentístico sobre la producción y comercialización dentro de cada territorio. Si un departamento aspira a vender sus destilados en otra región, debe tributar en ese destino. Por eso la empresa departamental de Caldas habría pagado desde 2017 más de 35.000 millones de pesos a Cundinamarca en impuestos y derechos para la explotación. La historia se desarrolla dentro de un marco de desconfianza regional cuyos principios históricos han sido refractarios a la competencia.

Juan Gonzalo Zapata, investigador de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarollo), hila más fino y explica que el argumento técnico empuñado por la licorera cundinamarquesa es que el permiso de venta del aguardiente Amarillo de Manzanares estipulaba que cada botella debía tener 24 grados de alcohol y las que se están comercializando, sin embargo, tienen una graduación de 30: “El trasfondo es que el aguardiente tapa verde de Néctar, que es de 24 grados, es uno de los puntos fuertes en las ventas de la empresa de Cundinamarca y su negocio se está viendo afectado con la buena acogida que ha tenido el Amarillo en Bogotá y Cundinamarca”.

Casos como este han llevado a que los políticos locales impongan un pulso de hierro en el Congreso para salvaguardar algunos beneficios con la tesis de que cada intento de abrir el mercado es una amenaza para los recursos de los impuestos que se canalizan hacia la red sanitaria (37%) y de deportes (3%) de sus Gobernaciones. A pesar de todo, el país expidió en 2016 una ley incluida en las aspiraciones colombianas de acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aquella ley 1816 clarificó y despejó las normas para la entrada de licores extranjeros, que antes enfrentaban un sinnúmero de barreras, y terminó por resquebrajar “el monopolio desde afuera”, apunta Juan Gonzalo Zapata.

También forzó a la Federación de Departamentos y otros actores a centrar sus disputas en el comercio local. El mercado acabó abriéndose, en alguna medida, y el consumo de whisky y vino en Colombia aumentó, por ejemplo. En paralelo las arcas de los departamentos, que aún reciben sumas millonarias, se vieron afectadas. Solo así se explica la tensión que ha despertado el caso del aguardiente, la bebida anisada típica del país, en un mercado que apenas se despereza a pesar de que aún conserva ciertos tintes coloniales: “El aguardiente de Manzanares tenía todos los permisos de introducción vigentes. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se dio cuenta de que el aguardiente Amarillo se volvió tremendamente popular, en especial entre los jóvenes, y de forma arbitraria denegó los permisos para proteger su industria”, explica el abogado de la Industria Licorera de Caldas, Pablo Felipe Robledo.

Para intentar clarificar la figura jurídica de “monopolio rentístico” fijada por la ley colombiana en el caso de los licores, el abogado Jorge Enrique Sánchez, representante de la empresa distribuidora del aguardiente Amarillo para Cundinamarca y Caldas, subraya que se ha malinterpretado con la de “monopolio comercial”. Explica que son dos conceptos diferentes. El primero garantiza a los territorios el acceso exclusivo a las rentas asociadas con las ventas de licores destilados a través del cobro de impuestos. El segundo, añade, es “una violación abierta a la libre competencia que no está contemplada por nuestras normas”.

Un embrollo apenas normal para un país de leyes e interminables vericuetos jurídicos. Y de agujeros negros. Aquella ley de 2016 también da carta blanca a los gobernadores para instaurar una salvaguarda o blindaje de entre 5 y 10 años renovables para congelar la entrada de cualquier aguardiente foráneo, durante ese lapso, en caso de que la salud de la industria local se viera amenazada: “Acá lo que realmente está ocurriendo”, concluye Sánchez, “es que Néctar (Cundinamarca) viene en una debacle terrible desde hace cuatro años. Es una empresa muy mal manejada. Han perdido entre un 15% y un 20% del volumen de producción anual. Por eso había que inventarse una de vaqueros y bloquear al competidor que estaba mordiendo cada vez más participación de mercado”.

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