La violencia impide a Colombia proteger diez parques nacionales de la Amazonia

Volar por la selva siempre es un reto. El piloto, un excoronel brasileño, al acercarse al majestuoso río Puré baja de mil a mil quinientos metros de altura. El río atraviesa la frontera entre Colombia y Brasil, un lugar que se ha vuelto estratégico para la minería ilegal y el narcotráfico. En su cauce se pueden contar más de 30 embarcaciones mineras sacando oro ilegalmente de sus aguas. Incansables, se les ve trabajar desde la avioneta del coronel.

Justo en esa zona, Parques Nacionales de Colombia construyó en 2015 una cabaña llamada Puerto Franco en honor al investigador Roberto Franco, el primero en descubrir pueblos indígenas aislados en Colombia, personas que durante los últimos siglos han decidido no tener ningún contacto con la civilización occidental. Desde el aire, ahora solo se puede ver lo que queda de los techos y los cimientos de la cabaña construida en honor a Franco. Los grupos armados ilegales la quemaron durante la pandemia porque no querían nada que hiciera al Gobierno presente en la zona.

Esta cabaña tenía un propósito muy importante: proteger a los indígenas aislados de la Amazonia colombiana. En lo más profundo de la selva amazónica, muy cerca de Puerto Franco, viven los Yuri, un grupo indígena que vive en aislamiento voluntario.

Para su protección, se creó el Parque Nacional Río Puré, y con mucho esfuerzo se construyó la cabaña más apartada que existía en Colombia. En esta pequeña maloca vivía el guardaparques Luis Rivas, de 70 años, un sabedor tradicional de la etnia cubeo que era el encargado de mantener alejados a los mineros ilegales, los narcotraficantes y los guerrilleros de los indígenas aislados.

Una noche, en plena pandemia, Rivas soñó que estaba en peligro y pidió a los funcionarios de Parques que lo sacaran de la zona. Cuando llegó al pueblo más cercano, se contagió de Covid y murió. Tiempo después, funcionarios de Parques Nacionales se enteraron de la destrucción de Puerto Franco en un sobrevuelo por el río Puré. Desde la pandemia no pueden acceder a las áreas protegidas en la Amazonia a causa de las amenazas de los grupos ilegales que ahora dominan este territorio.

Los guardaparques de este parque nacional, como los de otros nueve de la Amazonia colombiana, que abarca casi 15 millones de hectáreas, tuvieron que salir de su territorio de un día para otro. “Nos tocó mandar un avión y sacar a todo el mundo. No había tiempo, nos habían amenazado”, relata un exalto cargo de Parques Nacionales que prefiere no dar su nombre por temor a represalias de la guerrilla. Este exfuncionario cree que estas amenazas responden a la puesta en marcha por parte del Gobierno de la estrategia Artemisa, un programa para frenar la deforestación en la Amazonia.

En 2020, y por segundo año consecutivo, Colombia fue el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente y del territorio con 65 asesinatos a líderes medioambientales, según la ONG británica Global Witness.

Aunque esta crisis viene gestándose desde hace décadas, ha empeorado desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016. “Las organizaciones que intentan proteger la Amazonia, entraron en conflicto con los intereses de estos grupos poderosos y, como consecuencia, se han convertido cada vez más en blancos de ataques”, explica Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.

“Yo estoy amenazado por la guerrilla”, asegura el antropólogo Armando, de 45 años, que prefiere no dar su nombre real precisamente por este motivo. Camina por la región amazónica con un esquema de seguridad desde que denunció ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en 2020 que el grupo guerrillero Carolina Ramírez llegó un día a la cabaña de parques donde él trabajaba y les dijo que tenían que salir. “Nos dijeron que le habían declarado la guerra a Parques y que no querían blancos uniformados en las áreas protegidas”, recuerda.

Les robaron la gasolina, las cámaras, las computadoras y todo el material que usaban para estudiar el terreno. “Solo nos dejaron una pequeña lancha con un motor para que saliéramos”, asegura Armando, quien decidió salir tan pronto como pudo al ver su vida en peligro. Desde ese momento, hace dos años, cada vez que ha intentado volver, las amenazas siempre han regresado con él.

A cargo del parque quedaron los funcionarios indígenas de su confianza. Armando, desde la distancia, intentó seguir liderando los proyectos como pudo. Sin embargo, hace poco decidió dejar su cargo: la situación, asegura, cada vez era más frustrante. Armando hizo parte de un grupo de guardaparques que llevó ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz un informe en el que pedían ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. “Nos sacaron amenazados y todo quedó abandonado. Siento mucha impotencia”, asegura. ¿Qué hizo Parques Nacionales con aquellos que están amenazados por tratar de cuidar de un territorio que es de todos?, se pregunta aunque sabe la respuesta: nada. Entre 1994 y 2020, han sido asesinados 12 guardaparques, según datos oficiales.

