Los colombianos presos en el infierno de Bukele

Claudia Marcela Colpas no ha sabido nada de su hijo Brandon Loaiza desde el 14 de febrero de 2023 a las seis y media de la mañana, cuando habló con él por última vez. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Nada en los casi seis meses que lleva preso e incomunicado en El Salvador, en una de las cárceles del régimen de Nayib Bukele. “Ese día me pidió la bendición, me dijo que se iba a trabajar y se despidió”, recuerda Claudia Marcela en diálogo con EL PAÍS.

Brandon, de 19 años, salió de su casa en una moto con otro compañero colombiano, sufrieron un accidente y mientras acordaban el pago de daños con la persona que los había atropellado, llegó la policía. Los detuvieron, los llevaron a una estación y los encarcelaron por supuestamente pertenecer a la peligrosa pandilla Mara 18, según le contó a Claudia Marcela una abogada de El Salvador que lleva el caso de su hijo. Los apresaron sin orden de captura, sin antecedentes penales, sin investigación previa, sin ninguna prueba.

El delito que les imputaron ese día a los dos colombianos fue el de hacer parte de agrupaciones ilícitas. El mismo con el que el régimen de Bukele ha encarcelado a más de 69.000 personas en solo 15 meses desde que decretó el Estado de excepción, en marzo de 2022. Ingrid Escobar, directora de la ONG de El Salvador Socorro Jurídico Humanitario, que está ayudando a las familias de los detenidos, afirma que del total de presos en este tiempo, al menos 20.000 son personas inocentes. “Hay una violación reiterada de derechos humanos a los colombianos presos en El Salvador. No sabemos cuántos son exactamente los colombianos detenidos, pero a nuestra organización han llegado más de 20 familias a pedir ayuda. Muchos de los capturados no reciben paquetes de higiene, ni de alimentos y están encerrados en las mismas cárceles con asesinos, con violadores, con pandilleros de verdad”, explica Escobar por teléfono. Y añade: “El régimen de excepción de Bukele ha servido para capturar masivamente, pero no para hacer justicia”.

Claudia Marcela cuenta que su hijo llegó el 25 de enero al país centroamericano en busca de un mejor futuro para él y su familia. Seducido por el bitcoin, la prosperidad aparente y el supuesto regreso de la seguridad, Brandon dejó su trabajo en el Club Campestre de Pereira para ir a conseguir dólares a El Salvador. Llevaba menos de un mes allí cuando lo capturaron. “A mi hijo lo detuvieron por ser colombiano, por ser pobre y por tener tatuajes”, dice Claudia Marcela con tristeza. “Él tiene tatuada una M pequeña en una de sus manos, que es la inicial de mi nombre, por eso lo acusaron de pandillero”. Ella ha intentado por todos los medios saber cómo está Brandón, pero ha sido imposible comunicarse con él. Después de muchas solicitudes a la embajada, a la cancillería y al consulado de Colombia en El Salvador, le dijeron en una respuesta oficial que por disposiciones de las autoridades de ese país no están permitidas las comunicaciones con los privados de la libertad. “Lo único que pido, dice Marcela, es una prueba de supervivencia, una foto, una carta, escuchar su voz de nuevo, saber que está bien de salud, si ha podido comer, si lo humillan o lo golpean”.

La misma angustia de Claudia Marcela la vive en este momento Erika Loaiza, hermana de Felipe Gómez Loaiza, el otro joven colombiano que fue capturado ese 14 de febrero. Tiene 31 años, es padre de dos hijos, una de un año y otro de cuatro, y llegó a El Salvador el 22 de diciembre de 2022. “Se fue en búsqueda de mejores oportunidades. Un amigo de él que vive allá lo llamó y le dijo que le estaba yendo muy bien, que había progreso y que era seguro. Llegó con esa ilusión”, cuenta Loaiza. Felipe vivía en Cartago, Valle del Cauca, y trabajaba como agricultor en una finca. En El Salvador vivía del comercio, vendía ropa y accesorios, hasta el día en que lo capturaron. Al igual que a Brandon, lo acusaron de pertenecer a la Mara 18. Su familia tampoco sabe nada de él desde esa fecha. Los tatuajes que tenía, con las huellas, los nombres y las fechas de nacimiento de sus hijos, también jugaron en su contra. “Tener tatuajes no los hace criminales”, insiste Erika.

