Las voces de los niños de la guerra: “Los colegios se volvieron salas fúnebres”

Jonathan Martínez fue víctima de la guerra antes de nacer. En 1997, cuando su madre estaba embarazada de él con seis meses, su padre, un militar de 21 años que estaba custodiando unas antenas de comunicación en el sur del país, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. “Mi padre duró cerca de 15 años de secuestro”, cuenta ahora Jonathan. Si alguien puede entender lo que significa la ausencia del padre es un chico como él, que durante más de una década se comunicó con su papá a través de escasas cartas y videos que la guerrilla le permitió enviar o recibir. “Papi, me va bien en el colegio”, le escribía a veces. “Tengo la fe de que nos vamos a reencontrar”, le escribía otras. A sus ocho años era un niño más sosteniendo la foto de su padre en manifestaciones que pedían la liberación de cientos de secuestrados. El 26 de noviembre del 2011, cuando Jonathan tenía 13 años, la guerrilla asesinó a su padre. Nunca se conocieron.

La guerra en Colombia, vista desde el punto de vista de los niños, es una historia de padres y madres ausentes, o de pequeños a los que no se les enseñó biología o matemáticas sino se les enseñó a matar. Las futuras generaciones del país nacieron en medio del dolor. La Comisión de la Verdad colombiana― un organismo nacido de los acuerdos de paz del 2016— publicó esta semana un extenso informe sobre cómo los niños y niñas vivieron seis décadas de conflicto: desapariciones, desplazamientos, secuestros, homicidios, o reclutamiento forzado. El informe, en honor a ellos, lo titulan No es un mal menor.

Y no fue menor lo que ocurrió. De acuerdo a las cifras que logró encontrar la comisión —recogiendo información de 112 bases de datos en 42 entidades— entre 1985 y 2016, unos 64.000 menores murieron a causa de la violencia del conflicto armado. Al menos 28.000 fueron desaparecidos, más de 6.000 fueron secuestrados, y más de tres millones fueron desplazados de sus hogares por la violencia—casi la mitad del total de desplazados en el país. Todos los actores armados, militares, paramilitares, guerrilleros, fueron responsables.

Un capítulo en este informe tiene que ver con el reclutamiento armado que hicieron varios grupos ilegales para que los pequeños aprendieran a asesinar. De acuerdo al informe, entre 1990 y 2017, 16.238 niños fueron reclutados para la guerra, y la mayoría de estos lo fueron para combatir en las filas de la guerrilla de las FARC. En la séptima conferencia del grupo armado, en 1982, los comandantes establecieron que para crecer debían vincular a los jóvenes de 15 a 30 años. Fueron más lejos que eso. De los 16.000 chicos reclutados, 43,7% tenían menos de 15 años. Unos tenían solo nueve años.

“Tienes que empezar a cambiar tus muñecas por un palo para que te acostumbres a cargar un arma”, le dijo un miliciano a Esperanza, una mujer que habló extensamente con la Comisión sobre el momento en que, a sus 12 años, fue reclutada por la guerrilla en el 2000. Fue el año con mayor número de reclutamientos por las FARC, 1.320 niños al menos. Esperanza había nacido en una familia muy pobre en una zona cocalera del oriente colombiano, donde dominaban la guerrilla, y contó a la comisión que “cuando se ponía muy difícil la cosa, nos tocaba cambiar gramos de coca por comida porque no había dinero”. La reclutaron cuando estaba en la escuela, “un fulano” que le ordenó reunirse con ella cerca a un río, y cuando se vieron él solo le dijo: “vengo por usted”.

Esperanza dejó los juguetes y aprendió a levantarse temprano para entrenar en la madrugada, a lanzar granadas, a camuflarse en la selva. Normalmente los jefes de las FARC hacían entrenamientos durante tres meses para los niños, con un palo como arma, antes de entregarles un fusil. “La columna estaba conformada por más jóvenes que adultos”, recuerda ella.

A sus 12 años las FARC también le introdujeron a Esperanza, sin su consentimiento, un dispositivo intrauterino para que no quedara embarazada (la anticoncepción forzada fue una práctica común en la guerrilla) . “Eso es una violación”, reflexiona ella ahora. “Ingresar siendo niña a la organización te vuelve como una presa para los chulos. Se ve muy a menudo que los hombres te tocan sin tú querer”.

Otro capítulo especial del informe tiene que ver con las escuelas. De acuerdo a los investigadores, entre 1980 y 2021 hubo al menos 881 afectaciones contra las comunidades escolares: atentados contra la vida de los niños, deterioro a la infraestructura escolar, o poniendo en riesgo la vida de los maestros.