La subdirectora de Parques Nacionales de Colombia, Carolina Jarro, explica que en este momento tienen presiones muy fuertes de la minería ilegal, un negocio que estiman que representa cerca de tres billones de pesos colombianos en ganancias para los grupos criminales cada año. Se trata de un dinero, además, que sirve para lavar los recursos obtenidos con el narcotráfico: “Se ha intentado controlar la presión de la minería ilegal en el río Puré porque ahí están los grupos indígenas no contactados. Allí se había instalado la cabaña de Puerto Franco como parte del esquema de control, pero hace un año nos quemaron la cabaña y eso ha limitado nuestra presencia en el territorio”, resume Jarro.

La subdirectora denuncia además que, lejos de conformarse con amenazar a los guardaparques, la guerrilla está utilizando algunas cabañas de la organización en donde les han robado el material con el que trabajaban: “Los grupos al margen de la ley prefieren no tener a nadie que vea lo que sucede, por eso nos echaron. Por ahora, lo que hemos hecho es denunciar la situación para que el Gobierno les brinde protección”.

Aunque los funcionarios en este momento no puedan estar a tiempo completo dentro de los parques, emplean tecnología de sensores remotos para controlar la actividad que se desarrolla en estas áreas protegidas. “Podemos ver cuándo la guerrilla hace una casa, cuándo crea una camino. Así, podemos interponer denuncias penales sobre el daño que se está haciendo. No hemos abandonado el lugar, nos toca salir por protección. Pero siempre estamos vigilando”, asegura Jarro.

Juana ha trabajado como funcionaria en un parque de la región amazónica durante los últimos 10 años. Licenciada en Sociología, pasó por todas las instancias intermedias de la administración antes de llegar a ser jefa de una zona concreta que no puede revelar por hallarse bajo amenaza de la guerrilla. Entre sus principales misiones destacaba proteger a un grupo de indígenas que abandonó su aislamiento desde hace algunos años, pero que tuvieron una experiencia muy traumática tras ser esclavizados por los mineros y los caucheros que explotaban los recursos de la zona. Ahora, muchos de estos indígenas, de la etnia nukak, han desarrollado una gran resistencia al contacto: “Al comienzo, eran los propios indígenas los que negociaban con la guerrilla para que nos dejaran entrar y trabajar con las comunidades. Nunca hubo mayor problema”.

Sin embargo, después del proceso de paz, todo cambió. “Me tuvo secuestrada la guerrilla durante dos días, y después de eso me dijeron que no podía volver a pisar el parque”, afirma Juana, que la última orden que recibió de las disidencias de las FARC fue: “Quédese callada si no quiere que la matemos”.

La respuesta del Gobierno: militarizar

La única solución por parte del Gobierno nacional ha sido militarizar estas áreas protegidas. La famosa operación Artemisa ha sido una de las grandes banderas de la presidencia de Duque. “Hemos reducido la deforestación en un 19% en los últimos dos años y, por medio de la campaña Artemisa, hemos ejecutado nuestra decisión de hacer de la diversidad un activo estratégico”, enfatizó el presidente en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para postularse como líder en asuntos ambientales.

Además, este mes el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que se van a invertir 10.000 millones de pesos en las bases militares de La Pedrera y Tarapacá para el control de la minería ilegal y la lucha contra el narcotráfico.

Nada de esto ha servido para nada. En un informe creado por ocho organizaciones internacionales llamado un Clima Peligroso se denuncian estos problemas. La Directora de la Sociedad Zoológica de Frankfurt en Colombia, Esperanza Leal Gómez, asegura que “la protección de los líderes ambientales es una responsabilidad del Estado en su conjunto, no solo de una entidad, y esta debe generar las condiciones para que los trabajadores de Parques Nacionales puedan operar en el territorio sin poner su vida en peligro”.

Además, Leal explica que los guardaparques no solo son fundamentales para la conservación del medioambiente, sino que sus acciones ayudan a conservar el territorio y a mantener a raya a quienes lo quieren explotar sin permiso de nadie: “La amenaza más latente es la disputa que se está dando por el territorio entre varios actores armados ilegales y los civiles, que están quedando desprotegidos”.

En esto coincide la directora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Colombia, Sandra Valenzuela, quien denuncia la degradación ambiental que sufre la región amazónica y el riesgo que corren quienes intentan protegerla. Mientras que estas amenazas continúen los parques nacionales, sus guardaparques y los indígenas aislados estarán en peligro. Colombia debe buscar una manera de garantizar su seguridad y así asegurar la supervivencia del pulmón del mundo.

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