La lucha de Ana Carolina Ordóñez tras la muerte de su hijo a manos de la policía

María Helena Meneses dice que lo peor que le puede pasar a una mamá le pasó a ella. Su hijo Cristian Andrés, de 27 años, fue asesinado de un disparo en la frente. Ocurrió en la “fatídica” noche, como llama a la noche del 9 de septiembre de 2020, cuando las protestas estallaron en Bogotá. Los jóvenes estaban furiosos por el asesinato de Javier Ordóñez y salieron a las calles a pedir justicia.

Las manifestaciones se concentraron en los CAI porque querían enfrentar a la Policía. Unas horas antes habían visto morir a Ordóñez agonizando a los pies de los oficiales. “Los muchachos protestaban por lo que había pasado con el abogado en el CAI de Villaluz. Estaban indignados. A mi hijo no le gustaban las injusticias ni el actuar de la policía”, cuenta María Helena. La noche que fue asesinado su hijo otros diez jóvenes murieron en la represión de la fuerza pública. “Lo que pasó esa noche fue una masacre”, denuncia con todas las letras. “Una verdadera masacre”.

Un informe de la ONU, de diciembre de 2021, sobre el caso del 9S señala a la policía de reaccionar de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad a las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha que se registraron los días 9 y 10 de septiembre.

María Helena se unió a las otras madres que durante el 9S perdieron a sus hijos en un colectivo que hace activismo por la reparación de las víctimas de la policía. “La vida para nosotros quedó suspendida, llena de impotencia, de mucha rabia. He sido muy fuerte para poder estar aquí”, dice.

Gustavo Petro les prometió a las víctimas de los abusos policiales una reforma y el desmonte del Esmad. En las bases del plan de desarrollo, el Gobierno propone trasladar a la policía del Ministerio de Defensa a un organismo civil, en una idea que ha sido cuestionada por la derecha que defiende la condición tradicional de policía militarizada. El Gobierno quiere sacar a la policía de Defensa, pero no ha confirmado si creará un nuevo ministerio o si pasará al de Justicia o Interior. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha advertido que, en cualquier caso, el cambio no será inmediato. “Nos pusimos a hacer un estudio profundo de cómo hacer que ese cambio sea benéfico para la sociedad, fortalezca la Policía y la seguridad ciudadana, no vaya a causar perjuicios a las Fuerzas Militares. Ese deslinde queremos hacerlo muy bien, y no se hace de un día para otro”, dijo el funcionario en una entrevista con este diario. “Cambiar a la policía de donde siempre ha estado va a suscitar muchísimos debates, ojalá razonados, bien fundados. También gritos y pataletas. Estamos preparados para eso”.

Ana Carolina Ordóñez recuerda con horror lo que vivió el 4 de septiembre de 2020. Su hijo Juan David fue uno de los ocho jóvenes que la tarde de ese día murieron calcinados en una estación de policía de Soacha, mientras sus familias intentaban rescatarlos por las ventanas. “No nos quemen”, se escuchaba suplicar al interior del lugar, ante unos agentes que no hacían nada para ayudarlos. “Yo rompí los vidrios, otros intentaban quitar la puerta, mientras los policías veían cómo se quemaban”, dice Ana Carolina. “Cuando sacan a los muchachos, ya estaban totalmente calcinados”. Juan David salió de la estación con quemaduras en casi todo su cuerpo. Tras la muerte de su hijo, Ana Carolina creó el colectivo Rosa Negra, que reúne familias de otros jóvenes víctimas de abuso policial. “Seguimos haciendo memoria y resistiendo. Vamos a seguir luchando hasta que paguen los responsables”.

El concejal Diego Cancino ha reunido a víctimas de la represión estatal para pensar cómo aportar a la reforma a la policía. La idea es hacer asambleas populares para plantear ideas sobre cómo hacer de la policía una institución humana. Luis Fernando Barbosa asiste a la reunión porque cree que hay que insistir en una reforma porque es una manera de honrar a las víctimas. Su hijo murió atropellado por una tanqueta del Esmad el 7 de mayo de 2021.

Dilan, conocido como Dylan B. Lion en su grupo de hip hop, había asistido a una manifestación y en la noche, cuando se dirigía en moto a su casa, un vehículo de la policía lo embistió. “La tanqueta le pasa las dos llantas por encima, estalla el casco y le rompe la cabeza”, relata el padre, que dice que la muerte de su hijo no fue a causa de un “siniestro vial”, como ha intentado hacer creer la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hace dos semanas un informe en el que concluyó que hay impunidad en los hechos de violencia ejercida por las fuerzas de seguridad de Colombia en las protestas. En el seguimiento a 28 de las 41 medidas que le recomendó adelantar al Gobierno, solo tres presentan un cumplimiento avanzado y 14 apenas se cumplen.

La CIDH cuestiona que la policía siga dependiendo del Ministerio de Defensa y que las investigaciones por abusos policiales permanezcan en un “considerable escenario de impunidad” a pesar de la apertura de un alto volumen de expedientes. “La gran mayoría de los casos continúan en etapas previas de indagación de los hechos. La CIDH nota que el Estado no ha adoptado medidas para reparar a las víctimas”, señaló la comisión.

Gareth Sella, víctima de una lesión ocular por el Esmad, cree que a pesar de la voluntad del Gobierno, las otras reformas que Petro se propone adelantar, la de salud y la pensional, atrasarían su promesa de transformar a la policía. “Esperamos que las voluntades políticas alcancen para lograr una reforma, pero se necesita del impulso de la ciudadanía también, de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de los mismos policías”, dice Sella, que señala con preocupación que el Esmad siga en las calles dejando nuevas víctimas. “Por más de que este gobierno haya ganado, hay un sistema que se mantiene, un poder violento que está hecho para seguirnos reprimiendo”.

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