Las claves de la reforma penal del Gobierno para negociar con el crimen organizado

La ambiciosa propuesta de la paz total con la que el presidente Gustavo Petro pretende negociar con todas las organizaciones criminales del país también pasó por Nueva York. Esta semana, mientras el mandatario asistía a la Asamblea de Naciones Unidas, se ajustaban detalles de la propuesta que está siendo asesorada por el abogado penalista Mauricio Pava Lugo. La jefe de Gabinete, Laura Sarabia, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que contaba la reunión con Pava, ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, sobre paz y justicia restaurativa. “Está asesorando al Alto Comisionado en la construcción de diálogos con cada una de las organizaciones y actores del conflicto”.

El borrador, que ha sido revelado por varios medios, entre ellos el periodista Daniel Coronell en W RADIO, plantea reformar las tres leyes clave del sistema penal, que son los códigos penal, de procedimiento penal y penitenciario. El documento apunta a establecer la ruta jurídica para uno de los temas más complejos de la paz total, el sometimiento de organizaciones criminales. Coronell ha comentado que el documento no tiene aún la aprobación del presidente. Se espera que dé el visto bueno en los próximos días y que el proyecto se presente el martes en el Congreso.

El senador Iván Cepeda, uno de los artífices del proyecto de Ley, ha dicho que es un borrador “muy parcial” para el acogimiento a la justicia de estructuras “de crimen organizado de acto impacto” y que apunta a la desestructuración o desmantelamiento de esos grupos. “Es un proyecto extenso en el que se contemplan visiones que modifican sustancialmente el régimen punitivo que existe hoy en el país; se flexibilizan de acuerdo con la propia ley penal algunos de los aspectos de ese acogimiento a la justicia; se otorgan claramente prerrogativas para garantizar los derechos de las víctimas en materia de verdad y reparación; y se crean vías expeditas para que el proceso de desmantelamiento o de desmovilización funcione”, dijo.

El borrador dice que el “proyecto de Ley hace uso de buenas prácticas nacionales e internacionales como el Acta Contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado (Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act (RICO))”. Argumental que el uso de la ley RICO por el Departamento de Justicia de Estados Unidos le ha permitido a ese país enfrentar las grandes estructuras criminales de la mafia, procesando penalmente las estructuras completas y entregando beneficios por colaboración eficaz para obtener información sobre las organizaciones que no se presentaran a la justicia. También, afirma el documento, la propuesta legal de la paz total retoma experiencias nacionales como “la extinción de dominio, a efectos de resolver los desafíos de los patrimonios criminales obtenidos por estas organizaciones”.

En medio de la discusión del borrador, reapareció el jefe de una de las disidencias de las extintas Farc, alias Iván Mordisco, a quien el gobierno de Iván Duque dio por muerto. En un video que prueba que sigue con vida, dijo que la disidencia bajo su mando tiene voluntad de participar en los diálogos de la paz total del gobierno de Petro. Desde Nueva York, esta semana, el mandatario propuso a los grupos criminales un cese total del fuego y dijo que este empezaría en “cuestión de días”. El miércoles pasado también le confirmó a EL PAÍS que diferentes organizaciones criminales habían mandado cartas al Gobierno pidiendo abrir conversaciones. “Su camino es negociar con la justicia unos beneficios jurídicos para que dejen su actividad”, reveló

Estas son las claves principales del proyecto de Ley de la paz total:

Zonas de ubicación temporal para la estructuras

Una vez las estructuras de crimen organizado manifiesten voluntariamente su intención de presentarse ante las autoridades, firmarían un acta diálogo de manera colectiva. Luego tendría que hacerlo cada uno de los integrantes del grupo. Ambas actas se trasladarían a la Fiscalía y “todos los miembros de las estructuras criminales se trasladarán a los Zonas de ubicación temporal de los que trata la Ley 418 de 1997″, indica el borrador. Se trataría de concentraciones colectivas al estilo de la de los paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante sus negociaciones con el Gobierno de Álvaro Uribe.

“Las medidas privativas de la libertad serán en las Zonas de ubicación temporales. El incumplimiento de las obligaciones impuestas inherentes a la medida de aseguramiento provoca la sustitución de la medida privativa de la libertad en Zonas de ubicación temporales a una privativa de la libertad intramural”, dice el borrador.

Entrega anticipada de bienes

Un ajuste al Código de Procedimiento Penal permite que los procesados conserven hasta el 10% del valor de los bienes que hayan obtenido a través de actividades ilícitas. “Los procesados entregarán un inventario de los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas por las que han sido imputados”, dice el documento, en uno de los puntos más polémicos de la propuesta de paz total, y que busca crear un incentivo para que colaboren con la justicia.

Ejecución especial de la pena

Una figura de “ejecución especial de la pena” para las bases de la estructura del crimen organizado se incluye en la modificación del Código Penal. Se utilizará para aquellos condenados a una pena de máximo cuatro años. Deberán participar durante períodos de cuatro a cinco años en programas de reinserción y restauración al servicio de la comunidad, al estilo de lo acordado con las FARC.

Esta solo cobijaría a aquellos que hayan cometido delitos como asociación para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes, uso ilícito de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones, es decir, los delitos directamente vinculados a pertenecer a un grupo armado. Excluye a los condenados por crímenes atroces y otras violaciones graves a los derechos humanos.

Para los jefes de las organizaciones, el proyecto contempla que cumplan al menos la cuarta parte del tiempo de su condena en centros de reclusión cerrados. Una vez haya pasado ese tiempo y cumpliendo labores restaurativas, podrían acceder a permisos de salida de 72 horas y, progresivamente, serían trasladados a prisiones comunitarias.

Prisión comunitaria

El proyecto modifica el Código Penal para promover el concepto de “prisión comunitaria”, un mecanismo por el cual el preso puede cumplir su pena en un centro de reclusión en su comunidad de arraigo, con estándares más leves de seguridad y disciplina. El sistema permite que el recluso realice actividades comunitarias para “garantizar la reparación del daño ocasionado” y facilitar su proceso de “reinserción social”.

Un cambio en el Código de Procedimiento Penal permitiría a los altos mandos de las organizaciones criminales la posibilidad de solicitar acogerse a este mecanismo tras cumplir la primera mitad de su pena.

Protagonismo a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo

La Fiscalía General de la Nación será la encargada de la etapa de imputación y la responsable de decidir cualquier solicitud de absolución de los implicados. El actual fiscal es Francisco Barbosa, amigo íntimo del expresidente Iván Duque. “Incorporamos en las decisiones sobre este particular al Fiscal general de la nación, como responsable de la persecución penal en nuestro país, para que en solicitudes de preclusión de la investigación o absoluciones de estructuras criminales de alto impacto tengan que ser conocidas por su despacho para su viabilidad”, dice el borrador.

La Defensoría del Pueblo, a cargo de Carlos Camargo Assis, tendría la representación colectiva de las víctimas.

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