“En algunos rincones de Colombia los colegios se volvieron un búnker para proteger a los estudiantes de las balas, o en salas fúnebres para velar y despedir los compañeros”, dice el informe. Una profesora contó que, en una época de enfrentamientos entre las FARC y el ejército en su vereda, se hizo imposible que los niños pudieran jugar fútbol porque había minas antipersonales en todo el territorio. “Cada vez que el balón caía a alguno de los costados, toteaba una mina”, recordó. De 12.152 víctimas de minas antipersonales en Colombia, cuenta el informe, 1.266 fueron niños o adolescentes.

Cecilia, indígena nasa al occidente del país, recordó para la comisión una mañana en la que recibió a sus estudiantes advirtiéndole “profe, mire que hay soldados” dentro de la escuela, una violación al Derecho Internacional Humanitario que rige en conflictos armados. La zona estaba en guerra con la guerrilla de las FARC y, hacia las 10 de la mañana, empezaron a sonar los tiros. “Esos chiquitos corriendo a lado y lado, diciendo ¡Mamà! Entonces, uno dice: ¿Por qué estoy viviendo esto?”, recuerda ella.

Hasta el día de hoy, cuenta el informe, el estado colombiano no ha firmado la Declaración sobre Escuelas Seguras, suscrita por 80 países, para proteger a los estudiantes de los efectos del conflicto armado. En 2018 Colombia fue uno de los 28 países del mundo donde se registró un mayor uso militar de instalaciones educativas. En 1976, una escuela en el municipio de Anorí fue bombardeada por el ejército—y se cree que fue la primera en ser bombardeada en la guerra. Una profesora sobreviviente le contó a la comisión que los militares lo hicieron porque pensaban que la escuela acogía a guerrilleros del ELN.

Los grupos paramilitares también reclutaron niños y dejaron huérfanos a muchos otros, pero tuvieron otro tipo de injerencia en las escuelas. Un profesor del caribe colombiano recuerda que, bajo el poder de ese grupo armado de extrema derecha, en la escuela, “no se podía hablar de sindicalismo, no se podía hablar de participación democrática, no se podía hablar de las funciones públicas del Estado”, recuerda. “El derecho a la libertad de cátedra fue cortado por temor a que lo que dijeras se entiende como un adoctrinamiento hacia los muchachos”. Y si se oponían, el riesgo era la muerte. Una organización educativa citada en el informe estima que, entre 1958 y 2018, unos 1.062 maestros fueron asesinados.

Algo más dramático ocurrió en el departamento de Córdoba, donde los jefes paramilitares conocidos como los hermanos Castaño tuvieron sus sedes de operaciones. Fidel Castaño, uno de los máximos líderes, fundó un colegio privado allí, en 1998, llamado el Liceo Villanueva. Elena, una chica que estudió en esta escuela en 2001, contó a la Comisión de la Verdad que allí les educaban con un estilo militar. “Aquí no aceptamos el cabello largo ni aretes”, les decían. “Tampoco con cabellos tinturados de otros colores ni maquillaje”. Los adolescentes hombres fueron obligados a cortarse el pelo en una tarima, frente a toda la escuela. Los paramilitares fundaron al menos 30 escuelas que se proclamaban espacios “patrióticos y anticomunistas”.

En otra escuela del caribe colombiano, lo cuenta una abogada que contó a la Comisión un número de violaciones sexuales, “la directora permitía que los paramilitares ingresaran al colegio y se llevaran a las niñas”. Y los chicos que fueron reclutados a la fuerza por los paramilitares podían ser asesinados o torturados si intentaban escapar. Como lo contó el director de la Comisión de la Verdad a El PAÍS, un niño relató “cómo se lo llevaron a la guerra en uno de estos frentes paramilitares y, a la semana de estar allí, trajeron a otro que se quiso escapar y delante de ellos los paramilitares le cortaron la cabeza. Hicieron que los 30 o 35 niños que estaban allí se la pasaran entre ellos. Dos niñas se desmayaron y entonces el jefe paramilitar ordenó que les quitaran el vestido y con la cabeza ensangrentada les recorrieran el cuerpo”.

El gobierno, por ahora, no ha podido detener del todo el reclutamiento. Como lo describió en mayo el comisionado de la Verdad Leyner Palacios al diario El Espectador, en el departamento occidental del Chocó al menos 50 niños indígenas se han suicidado en los últimos tres años para evitar ser reclutados a la fuerza por grupos armados en la zona.

El informe de la Comisión de la Verdad es un texto construido con los testimonios de cientos de niños huérfanos que no tuvieron más que a sí mismos para sobrevivir y dejar a otros vivir en medio del conflicto. Hacia el final del documento se cuenta la historia de Manuela, una pequeña reclutada por las FARC que fue entrenada por la guerrilla para explotar bombas. Un día, sin embargo, vio una camioneta del ejército que ella debía atacar, pero Manuela se detuvo a explotar una bomba cuando alcanzó a ver a otra niña como ella sentada dentro del automóvil. “No pude explotar la bomba”, recuerda ella. “Me pegué de mi niñez, de todo lo que tenía que vivir y no había podido, y no pude”. Ese día, solo una niña logró salvar la vida de otra.

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