El Congreso aprueba la ley de muerte digna con la eutanasia en el horizonte
La iniciativa de Ciudadanos garantiza cuidados paliativos de calidad en todas las comunidades
Todas las comunidades deberán ofrecer, como poco, un mismo paquete de cuidados paliativos de calidad, según la ley que ha aprobado este jueves el Congreso (han votado a favor PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y parte del Grupo Mixto). La iniciativa –"la primera ley sanitaria de Ciudadanos", como la ha llamado el portavoz del partido, Francisco Igea– aún tiene que ir al Senado y, si se incluyen enmiendas, volver al Congreso, pero el grueso de su contenido se mantendrá porque ningún partido –incluidos los nacionalistas que votaron que no por cuestiones de competencias– discute que se deba mejorar la atención al final de la vida. Fuentes del partido de Rivera creen que, una vez aprobada la ley de muerte digna, "es el momento de debatir y trabajar" en la de eutanasia.
La ley ha estado marcada desde su inicio por su concurrencia con otra norma, la presentada por el PSOE que pretende despenalizar la eutanasia. De hecho, en el Congreso se había llegado a un pacto entre ambos partidos: los socialistas apoyarían la ley de Ciudadanos –como finalmente han hecho– y, a cambio, los de Rivera permitirían que la iniciativa sobre la eutanasia se tramitara. De momento, como les ha reprochado el portavoz socialista, Jesús Fernández Díaz, han cumplido solo a medias: votaron a favor de que la eutanasia se tomara en consideración, pero no desbloquean que pase a la ponencia.
Ya el primer diputado en intervenir, Carlos Salvador Armendáriz (UPN), ha relacionado ambas iniciativas, ligándolas a lo que "el papa Francisco llama la cultura del descarte" y afirmando que la ley a debate "aporta bien poco" y en cambio es "una meta volante en el camino hacia el derecho a matar" que supone la eutanasia. Armendáriz ha sido, de hecho, el único orador crítico con las líneas maestras de la ley. En el extremo opuesto, Sergi Miquel, del PDeCAT, ha afirmado que defendía a la vez la eutanasia y los cuidados paliativos de calidad, y que su afán era "hacerlos compatibles". También Marta Sorlí, de Compromís, ha señalado que la ley era "un paso hacia la despenalización de la eutanasia".
Igea, arropado por lo aplausos de su grupo tras casi cada frase, ha desgranado los principios generales de la iniciativa: conocer el estado de salud –"Nadie puede ser engañado por su médico con falsas promesas y expectativas"– para, al ser informados anticipadamente, preparar el testamento vital. "El sufrimiento no nos hace mejores", ha dicho, por lo que la Administración estará obligada a "proporcionar cuidados paliativos de calidad". También se tendrá derecho a que "nos induzcan el suelo que acabe con nuestro sufrimiento", ha afirmado Igea al describir lo que se conoce como sedación terminal, y ha recalcado que con su ley esto será "igual para todos los españoles".
El portavoz de Ciudadanos también ha asegurado que "no es digno mantener con vida un cuerpo que se apaga", por lo que nadie estará obligado a someterse a "una sonda nasogástrica o a alimentación forzada", en mención a la capacidad para renunciar a tratamientos. Para defender otro aspecto de la ley, el de la prevalencia de la voluntad del paciente, ha dicho: "Los profesionales van a velar siempre por el respeto a nuestra voluntad, aunque no les gusten nuestras decisiones". Y ha añadido entre los aspectos de la ley el "derecho a despedirse en la intimidad" y no "en una habitación de tres camas".
Precisamente el excesivo detalle de la norma aprobada es lo que ha causado el rechazo del PNV, cuyo portavoz, Joseba Agirretxea, la ha acusado de invadir competencias y defender cuestiones que "ya están reconocidas en otra ley", en alusión a la norma vasca de muerte digna de 2016. Agirretxea no ha obviado la referencia a la eutanasia. "Esta ley ni es sustitutiva de la eutanasia ni responde a las mismas necesidades", ha dicho. "Es otra cosa. Aquello vendrá en su momento y estamos dispuestos a considerarla", ha añadido, como un adelanto de una postura favorable a regular la muerte asistida al final de la vida.
