La justicia que no llega

La Guajira y el Chocó son dos departamentos de Colombia en donde no existe la corrupción. Si en La Guajira los niños mueren de hambre y muchos centros poblados no tienen acueducto, no es culpa de la corrupción. Si en la capital del Chocó la pobreza se multiplica y las únicas mansiones que se ven son las de los políticos de la región, tampoco es culpa de la corrupción. Los indicadores de la justicia señalan que allá todo está bien. Allá viven los servidores públicos más honestos del país. Allá y en otros 19 departamentos de los 32 que tiene el país.

Esta deducción se hace al observar el deprimente mapa de condenas por casos vinculados a cualquier tipo de corrupción en el sector público, publicado hace pocas horas por el Observatorio de Justicia e Impunidad del Instituto Anticorrupción. En el informe se descubre una realidad que duele si se tiene en cuenta los elevadísimos niveles de corrupción que ahogan a Colombia: entre 2014 y 2021 la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación apenas ha logrado unas pocas condenas contra funcionarios corruptos en unos pocos lugares del país. Es como si la corrupción no existiera. O, tal vez, es como si la Fiscalía no hiciera bien su trabajo.

¿Cómo entender que en ocho años no haya caído un solo corrupto en el Chocó y la Guajira? ¿Cómo se explica que en ese largo periodo no haya sido merecedor de una condena al menos un corrupto en Magdalena, Santander, el Eje Cafetero o los llanos orientales?

Entender la situación se hace aún más complejo cuando se revisa la cifra correspondiente al número de denuncias que llegaron durante esos años a la Fiscalía. 489 casos de presunta celebración indebida de contratos, 466 por peculado, 177 por cohecho, 127 por concusión, 36 por enriquecimiento ilícito y la lista sigue. En total han sido más de 1.800 procesos, pero solo ha habido 30 condenas.

Algo similar pasa a nivel de la Corte Suprema de Justicia y las investigaciones que deberían ser adelantadas por la Fiscalía delegada ante ese tribunal, que se dedica a avanzar en los casos que involucran a servidores públicos aforados como congresistas, ministros, gobernadores, magistrados o generales de la fuerza pública. Allí, de 1.813 procesos sólo 6 han terminado con sentencia condenatoria. Si esa es la foto, Colombia es un país que desborda en honestidad y transparencia… O los fiscales que investigan hacen demasiado mal su trabajo.

Como parece evidente que la segunda opción es la correcta, debe haber una razón de mucho peso para que los casos contra los corruptos no avancen a pesar de tantas denuncias. Que lo que más se contabilice por parte de la Fiscalía sean procesos archivados en hechos que involucran a funcionarios públicos no habla de eficiencia, sino de mediocridad. Algo de lo que seguramente están al tanto los políticos que se dedican año tras año y periodo tras periodo a desangrar las arcas de todos los colombianos.

Por eso los congresistas se reeligen y cada vez son más ricos. Por eso los gobernadores crean dinastías que duran décadas en el poder. Por eso hay lugares como la capital del Chocó donde todo el mundo es pobre, pero los políticos viven rodeados de lujos. Porque saben que la justicia nunca va a llegar. Y además saben el secreto para que eso pase.

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