Sin embargo, para el régimen de Bukele parece que los tatuajes sí son prueba de delitos. Beatriz Helena Muñoz, esposa de Cristian David Corrales, otro joven colombiano detenido en El Salvador, denunció que en un noticiero de Bukele habían puesto la foto del rostro de su pareja llena de tatuajes falsos para hacerlo pasar como un criminal. “A Cristian le hicieron un montaje absurdo. Él no tiene ningún tatuaje”, denuncia Beatriz, mientras compara las fotos reales de su esposo con las que aparecen en la portada del noticiero en el que lo muestran como un pandillero con tatuajes por toda la cara. Ella tampoco sabe nada de Cristian desde el día de su captura. “Estoy muy angustiada. Nosotros hablábamos todos los días por videollamada. Ahora ni siquiera sé si está con vida”, se lamenta.

Beatriz Muñoz, Erika Loaiza y Claudia Marcela Colpas son tres de las más de 35 madres, esposas y hermanas de colombianos presos en El Salvador que se organizaron para exigirle al Gobierno de Gustavo Petro que les ayude a garantizar los derechos humanos de sus familiares presos. En una carta, las mujeres de distintas regiones de Colombia, que hasta hace unas semanas no se conocían y ahora comparten una tragedia común, le solicitan al presidente que interceda para que las autoridades de El Salvador les den respuestas concretas sobre el estado de sus familiares. “Llevamos varios días sin tener información de ellos y cuando la solicitamos, la embajada de El Salvador no nos la brinda. Razón por la cual no sabemos si están enfermos o con vida en estos momentos”.

Su angustia se intensifica cada vez que se enteran de la muerte de algún preso en las cárceles de Bukele. Según la ONG Socorro Jurídico Humanitaria, en los 15 meses del estado de excepción han fallecido 156 personas, el 60% por violencia y 30% por negligencia médica. “En los últimos días, han muerto dos bebés que nacieron en cautiverio porque no los atendieron”, denuncia la abogada Escobar.

Las firmantes de la carta dirigida a Petro afirman que ninguno de sus familiares tiene antecedentes en Colombia y que son jóvenes trabajadores. “Ellos están siendo acusados sin contar con una representación legal y/o jurídica”, dice el documento. “Señor presidente, recurrimos a usted en medio de nuestra angustia. Somos personas de escasos recursos y no contamos con los medios para poder viajar a El Salvador, y poder tener conocimiento acerca de la situación jurídica y de salud de nuestros seres queridos. Por esto solicitamos que, a través de la cancillería y el embajador en el país de El Salvador, se pueda realizar la gestión para poder saber el estado en que se encuentran nuestros familiares”.

En la carta, apoyada por la organización El Salvador Patria Querida, las mujeres anuncian que viajarán a Bogotá para realizar un plantón en frente de la embajada los días 11 y 12 de julio. “Como no conocemos a nadie en la ciudad de Bogotá y no contamos con familiares en la ciudad, queremos solicitarle muy comedidamente si nos pudiera ayudar a llegar al lugar y/o un albergue para poder pasar la noche con nuestros familiares”, le piden al presidente.

En una breve respuesta a las preguntas de EL PAÍS, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia explica que la misión consular “estableció contacto con las autoridades judiciales salvadoreñas para instar por la garantía al debido proceso, la defensa y el respeto a los derechos humanos en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los colombianos presos en El Salvador”. La cancillería, dirigida por Álvaro Leyva, también afirma que han visitado en varias oportunidades a los detenidos y se prestó la debida asistencia consular y el acompañamiento a sus familiares. Los familiares niegan ese acompañamiento y dicen que se sienten abandonados por el Gobierno.

Por ahora, los familiares de los colombianos presos en El Salvador solo piden que sean tratados con un mínimo de dignidad. El problema, recuerda la abogada Ingrid Escobar, es que en el régimen de excepción de Bukele se han perdido todos los derechos de los procesados. “Acá no se garantiza el derecho al debido proceso, ni el derecho de audiencia, ni a ser vencidos en un juicio justo, no se les respeta la presunción de inocencia”. Escobar, que el 15 de julio denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones a los derechos humanos de Bukele, asegura que los jueces de El Salvador “ni siquiera saben el montón de colombianos que tienen metidos en la cárcel supuestamente por ser maras o pandilleros”. Lo más probable, afirma, es que estos jóvenes queden libres después de un año cuando la fiscalía no encuentre pruebas suficientes para condenarlos. Y concluye: “Lo grave es que las cárceles de Bukele son centros de tortura y muerte”.

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