La población LGTBIQ+ de Chaparral es reconocida como víctima del conflicto

Danna Méndez, es uno de tantos nombres que se han grabado en la memoria de la comunidad LGBTQ+ de Chaparral, un pequeño municipio del Tolima, en el centro del país. Esta región fue históricamente ocupada por la extinta guerrilla de las FARC. No eran los únicos, la zona estuvo en la disputa entre paramilitares, bandas de delincuencia común y fuerza pública. Todos ellos, en mayor o menor medida, marcaron la historia de vida de esta comunidad, pues usando la violencia quisieron aniquilar la diferencia. A Danna la asesinó un soldado del ejército, a Vanesa, un actor armado desconocido y así sucedió de manera cíclica con muchas más personas diversas. El conflicto armado en Chaparral se ensañó con las diversidades sexuales.

Ni así, la violencia ha amilanado a las lesbianas, los gays, y las personas trans de Chaparral que durante veinte años han insistido en organizarse y seguir celebrando su existencia, como lo hacen anualmente desde 1999 en el icónico Reinado Trans del Río Tuluní — el evento solo ha dejado de realizarse un par de veces, primero en 2015 por amenazas a sus organizadoras y luego a causa de la pandemia — . Pero este año el festejo que se realizará el 1 de julio en el marco de los eventos del día del ‘Orgullo’ será por cuenta doble, pues hace algunas semanas y tras una ardua lucha la Asociación Chaparral LGBTI Diversa, que nació en 2015 como ejercicio de resistencia, fue declarada sujeta de reparación colectiva (SRC).

En pocas palabras este fallo implica que el Estado colombiano por medio de la Unidad para las Víctimas (UARIV) finalmente acepta las afectaciones diferenciales que sufrió esta comunidad en su conjunto y debe repararla. Tales violencias se detallan en el libro “Un carnaval de resistencia: Memorias del Reinado Trans del Río Tuluní”, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde afirma que debido al estigma durante los años álgidos del control social que ejercieron los diferentes grupos armados, muchas mujeres trans de la región tuvieron que interrumpir su tránsito por miedo a ser asesinadas. Otras hasta el momento, ni siquiera cuentan con acceso a servicios básicos. El falló además, abre la posibilidad de que la comunidad afectada pueda obtener una reparación a través de medidas políticas, materiales y simbólicas de indemnización, satisfacción, rehabilitación y que den cuenta de garantías de no repetición.

La Asociación Chaparral LGBTI Diversa es apenas el cuarto sujeto de reparación colectiva LGBTIQ+ en Colombia, en un universo de aproximadamente 765 colectividades reconocidas así. “Este es un fallo bastante significativo porque de alguna manera les da a ellas un reconocimiento a nivel local, regional y nacional. Es sentar finalmente a la institucionalidad y empezar a idear todo un plan efectivo de reparación”, explica Lili Ospina, coordinadora en el Tolima de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) organización que ha acompañado y asesorado a esta comunidad.

Un avance lento y pocos reconocimientos

Hace un año la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, publicó su informe final y en él, incluyó un capítulo entero para detallar las violencias que se ejercieron contra las personas LGBTIQ+ a causa del conflicto que ha azotado por décadas al país. Entre las conclusiones, la entidad sostuvo que las agresiones que vivió esa población fueron sistemáticas y se buscó mantener un “un orden heterosexual y cisnormativo”.

Pese a esas conclusiones que el presidente Gustavo Petro prometió cumplir y llevar “hasta la última familia en el último rincón de Colombia”, el camino para que las disidencias sexuales y de género tengan una vida libre de violencia sigue estando cuesta arriba. La primera organización bajo esta figura fue Casa Diversa en Medellín hace casi 10 años, sin embargo Wilson Castañeda de la oenegé Caribe Afirmativo sostiene que la implementación y elaboración de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), al menos en su caso, se han desarrollado a ritmos pasmosos “Este proceso ha sorteado varias dificultades. Entre otras, porque el Estado quería imponer sus lógicas dentro del mecanismo de reparación y en el plan de acción que debe ser de construcción colectiva, incluso terminaba generando nuevos riesgos”.

Por su parte, Ospina celebra el fallo aunque al mismo tiempo plantea un reto ya que afirma que los prejuicios siguen latentes, “continúan violentando los derechos de esta población, sobre todo desde la institucionalidad. Desafortunadamente las entidades locales han atacado a las mujeres trans que componen la asociación, vulnerándolas por su enunciación identitaria”. Muestra de ello es la resolución de la UARIV donde les notificaron su inclusión como SRC. El documento va dirigido a una de sus integrantes más visibles: Kamila Pérez, quien es la representante legal de la organización y una reconocida lideresa trans.

Paradójicamente, el nombre que se consignó fue su masculino registral. Este diario se comunicó con la entidad para preguntar el porqué de esa decisión a lo que respondieron que eran “conscientes de la importancia del reconocimiento de la identidad de género de todas las personas” y partir de eso, aseguran se expedirá un acto administrativo aclaratorio en el que “se señale el nombre identitario de la representante legal del Grupo Sur del Tolima Diverso”.

Castañeda hace varias reflexiones, la mayoría encaminadas a la necesidad de un compromiso fuerte por del Estado con la población LGBTIQ+ más allá del conflicto armado, sino apuntando a una visión estructural que tenga en cuenta la realidad sociocultural del país: “El sujeto de reparación colectiva es una figura muy potente dentro de la ley de víctimas (ley 1448 de 2011), pero para que sea exitoso necesitamos que el Estado garantice contextos de cambio”, dice.

Desde el CODHES coinciden, y plantean que el reto es aprender de las experiencias de otros colectivos de víctimas. Aún así, para la lideresa Pérez que desde hace 34 años vive en el territorio y desde los 14 participa en el reinado, esa la pelea por sus derechos y los de su comunidad no es nueva. Ya a lo largo de su vida ha conocido los riesgos que implica batallar por mantener la memoria de su comunidad y así se lo expone a EL PAÍS en una conversación rápida horas antes de iniciar esta nueva conmemoración que seguirá siendo un ejercicio vivo por defensa de su territorio, su identidad y su memoria, ilustrando de forma cabal las palabras de la Comisión de la Verdad: “desde sus cuerpos, las personas LGBTIQ+ han desempeñado un papel fundamental en los ejercicios de resistencia al control poblacional en el conflicto armado, sobre todo para defender una vida en condiciones de dignidad y plena libertad”.

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