Este fin de semana la Segunda Marquetalia, una de las grandes disidencias de las extintas FARC, inició un cese al fuego unilateral frente al Estado y liberó a cuatro personas secuestradas en Nariño como gesto humanitario. Detrás de esos hechos ha tenido acercamientos con el Estado, aunque lentos y sin encuentros públicos como los que tuvo el Gobierno con la otra gran disidencia, liderada por alias ‘Iván Mordisco’ y que se autodenomina “Estado Mayor Central de las FARC”. Una fuente de una organización civil en contacto con la Segunda Marquetalia le confirmó a EL PAÍS que hay interés en hacer nuevos gestos humanitarios.

Esa disidencia le ha dado la bienvenida a la política de la paz total, la bandera del Gobierno que consiste en negociar con todos los grupos armados de forma paralela para poner punto final a la violencia. El 22 de septiembre proclamaba un cese al fuego con el Estado y decía: “están dadas las condiciones para jugárnosla toda por la paz completa con justicia social”. El anuncio tuvo poco eco porque los reflectores estaban en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y porque otra docena de grupos manifestó también hacer un cese al fuego. Pero la Segunda Marquetalia insiste en avanzar: “Estamos listos para avanzar hacía una fase exploratoria que permita definir de manera conjunta una agenda de conversaciones con el gobierno nacional”, escribió el 15 de diciembre.

Aún así, el camino es cuesta arriba. La disidencia ha sufrido fuertes golpes militares, que si bien podrían ser un aliciente para negociar, la han dejado sin mandos con la legitimidad política para hacerlo. Eso por las muertes, en 2021, de Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, y Hernán Velásquez, alias ‘El Paisa’, ambos miembros de su Dirección Política; y especialmente porque su comandante Iván Márquez sufrió en junio un ataque con explosivos que lo mantuvo varios días en coma. De acuerdo con información de Inteligencia Militar publicada en varios medios de comunicación, el jefe de la Segunda Marquetalia aún se recupera de las graves lesiones.

Varias fuentes coinciden en que su ausencia física es una de las causas del lento acercamiento con el Gobierno, porque los otros tres miembros de la Dirección Política (alias ‘John 40′, alias ‘Walter Mendoza’ y alias el ‘Zarco Aldiniever’) tienen experiencia y una mirada más militar.

La titánica tarea de renegociar

Los cuatro miembros de la Dirección Política participaron directa o indirectamente en los diálogos en La Habana entre 2012 y 2016. Eso puede jugar en contra. En varios comunicados públicos se han negado a volver a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el Acuerdo con las FARC. Eso crea uno de los puntos más controvertidos de toda la política de paz total, porque algunos dudan de su compromiso con la paz. Además, Márquez fue expulsado formalmente de este tribunal en noviembre y su presidente, Roberto Vidal, aseguró que solo podría reingresar si se cambia vía Congreso la ley que regula la JEP.

El Gobierno impulsó una prórroga de la Ley de Orden Público que llamó de paz total. Pero ella creó un camino para que regresen a la JEP, y tampoco define si se crearían tribunales paralelos para otros acuerdos. El Ministro de Interior, Alfonso Prada, dice que “será el Comisionado de Paz el que defina las condiciones en que se negociará con cada uno de los actores”. El asunto sigue en un limbo jurídico.

La ley permite al Gobierno negociar con las organizaciones con carácter político, y hacer acuerdos para que los demás grupos se sometan a la ley. Para saber cuál va a dónde, el Ejecutivo creó una comisión conformada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el Ministro de Defensa, Iván Velasquez, y el Director de Inteligencia de la Policía Nacional. Para el ex negociador jefe del Gobierno en La Habana, el senador Humberto de la Calle, esta disidencia debe someterse a la justicia, pero la Segunda Marquetalia se opone.

Además, la nueva realidad de la guerra plantea hace más retadora la clasificación de los grupos, según explica el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en el informe ‘Desafío a la Paz Total’. La oenegé indica que después de la dejación de las armas por parte de la otrora guerrillera de las FARC se han fortalecido bandas y combos locales que prestan sus servicios a los grupos armados ilegales más grandes. Esa lógica, hasta 2016 más relacionada a los grupos paramilitares, la aplican ahora las disidencias.

La Segunda Marquetalia la ha usado como parte de su respuesta a los golpes militares que cortaron sus planes de expansión territorial en el sur del país y que, para el codirector de InSight Crime Jeremy McDermott, diezmaron su fuerza militar en construcción, “veo a la Segunda Marquetalia como una fuerza menos relevante en Colombia. La mayor parte de su presencia está en Venezuela y no hay ninguna posibilidad de que lideren una reunificación de las diferentes facciones disidentes de las FARC”, explica.

Justamente, la investigadora de Indepaz Juana Cabezas identificó que esta disidencia hace presencia en menos zonas que en 2021 y que ha hecho alianzas para enfrentar al Comando Coordinadora del Occidente (CCO), parte de las disidencias que comanda ‘Iván Mordisco’. En Nariño lo hicieron con las bandas locales para crear la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y en el Cauca se articularon con el ELN.

Esa realidad de tercerizar parte de su lucha armada hace más complicada la definición del marco que se les aplicaría, algo que puede reforzar otro gran obstáculo a los acercamientos: la desconfianza de ambas partes. En reiteradas ocasiones los comandantes de la Segunda Marquetalia han acusado al Gobierno de Iván Duque, de haber saboteado su compromiso con la paz. El caso más conocido fue el de Jesús Santrich, quien denunció una supuesta trampa por parte de la DEA y la Fiscalía para relacionarlo con delitos de narcotráfico y así afectar a los firmantes del Acuerdo y a su implementación, acusación que niegan los señalados.

A esa fuerte desconfianza se le suma la incertidumbre por un eventual cambio en la presidencia en las elecciones de 2026. Aunque faltan cuatro años, en la Segunda Marquetalia recuerdan que con la administración de Iván Duque la implementación quedó a la deriva. Por eso están examinando cómo blindar cualquier tipo de conversaciones. En palabras de la investigadora, “buscan evitar que se dé una persecución política y jurídica luego de que firmen un Acuerdo de Paz. Al igual que evitar que haya presión de otros grupos armados que termine en su asesinato, como ya pasó”.

El temor tiene sustento. El Consejo Nacional de Reincorporación registra el asesinato de alrededor de 350 exguerrilleros dentro del proceso de reincorporación de las antiguas FARC, y más de 50 hechos victimizantes contra sus familiares. De hecho, muchos de los integrantes de la Segunda Marquetalia han afirmado que su regreso a las armas se debió a esa falta de garantías de seguridad.

Otro factor crucial a tener en cuenta es Venezuela donde el Gobierno, las Fuerzas Militares y expertos han advertido su presencia. En octubre Insight Crime, en el documento “La guerrilla colombo-venezolana: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela”, lo explicó así: “Los integrantes de la Segunda Marquetalia buscaron reivindicarse como los verdaderos herederos de las FARC, reclutando disidencias en toda Colombia, operando desde la seguridad que les ofrecía Venezuela”.

Ahora, a cinco días de un año nuevo, el riesgo es que en vez de avanzar hacia la paz, aumente la violencia. En conversación con el medio RAYA, un comandante de este grupo en el Pacífico advirtió, “si este proceso no se da viene una degradación terrible de la violencia”.

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