Agirretxea ha criticado que la proposición es "exhaustiva". "Va más allá de establecer el desarrollo posterior", y ha puesto como ejemplo de una competencia que debería estar en manos de las autonomías la obligación de disponer de habitaciones individuales. Miquel (PDeCAT) también ha rechazado la "invasión competencial considerable".
Joan Olóriz Serra (ERC) ha apoyado esa idea: "Esta proposición es invasiva y reglamentista", ha dicho, y ha pedido que la ponencia sobre la eutanasia se convocara en 2019. Amparo Botejara, de Podemos, ha concretado aún más: "Esperemos que empiece la ponencia de la eutanasia en febrero del año que viene", ha dicho. Y, aunque defendió la ley, ha dudado de su eficacia. "Ya hay 10 comunidades que tienen legislada" la atención al final de la vida, "y las que tiene más financiación, la tienen más implantada". Por eso ha puesto en duda la eficacia de la norma. "Dudamos que esta ley sirva para morir mejor porque no existe financiación".
Igea ha querido desvincular la iniciativa de la eutanasia. De hecho, ha empezado diciendo que defendía su propuesta "entre el delirio de la eutanasia y el delirio del derecho de las autonomías". Y ha recordado el primer motivo de esta regulación: cada año mueren en España unas 400.000 personas, de las que la mitad lo hacen con dolor, y 50.000 no reciben cuidados paliativos pese a necesitarlos.
Solo hay un aspecto que al portavoz de Ciudadanos no gusta de cómo ha quedado la ley: "Una ley básica no puede ser respaldada por un régimen sancionador autonómico". El cambio en su proyecto, que establecía unas sanciones comunes a todo el Estado, lo aprobó la Comisión de Sanidad con los votos en contra de su partido y el PP. Sara Cortés, portavoz de los populares, lo ha recordado y ha manifestado su apoyo a cambiarlo (previsiblemente lo harán en el Senado, pero el Congreso lo dejará después como está ahora). "Un régimen sancionador daría seguridad a todos", ha afirmado.
Cortés ha anunciado también que apoyan la iniciativa de UPN para que, dentro de los cuidados al final de la vida, se incluya el derecho "a la asistencia espiritual y religiosa"
¿Es necesaria la ley?
Aparte de las invasiones competenciales, las mayores críticas a la ley de muerte digna que ha aprobado hoy el Congreso se deben a las dudas sobre si hacía falta una norma específica. Salvador Armendáriz (UPN) ha abierto el fuego al afirmar que el proyecto era "una copia" de la ley navarra, de 2011. Esto quiere decir que, según él, no incluye nada que no se pudiera hacer antes. Joseba Agirretxea, del PNV, ha ahondado en esa línea, y ha calificado la iniciativa de "innecesaria".
Los antecedentes de esta ley están en la Ley General de Sanidad (1986) y en la Ley de Autonomía del Paciente (2002), como han recordado varios oradores, que ya establecían el derecho a recibir cuidados paliativos, el testamento vital y la posibilidad de rechazar tratamientos como los respiradores o la alimentación asistida.
A estas normas, Olóriz Serra (ERC) ha añadido el Estatuto de Autonomía catalán, que también se refiere al tema en su artículo 20, por lo que ha considerado la iniciativa "redundante".
De hecho, el contenido básico de la proposición está en la línea con las leyes de las 10 comunidades que ya han regulado la muerte digna (Andalucía, País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid, Galicia, Asturias, Valencia, Aragón y Canarias), como ha señalado Amparo Botejara (Podemos).
Francisco Igea, de Ciudadanos, el impulsor de la iniciativa, ha defendido que con la ley se reconocen los mismos derechos para todos los españoles, incluso las comunidades que no tienen norma autonómica.
