El Gobierno sugiere que hay grupos ilegales infiltrados en la protesta de San Vicente del Caguán

El Gobierno ha sugerido este viernes que hay grupos ilegales infiltrados en la protesta campesina en San Vicente del Caguán (Caquetá) contra la petrolera Emerald Energy. “[No vamos a] caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales”, ha declarado el ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Prada. El mensaje explicita aún más las sospechas del presidente de la República, Gustavo Petro, que el jueves señaló “el influjo de grupos” interesados en destruir su Gobierno y llevar al país a la guerra. Hay 79 policías y seis trabajadores que permanecen retenidos.

La comunidad campesina lleva meses de tensión con la petrolera Emerald Energy, filial de la empresa estatal china Sinochem. El reclamo es que la compañía cumpla con un compromiso de pavimentar 42 kilómetros de la vía a San Vicente del Caguán. Según Prada, es una demanda de inversión social fundamentada en los daños que produce la petrolera en la zona: “Hay camiones que sacan productos que van deteriorando la infraestructura. Es un deber que quienes utilizan y maltratan las vías las recuperen para mantener la calidad de vida de nuestros campesinos y nuestras campesinas”.

Las protestas frente a Emerald Energy comenzaron hace un mes, pero escalaron el jueves cuando la guardia campesina se sumó a las movilizaciones e ingresó a las instalaciones de la empresa. La Policía acudió a la zona y hubo incidentes que acabaron con la vida de un subintendente y un campesino. El primero murió por una herida de machete en el cuello, mientras que el segundo falleció tras recibir un impacto de bala.

El ministro de Defensa, Iván Vélasquez, ha viajado a San Vicente del Caguán en la mañana de este viernes para ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU). “La primera actitud que debemos recibir es la liberación de los policías y de los funcionarios de la empresa petrolera”, ha comentado durante la reunión con la Gobernación, la Alcaldía, la Policía y las Fuerzas Militares. Ha coincidido con Prada, que más temprano aseguró que el Gobierno negociará solamente cuando finalice la toma de rehenes: “Hemos planteado que un requisito insuperable es la liberación inmediata de nuestros miembros de la Policía Nacional y de los seis trabajadores”.

El ministro del Interior ha enfatizado que el Ejecutivo no quiere que se estigmatice la protesta. “Las guardias campesinas han estado allí desde hace muchísimos años, así que no es una expresión violenta per se [en sí misma]. Estamos cuidadosos de no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino”, ha declarado. Según el funcionario, los problemas vienen de las estructuras armadas que los hostigan y de las cuales ellos se defienden legítimamente.

Un Consejo de Seguridad del pasado 15 de febrero alertó sobre la presencia de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la protesta. “Las personas que se encuentran realizando el bloqueo están siendo constreñidos por la disidencia”, se lee en un comunicado que la procuraduría regional emitió el 19 de febrero.

Investigación contra la Policía

El Ministerio Público ha abierto este viernes una investigación contra la Policía Nacional por una presunta falta de apoyo a otros miembros de la fuerza durante los incidentes del jueves. El respaldo solicitado en diversas comunicaciones radiales nunca llegó, según la entidad de representación ciudadana.

Los policías retenidos pertenecen a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (UNDMO), un grupo que el Gobierno creó en 2022 para reemplazar al controvertido Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Según Prada, los miembros de esta nueva unidad no portan armas y tienen como objeto la integración de la policía con la comunidad. “Aquí no hubo ningún tipo de enfrentamiento, de disparos mutuos, porque había desarme total”, ha afirmado el ministro.

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